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Muchos interrogantes deja la detención por narcotráfico del Cónsul colombiano en Miami.

14 de marzo de 1988


El 11 de febrero, Ernesto Delgado Salazar salió un poco antes de lo acostumbrado de su oficina en el Consulado Colombiano en Miami. Según algunos de sus compañeros, iba a visitar al médico pues, al parecer, se encontraba algo indispuesto. Aunque nadie sabía cuáles eran sus dolencias, para quienes la conocían lo que si estaba claro es que tenía algún problema. En las últimas semanas lo veían preocupado y distraído. Aunque simpático, cortés y alegre, como siempre, era evidente que algo lo mortificaba. "Tenía problemas de plata", afirmó un residente colombiano en Miami que lo veía con frecuencia. Al parecer, un ofrecimiento de un crédito lo había hecho adquirir una serie de obligaciones. Al no hacerse éste efectivo, el cónsul de primera clase se dejó llevar por la desesperación.

Una desesperación que lo hizo jugarse el todo por el todo. Sin tomar muchas precauciones, se enredó en una aventura de la que, hasta ahora, sólo se conoce el capítulo final. En un hotel de Hialeah, luego de una reunión con agentes de la DEA en la que se cerró un negocio, en el que el cónsul colombiano adquirió 20 kilos de cocaína, fue arrestado y obligado a conducir a los agentes a otro lugar de la ciudad, una casa en la que, al parecer, se guardaba la droga y el dinero producto de las transacciones. En ésta fueron detenidos los colombianos José Alvaro González y Marta Elena Ayala.

Pocas personas daban la impresión de ser tan ajenas a este sórdido mundo como Ernesto Delgado Salazar.

Durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario diplomático en los Estados Unidos, primero en Fort Lauderdale y luego en Miami, se caracterizó por ser una persona amable, servicial y dispuesta a ayudar a todo el que llegara a su oficina. Su carrera diplomática se inició en 1982, cuando su jefe político, el entonces canciller Rodrigo Lloreda Caicedo, lo nombró auxiliar administrativo del consulado. La amistad con Lloreda Caicedo había comenzado de tiempo atrás, cuando Delgado Salazar trabajó en Prodiero, una de las empresas del grupo Lloreda en el Valle del Cauca. Los lazos de amistad se estrecharon a tal punto, que Lloreda fue padrino en la boda de una de las hijas de Delgado, que se celebró en Miami.

Al finalizar la semana pasada, la noticia se había convertido en la nueva bomba anticolombianista y en una verguenza para la Cancillería, sólo comparable con el escándalo de la narcovalija, en el que resultó implicado, al parecer inocentemente, el secretario de la Embajada colombiana en Madrid, Gustavo Jácome Lemos quien se encuentra en España, bajo libertad condicional, esperando a que se aclare su situación.

Pero, además, de la verguenza nacional y de la tragedia personal de un ciudadano bogotano de 58 años, y sin antecedentes penales de ninguna clase, éste último caso presenta más interrogantes que respuestas. ¿Qué hacía un diplomatico colombiano comprando la droga en el mercado gringo a unos agentes de la DEA, cuando su posición, en caso de decidirse a entrar en el negocio de la droga, debería servirle para recibirla directamente desde colombia? ¿Por qué estaba comprando la droga y no vendiéndola, que es lo que normalmente hacen los colombianos vinculados al narcotráfico? ¿Quién lo llevó a contactarse con los agentes encubiertos de la DEA?

En todo caso, más allá de la discusión sobre la moral de algunos funcionarios colombianos en el exterior, este caso pone en tela de juicio, una vez más, la maniobra de la DEA conocida como entrapment, consistente en que agentes encubiertos incitan a una persona a participar con ellos en un negocio de droga que, como es sabido, ofrece siempre jugosas utilidades. Hace 2 años, el famoso caso del multimillonario de Lorean dejó mal parado el sistema de agentes encubiertos. A pesar de que el extravagante fabricante de carros fue filmado y grabado recibiendo el pago de la cocaína negociada, su abogado logró convencer a los jueces de que, al haber sido iniciada la transacción por los agentes de la DEA, su cliente era inocente. Habrá que ver si en el caso del diplomático colombiano existen consideraciones atenuantes de esta naturaleza.--