Medidas para enfrentar el problema del sector salud son paliativas: Corte Constitucional

El Estado está en deuda con la salud de los colombianos. Esta es la conclusión del corte de cuentas que la Corte Constitucional hace al Gobierno, después de expedir la sentencia T-760 del 2008, conocida como la 'supertutela en salud', que fija una serie de metas para los actores del sector, que hoy no se cumplen.
 
Uno de los ejemplos para demostrar el incumpliento es que el sistema no es autosostenible. Según cifras reveladas por el Ministerio de Hacienda, sólo el régimen contributivo genera un déficil de 1,5 billones de pesos para este año. "Si se mantiene, llegaría a 3,3 billones de pesos en el 2015", aseguró el viceministro general encargado de esta cartera, Bruce Mac Master.
 
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, reconoció que la falta de atención a temas como la creación de indicadores para las EPS y clínicas y hospitales, la solvencia financiera y a la intermediación, entre otros, llevaron a los problemas que hoy se conocen.
 
Recalcó que no se puede hablar de una crisis, pero aseguró que la intermediación, los recobros y el déficit sí son los problemas más graves sobre los que ya se están tomando medidas. Destacó que la resolución expedida bajo este Gobierno, que pone topes a los precios de los medicamentos que se recobran y que no están incluidos en el POS, generará un ahorro de 750.000 millones de pesos, sin afectar la prestación del servicio.
 
El ministro anunció que desde abril se han girado de manera directa 1,2 billones de pesos a 131 hospitales públicos para saldar las deudas que suman hasta años. Al final del 2011 se espera que el Gobierno realice los pagos de manera directa a los prestadores públicos por los pacientes que atienden del régimen subsidiado.
 
Durante la audiencia, los magistrados de la Corte Constitucional manifestaron su "preocupación" de que después de tres años de proferida la sentencia más importante del sector de la salud, las órdenes no se hayan cumplido a cabalidad. "A pesar de la regulación que se ha expedido a la fecha, continúa siendo paliativa frente a una problemática tan profunda".
 
Así mismo, manifestaron su posición sobre la función que han cumplido los jueces en la defensa del derecho del acceso a la salud de los colombianos. Precisaron que la tarea de los funcionarios judiciales "no debe suplantar las funciones que define la Constitución y que son asignadas a las demás ramas del poder público".
 
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, coincidió con la academia sobre los problemas que existen en el sector: ausencia de una base de datos que revele con certeza de qué se enferman y de qué se mueren los colombianos, demoras en la unificación del plan de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado. Afirmó que las medidas tomadas son "formalismos" que no atacan a fondo los problemas. 
 
Por su parte, la Comision de seguimiento de la sentencia, integrada por diversas universidades y la Academia Nacional de Medicina, hizo pública su propuesta de eliminar las EPS.
 
"A nuestro juicio, debe existir un sistema público, no estatizarlo. No proponemos que la prestación del sevicio la haga sólo la red pública, también puede concurrir el privado. Nuestro mensaje es que esto no se resuelve con paños de agua tibia", dijeron representantes de la comisión.
 
¿Qué ordena la sentencia T-760?
 
- Reformar los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los régimenes contributivo y subsidiado, y en especial, adoptar las medidas para eliminar "la incertidumbre" del contenido de los POS, que se conocen como zonas grises y que permite que la EPS decida si determinado servicio está en incluido o no.
 
- Asegurar el flujo de recursos. Entre las órdenes se incluye adoptar un plan de contingencia para "asegurar los pagos de los recobros atrasados en el FOSYGA".
 
- Proteger el derecho a la información, mediante la distribución a las personas afiliadas de una carta de derechos de los usuarios y una carta de desempeño de las entidades del sector de la salud y adoptar medidas para que progresivamente se alcance la cobertura universal del sistema antes de enero del 2010.

- Ampliar las competencias del Comité Técnico Científico de cada EPS para que también se pronuncie sobre si aprueba o niega solicitudes de servicios médicos diferentes a medicamentos en cualquiera de los regímenes y adoptar las medidas para evitar que se rechace o se demore la prestación de los servicios médicos que sí se encuentran incluidos en el POS.

- Tomar medidas especiales para que no existan obstáculos en la prestación del servicio a los menores de edad.

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