Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2004/05/16 00:00

Miedo en la comuna 13

En el occidente de Medellín se está incubando un nuevo conflicto. La inversión social nunca llegó pero sí lo hicieron paramilitares y milicianos.

A finales del año 2002 las autoridades recuperaron un sector de la comuna 13 de Medellín que estaba bajo control de la guerrilla. Pocos meses después los habitantes denunciaron presencia paramilitar, desapariciones y fosas comunes. Ahora no sólo hay grupos de autodefensas sino que están retornando los milicianos.

Desde marzo pasado el miedo ha regresado a la comuna 13 de Medellín. De noche, un grupo de 20 encapuchados, que dice ser de las milicias populares, recorre los barrios Juan XXIII y La Quiebra. Otros sectores como La Divisa, La Pradera y Metropolitano viven bajo el régimen de los grupos de autodefensa. "Tienen listas de personas que deben abandonar sus casas y negocios o que están sentenciadas a muerte. Además, obligan a la gente a asistir a reuniones y ya instaron a los muchachos a que les presten colaboración o a irse", relata un joven habitante de estos barrios. Esta vez se trata de miembros del bloque José Luis Zuluaga, de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Según un analista del conflicto en Medellín, existe un plan de ocupación paramilitar en los sectores de la comuna 13 aledaños a la vía que comunica a Medellín con Urabá. "Los paras están haciendo un 'barrido' de los últimos focos de resistencia miliciana", dice.

Durante años esta zona de la ciudad estuvo controlada por distintos grupos milicianos y de guerrilla. Entre 2000 y 2002 la comuna 13 vivió sitiada por los grupos milicianos que instalaron allí retenes con cadenas, ubicaron a francotiradores en terrazas y cerros y convirtieron el área en una caleta de "secuestrados exprés", por los que exigían entre 500.000 y cinco millones de pesos, para liberarlos en cuestión de horas.

El 21 de mayo de 2002 fuerzas conjuntas de la Policía y del Ejército ingresaron a los barrios, pero fueron repelidos por francotiradores. La avanzada militar dejó estragos en la población: nueve personas murieron, cuatro de ellas, niños. Los grupos de derechos humanos locales cuestionaron la improvisación del operativo, que desató un cruce de disparos con armas de alta velocidad (fusiles, carabinas y ametralladoras) que atravesaron las paredes de tabla y ladrillo de los ranchos de este populoso sector de Medellín. Desesperados y ante la evidencia de la muerte de varios vecinos en el fuego cruzado, los moradores se atrevieron a denunciar que los estaban "masacrando".

Poco después, el 16 de octubre de 2002, más de 1.000 hombres de Policía, Ejército, DAS y Fiscalía, acompañados por organismos de control, adelantaron la Operación Orión, mediante la cual se puso fin al poder miliciano en estos barrios. Tras esta operación, las tasas de homicidios en la comuna 13 descendieron el 80 por ciento. Sin embargo, habitantes y organismos de derechos humanos denunciaron presencia de paramilitares que asesinaban a sus víctimas con arma blanca y desaparecían a quienes señalaban como colaboradoras de las milicias.

En sectores rurales aledaños a la comuna 13 las autoridades hallaron en 2003, fosas comunes con 13 cadáveres. Pero los organismos de seguridad tienen una lista de 46 desaparecidos en este sector. Uno de los paramilitares al mando de esas ejecuciones, conocido con el alias de 'King Kong', huyó de la zona a finales del año pasado tras un choque con una patrulla de la Fiscalía en el que murieron dos de sus acompañantes y él estuvo a punto de ser capturado.

Las acciones de ese tipo no desaparecen: en los barrios 20 de Julio, Las Independencias, La Loma y Eduardo Santos aún se registran asesinatos con arma blanca y desapariciones.

Para no llamar la atención de las autoridades y de la gente ajena a esos sectores de Medellín, los miembros de las autodefensas adoptaron un bajo perfil. No se uniforman ni portan armas largas ni radios a la vista de los transeúntes, como lo hacían antes. Líderes comunitarios reclaman por el incumplimiento de las promesas de inversión social en esos vecindarios por parte de los gobiernos nacional y municipal. "Hay obras que dejaron empezadas, no hay empleo para los jóvenes y mucho menos oportunidades de educación superior. Cerraron centros de salud, no llegaron las microempresas que iban a crear, no hubo rebajas en las tarifas de servicios públicos".

Alonso Salazar, secretario de gobierno de Medellín, reconoce que la pasada alcaldía desatendió las inversiones prometidas. Y agrega que: "No dejó un peso con qué cumplirlas".

Los jóvenes de esos barrios han caído una y otra vez en el espejismo de creer que los grupos armados ilegales les dan algún protagonismo y bienestar. "Cuando entraron las milicias les prometieron de todo. Luego los paracos les ofrecieron 400.000 pesos mensuales y más de uno terminó desaparecido, en fosas comunes. Ellos se anotan al mejor postor", dice Salazar.

Sin embargo, muchos habitantes de la comuna 13 reconocen que, pese a tantas dificultades, en el último año y medio se recuperó algo de calma. La gente dice que ya puso una cuota de muertos y de zozobra muy alta, y llama la atención de las autoridades para que el ciclo de poderes ilegales que se alternan el control de las calles y de la vida comunitaria no continúe. Pero también quiere que el Estado cumpla, para que el desespero que trae tanta pobreza no acabe dándoles la razón a quienes creen que la violencia soluciona los problemas.

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