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'Merito-crazy'

El gobierno quería meterle meritocracia a la CVC, pero improvisó, y como resultado, su dirección cayó por primera vez en manos de la politiquería local

8 de febrero de 2004

La guerra contra la corrupción, bandera del gobierno, parece haber perdido una batalla importante con la selección del director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Julián Camilo Arias.

Con el método de convocar públicamente a quienes consideran cumplir los requisitos de ley el Consejo Directivo de la CVC siempre había designado directores que la convirtieron en una de las corporaciones regionales mejor manejadas del país. La CVC es una entidad que promueve el desarrollo sostenible del departamento. Cuenta con un patrimonio cercano al billón de pesos y un presupuesto de inversión que para 2004 asciende a 130.000 millones de pesos. Esto es más de cuatro veces el presupuesto de inversión que maneja el departamento del Valle del Cauca.

Casi todas las demás CAR fueron sucumbiendo a manos de los políticos. La situación se volvió tan crítica que a finales del año pasado la Procuraduría suspendió a ocho directores.

El Ministerio del Medio Ambiente había optado por ejercer presión sobre las CAR para desterrar la politiquería. La nueva ministra, Sandra Suárez, resolvió cambiar de estrategia, y expidió un decreto de meritocracia que según ella, "establece que la elección se hará mediante una audiencia pública y que la evaluación de las hojas de vida se llevaría a cabo con el concurso de una firma especializada en selección". La CVC se acogió al decreto y en noviembre su consejo decidió que una empresa cazatalentos contratada por el Programa de la ONU para el Desarrollo, Pnud, evaluara a los aspirantes.

A pesar de las diferencias en el consejo sobre la legalidad del decreto y la pertinencia de la firma se continuó el proceso, "acatamos la señal que nos envió el propio Presidente", dijo a SEMANA otro de los consejeros. Las 82 hojas de vida inscritas fueron entregadas a Vitro Colombia en Bogotá, unión temporal de Spencer Stuart, Aristos y Top Management. Esta tenía 10 días para seleccionar a los directores de casi todas las corporaciones autónomas entre más de 1.000 candidatos.

El 16 de diciembre el consejo directivo de la CVC conoció la terna seleccionada. Para su sorpresa habían dejado fuera a varios aspirantes reputados, como Jorge Enrique Angel, ex director de la Comisión de Regulación de Agua Potable; Oscar Campo, ex director de la CVC, y el ambientalista Humberto Swann. Los consejeros consideraron que el proceso violó la ley pues sólo se practicaron entrevistas a seis aspirantes. Solicitaron a la ministra enviar un delegado para resolver las inquietudes y un representante de Vitro Colombia para explicar la metodología.

Las opiniones de algunos consejeros como William Hurtado, de las ONG ambientalistas, fueron contundentes, "la autonomía del consejo ha sido violada por el decreto 3345 pero, además, Vitro Colombia desconoció el procedimiento". Para Carlos Gómez, de los municipios, "en el proceso es clara la violación a la igualdad y da la impresión que quien eligió fue el Ministerio". Néstor Córdoba, de las negritudes, sostuvo que "el gobierno no debería expedir normas llenas de vacíos".

El 17 de diciembre se presentó Alvaro Cadavid como representante de Vitro Colombia. Después de escuchar las críticas, pidió que apagaran la grabadora del recinto. Según consejeros consultados, reconoció las falencias del proceso: aceptó que las hojas fueron analizadas con criterios diferentes a los del decreto; explicó que por el poco tiempo utilizaron criterios de selección que no se ajustan ni siquiera a la normatividad anterior. Y se comprometió a ampliar el abanico de opciones.

Pero al día siguiente el ex gobernador Germán Villegas, presidente del consejo, recibió una carta de Vitro Colombia, firmada por Cadavid, en la cual le informa que "no podemos desarrollar actividades adicionales a las ya cumplidas que se ajustan al decreto 1768". Además, el 22 de diciembre la procuradora regional, Gloria Ramírez, solicitó la suspensión del proceso para que se adoptaran "los correctivos que den la certeza de la inexistencia de vicios de trámite". Por otro lado la presión de la Presidencia se dejó sentir con el anuncio de que los consejeros que no hicieran la elección antes del 31 de diciembre serían investigados por prevaricato por omisión. Ante la incertidumbre, el consejo resolvió aplazar la audiencia pública hasta el 29 de diciembre y conformó una comisión para viajar a Bogotá buscar el concepto del Ministerio del Medio Ambiente.

La comisión rindió su informe el 24 de diciembre. Contó cómo Vitro Colombia se sostuvo en que ya había cumplido el contrato y que los delegados del Ministerio consideraban que el proceso técnicamente era satisfactorio. Los consejeros llegaron al acuerdo tácito de votar en blanco el 29, con excepción de la delegada del Ministerio del Medio Ambiente. Buscaban cumplir el decreto pero obligar a que el proceso se reabriera en enero de 2004.

Pero algo cambió pues el 29 de diciembre Julián Camilo Arias fue designado director de la CVC. ¿Qué pasó para que los consejeros Carlos Gómez, William Hurtado, Carlos Valencia, María Inés Chamorro, Néstor Córdoba y Francisco Gálvez cambiaran su decisión? Nadie lo sabe. Según fuentes de SEMANA, los consejeros optaron por votar para quedar bien "parados" con el nuevo director, ya que a varios se les acababa el período el 31 de diciembre.

En los mentideros corrió el rumor de que el consenso se logró gracias a Oscar Mazuera, ex director de la CVC, quien fue investigado en el proceso 8.000. SEMANA entrevistó a Arias, quien confirmó que Mazuera lo había ayudado y que lo nombraría asesor general de la CVC. Pero detrás de Mazuera aparece otro político del departamento, el ex senador Carlos Herney Abadía, vinculado también al proceso 8.000. Hay quienes insisten en que Mazuera estuvo en la audiencia al lado de Abadía, pero sólo aceptó que lo había saludado a la hora del tinto. La revista trató de confrontar esa versión con Abadía pero no respondió las llamadas.

Las primeras actuaciones del director auguran cambios. Le pidió la renuncia a directivos como Rodrigo Lloreda, hermano del ex ministro de Educación. Y se oyen nombres polémicos para ocupar los cargos, como Juan Pablo Muñoz, quien manejó en la gobernación el impuesto al 'amor', gestión controvertida por la cual el gobernador Angelino Garzón no lo tuvo en cuenta en su administración.

La posesión de Arias se llevó a cabo en la Notaría 20 pues el gobernador se negó por las tutelas contra la elección. Los temores por la CVC tienen en vilo a muchos. Esto los llevó a elevar quejas ante el secretario privado del Presidente, José Roberto Arango, para que desde Bogotá vigilen el rumbo de la nueva administración. Como le dijo uno de los consejeros a SEMANA, "en la CVC luchamos por suprimir la corrupción y la politiquería pero si el gobierno nacional no deja la improvisación en cuanto a las políticas públicas, será como cuando uno espanta cucarachas con una escoba y las malditas se suben por el palo".