Lunes, 20 de octubre de 2014

| 2012/12/21 00:00

Medidas extremas contra los corruptos

El Estado comienza a echar mano de medidas excepcionales para perseguir a los empresarios que defraudan al erario. El caso Nule e InterBolsa en la mira.

El superintendente de Industria y Comercio Luis Guillermo Vélez y la contralora general Sandra Morelli empiezan a blandir normas de mano dura en casos emblemáticos, para tratar de que los delincuentes de cuello blanco no sigan burlándose del país.

Pese a que es una verdad de a puño que los Nule desviaron dineros de anticipos a cuentas de sus socios y empresas en el exterior, es poco lo que el Estado ha podido hacer para perseguir esas cuentas. Ahora muchos temen que suceda lo mismo con el escándalo de InterBolsa, donde se prevé que aparecerán recursos públicos involucrados. En ambos casos son empresas quebradas y lo habitual es que la responsabilidad de los accionistas llegue solo hasta el patrimonio de las compañías.

Pero esto puede cambiar, pues la contralora Sandra Morelli y el superintendente de Industria y Comercio Luis Guillermo Vélez están desempolvando los códigos para que los delincuentes de cuello blanco no sigan burlándose del país. La idea es activar una norma que obliga a todos los accionistas de una empresa que se utilice para hacer fraude, a responder con su patrimonio personal de manera solidaria e ilimitada por las deudas de esa sociedad. Esto se conoce como levantar el velo corporativo y está amparado en una Ley de 1994 que prácticamente no se ha utilizado.

En el caso de los Nule, por ejemplo, solo están respondiendo fiscalmente las 15 empresas involucradas de forma directa con los contratos, pero no sus socios, entre los que están sociedades en el exterior que no han sido tocadas.

La herramienta es de gran utilidad en el terreno comercial, pues se puede usar cuando los socios de una empresa la dejan ilíquida intencionalmente para declararse en quiebra y dejar el cascarón a los acreedores. Al levantarse el velo patrimonial, los acreedores pueden ir tras los activos de los socios, y según dictamine un juez, se les puede obligar a responder por la cuentas, con independencia del porcentaje de su participación en la sociedad.

Morelli y Vélez, desde sus despachos, empiezan a hacer movidas para blandir esta norma en casos emblemáticos. Sin embargo no es fácil. La contralora hizo el primer movimiento al tratar de levantar el velo corporativo de las 15 empresas de los Nule que participaron en el carrusel de la contratación de Bogotá. Buscó hacerlo a través de una acción popular y por solicitud directa a la Superintendencia de Sociedades. Pero ninguna de las peticiones prosperó. Por un lado tomó casi un año notificar en el exterior a las sociedades afectadas Por otro, los soportes presentados y el acompañamiento jurídico han sido insuficientes, lo que ha dilatado la solicitud. Por eso, casi desesperadamente el ente de control recurrió a una tutela que debe ser fallada en los primeros días del año, con la que se busca una orden para que el juez de la Acción Popular o la Superintendencia actúen de manera inmediata.

La Contraloría también propuso levantar el velo corporativo en el caso de InterBolsa. Lo anunció durante el debate que el Congreso de la República celebró por el colapso de la comisionista. El temor en este caso es que si se aplica tal cual la norma, haría a los poseedores de las acciones corresponsables de los problemas de los administradores. La forma de aplicarla en este caso, para evitar que las víctimas de InterBolsa además tengan que responder por sus deudas, quedaría a criterio de los jueces.

El escándalo por la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla fue otro episodio reciente donde sí se pudo aplicar esta medida, luego de que fueron creadas 460 empresas ficticias para alterar la votación. Allí la Supersociedades levantó el velo corporativo y ordenó suspender el registro de estas empresas, con lo que quedan bloqueadas para cualquier actividad mientras se resuelve si se declaran nulas. “Son medidas excepcionales que hay que calibrar muy bien para evitar abusos”, dice el superintendente Vélez.

La Súper también ha puesto en vigor otra dura medida, la llamada muerte comercial, una especie de ‘Lista Clinton’ criolla. Se trata de una sanción de única instancia que prohíbe a los afectados cualquier operación comercial como usar una tarjeta de crédito, firmar un contrato de arriendo o ser parte de una junta directiva. La medida se estrenó hace algunos meses con los Nule y 36 personas más de su círculo de socios y trabajadores cercanos, quienes quedaron proscritos del comercio por 10 años.

La necesidad de que haya controles más severos contra los tramposos exige implementar medidas legales de mano dura, como esta. Es positivo el mensaje que se busca transmitir al anunciarlas, pero es claro que aún se requiere afinar su aplicación para que de verdad sea efectiva.

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