Martes, 24 de enero de 2017

| 2004/06/20 00:00

Mentiras verdaderas

Los cuestionamientos a las investigaciones por los hechos de Guaitarilla y Cajamarca incrementan los temores por la aplicación del estatuto antiterrorista.

El presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, intentaron explicarles a los familiares de las víctimas que murieron en Cajamarca que todo fue un lamantable error del Ejército

Guaitarilla y Cajamarca se han transformado en la peor pesadilla para las Fuerzas Armadas. A la tensión por la exigencia de resultados en la lucha contra la guerrilla y los grupos de autodefensa, se le han sumado estos confusos episodios que dejaron 18 personas muertas -11 de ellas civiles- sin que hasta ahora se sepa a ciencia cierta qué pasó. Son dos casos distintos que ante la opinión pública tienen un mismo efecto: incrementan la desconfianza.

Con el episodio de Guaitarilla la pelea interna entre Policía y Ejército llegó a su clímax. Y no es para menos. El pasado 19 de marzo, siete agentes del Gaula de la Policía de Nariño y cuatro informantes que los acompañaban en un operativo fueron acribillados por una patrulla del Ejército. Las versiones sobre lo ocurrido esa noche en ese remoto municipio del sur del país son cada vez más contradictorias. Mientras la Policía defiende a sus hombres con el argumento de que estaban en misión oficial tras unos extorsionistas, el Ejército argumenta que disparó convencido de que lo hacía contra un grupo de delincuentes. Aparte de la gravedad que reviste el enfrentamiento entre fuerzas del mismo Estado, no es menos preocupante que el episodio esté rodeado de una serie de indicios de que tras las actuaciones de ambas fuerzas podría estar la sombra de la corrupción y que operaban por fuera de sus parámetros legales. El presidente Álvaro Uribe ha insistido en la necesidad de que se conozcan pronto los resultados de esta investigación. La semana anterior incluso, llamó la atención, con amargura, a su Ministro de Defensa.

Cajamarca, en cambio, deja en evidencia una preocupante relación entre sectores de la tropa del Ejército y la sociedad civil. El hecho ocurrió el 10 de abril de este año, cuando una patrulla militar disparó contra una familia de campesinos que se desplazaba en la noche por un camino rural del Tolima. Todos murieron, incluido un bebé de 6 meses. A diferencia del episodio de Guaitarilla, en este caso el Presidente le dio su respaldo irrestricto a las tropas cuando dijo públicamente en todas las cadenas de televisión: "Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta operación". No obstante la confianza que demostró Uribe en el Ejército, este episodio acrecentó la desconfianza de muchos sectores con esa institución armada y se levantaron muchas voces que pidiendo transparencia solicitaron que el suceso no quedara en manos de la justicia penal militar, como efectivamente ocurrió en el caso de Cajamarca y poco después, con el de Guaitarilla.

En ambos casos, Guaitarilla y Cajamarca, se va al fondo de la problemática del papel de las Fuerzas Militares en un conflicto armado. Más allá de los hechos circunstanciales, por terribles que sean, lo que sucedió en estos dos incidentes deja sin piso los tres pilares en los que se debe sustentar la legitimidad de la Fuerza Pública: cooperación entre las fuerzas, integridad y confianza de la sociedad civil.

Como si lo anterior fuera poco, el manejo que se les ha dado a estos episodios sólo ha aumentado las dudas de quienes confían en su Ejército y Policía y han reafirmado los prejuicios de quienes los critican a priori con fuertes cargas de ideología.

Respecto a Guaitarilla, han circulado tres hipótesis. La primera, avalada por la Policía, es que sus hombres salieron en una misión oficial que fue atacada a mansalva por el Ejército. ¿Cómo se explica, entonces, que todos los testimonios en los expedientes apuntan a que el Gaula de la Policía iba tras un cargamento de 450 kilos de cocaína si esa no es función de este organismo, especializado en la lucha contra el secuestro?

La segunda versión, la del Ejército, indica que sus hombres buscaban atacar a una banda de extorsionistas y que dispararon cuando la caravana de carros -dos del Gaula y dos civiles- no sólo desatendieron la voz de alto sino que supuestamente dispararon contra la tropa. ¿Puede el Ejército explicar el exceso de fuerza, la pérdida de los celulares de las víctimas y la alteración de los cuerpos en la escena del crimen?

Una tercera hipótesis, la más preocupante -y que se ha abierto camino dada la confusión de los hechos- es que ambas fuerzas estaban actuando ilícitamente. Los hombres del Gaula, buscando apoderarse de un cargamento de droga y los del Ejército, evitando, por alguna oscura razón, que la droga fuera sustraída. ¿Está el país entonces frente a un caso de corrupción sin precedentes?

En el caso de Cajamarca las dudas no son menos preocupantes. La versión oficial que dio el Ejército y que fue respaldada por el Ministro de Defensa y por el propio presidente Uribe es que los soldados estaban emboscados a una distancia que por la oscuridad y la neblina no les permitía distinguir a sus blancos. Según los soldados, ellos dieron una voz de alto que no fue atendida y creyeron que estaban frente a la guerrilla. Si esta versión es cierta, ya de por sí grave, demuestra que el Ejército no sigue protocolos mínimos antes de abrir fuego en zonas donde hay población civil. Pero este sería el menos grave de los escenarios. El peor lo presentó el noticiero CM& el jueves pasado, cuando publicó un informe de Medicina Legal en el cual se demuestra que por lo menos una de las víctimas recibió el impacto de fusil a quemarropa. Esta prueba técnica pone en entredicho el testimonio de los soldados y siembra un manto de duda sobre lo que ocurrió en Cajamarca.

Es realmente improbable que el Ejército colombiano sea capaz de matar a un grupo de civiles, incluido un niño, por simple sospecha o para no dejar huella sobre un error cometido. Entonces ¿por qué el exceso de fuego?

Como si este panorama no fuera inquietante por sí mismo, el manejo de la información no ayuda a que los ciudadanos comprendan qué pasó. Es entendible que la justicia tome tiempo en valorar las pruebas y los diferentes testimonios, pero la ausencia de una versión oficial que satisfaga las preguntas de la opinión pública ha favorecido toda clase de manipulaciones, de verdades a medias y versiones interesadas. El desconcierto y la preocupación entre la gente está creciendo y por eso se hace imperativo que el gobierno y la justicia garanticen la transparencia y la celeridad en los resultados de estas investigaciones.

Pero más grave aún es que la confusión reinante crea un mal precedente para que entre en vigencia el polémico estatuto antiterrorista, que le da facultades de policía judicial al Ejército. En estas circunstancias la desconfianza se incrementa. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que las Fuerzas Armadas actuarán con transparencia y no para tapar posibles crímenes o actos ilegales? Los críticos de la iniciativa tienen razón al pedirle al gobierno que así como se aumentan los poderes de la Fuerza Pública, se busquen mecanismos más amplios para garantizar los derechos humanos.

De no tomar medidas concretas y efectivas el estatuto antiterrorista, una herramienta sin duda útil contra el crimen organizado, se le puede convertir al gobierno en un bumerán que multiplique los Guaitarillas y Cajamarcas. Este sería un gran retroceso en la idea de construir confianza de la población en las Fuerzas Armadas, un propósito que está en la médula misma de la seguridad democrática del presidente Uribe.

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