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| 11/7/2016 9:30:00 PM

¿Qué tan culpables son los uribistas detenidos?

El ex viceministro de Justicia Miguel Ceballos Arévalo presenta un análisis de los casos de siete altos funcionarios de ese gobierno hoy presos o exiliados. Primera entrega.

Miguel Ceballos intenta demostrar cómo altos funcionarios del uribismo no han contado con todas las garantías judiciales en sus procesos. Se trata, para él, de “hombres exitosos, prestigiosos y competentes que desempeñaron altos cargos en el poder ejecutivo, que hoy siguen defendiendo su inocencia”: Alberto Velásquez Echeverri, Bernardo Moreno Villegas, Diego Palacio Betancourt, Sabas Pretelt de la Vega, Andrés Felipe Arias Leiva, Luis Carlos Restrepo y Luis Alfredo Ramos Botero.

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El ex viceminstro de Justicia de ese gobierno analizó los casos y habló con cada uno de ellos sobre su situación jurídica. Compartió el resultado con Semana.com. 

"El silencio de los Inocentes

Lo dijo el Quijote: “pagan a veces justos por pecadores”. Esto les puede estar pasando a siete exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quienes hoy buscan recuperar su nombre, su honra y sus vidas

En 1988 el escritor Thomas Harris publicó la novela The Silence of Lambs, cuya traducción literal al español fue El silencio de los corderos. En febrero de 1991 la obra fue llevada al cine bajo el mismo título, sin embargo, en América Latina se presentó como El silencio de los inocentes. Cuando comencé a escribir esta crónica vino a mi memoria un parlamento magistral de la protagonista la película, la actriz Jodie Foster, quien interpreta a Clarice Starling, una investigadora del FBI que está buscando esclarecer varios crímenes en serie y evitar que nuevas víctimas caigan en manos del desconocido asesino.

En el clímax de la historia, Clarice evoca una memoria de su infancia en el rancho de su tío, recordando que una noche fue testigo de cómo un rebaño de corderos iba a ser llevado al matadero; consciente y a la vez conmovida por la soledad de los animales frente a su cercano sacrificio, intentó infructuosamente salvarlos a todos, sin embargo, sólo pudo cargar a uno de ellos. El frio y el cansancio la hicieron desfallecer en su intento por rescatarlo, finalmente el comisario de policía del pueblo terminó recogiéndola en el camino. Esta situación hizo que su tío enfureciera, por lo cual ella terminó en un orfanato y el cordero fue sacrificado.

Soledad, silencio y destino fatal son tres elementos comunes en la narrativa de la novela El silencio de los Inocentes. Los tres elementos ayudan a enmarcar esta crónica que busca recuperar algunos de los argumentos y puntos de vista de siete hombres, cinco de los cuales después de haber sido condenados por la justicia colombiana siguen defendiendo su inocencia, los otros dos son parte de procesos judiciales en los cuales se debate probatoriamente su responsabilidad penal.

En conversaciones con seis de ellos caminamos por los recuerdos, desengaños e ilusiones, desde los cuales buscan recuperar su nombre, su honra y sus vidas. Por razones que la opinión pública conoce, no pude tener una conversación personal con uno de ellos, por lo cual recurrí a los testimonios de familiares y amigos cercanos, así como a la información que está disponible en libros recientes, en redes sociales y en medios de comunicación.

Las siete historias comparten un mismo escenario: El entorno político más cercano al presidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de sus dos períodos de Gobierno, su primera reelección y el intento por una segunda. Se trata de hombres exitosos, prestigiosos y competentes que desempeñaron altos cargos en el poder ejecutivo, dos de ellos como secretarios generales de la Presidencia, tres como ministros de importantes carteras en la administración pública, uno como alto comisionado para la paz y finalmente otro como precandidato presidencial con muchas posibilidades de haber llegado al Palacio de Nariño.

Alberto Velásquez Echeverri, Bernardo Moreno Villegas, Diego Palacio Betancourt, Sabas Pretelt de la Vega, Andrés Felipe Arias Leiva, Luis Carlos Restrepo Ramírez y Luis Alfredo Ramos Botero son siete de las 20 personas que hacen parte de la larga lista de exfuncionarios, amigos y familiares del expresidente Álvaro Uribe Vélez que han sido vinculados a procesos judiciales por diversas causas, en el marco de lo que un creciente sector de la opinión pública colombiana considera un “cerco”, en el cual terminaría “sin salida” el propio expresidente Uribe.

Cinco situaciones distintas dan origen a los procesos judiciales que terminaron vinculando a los protagonistas de esta crónica, en todas ellas se puede aplicar el inmortal refrán plasmado en el Quijote: “pagan justos por pecadores”, pues se trata de eventos que en la historia política no dejarán de estar presentes, debido a las tensiones y presiones mutuas entre los tres poderes públicos: el legislativo “cobrando” siempre por su apoyo a las políticas del ejecutivo; por otro lado, el ejecutivo, con su poder económico y de gestión “imponiendo la agenda”, y el judicial defendiendo con ahínco su “autonomía”, a través de un creciente poder alimentado por decisiones que no siempre se ven como justas, por lo cual, más que respetadas terminan siendo temidas. Políticos, funcionarios y magistrados, se victimizan mutuamente por cuenta de batallas que, al final del día, hacen nuestro Estado de Derecho más débil y vulnerable.

En orden cronológico el caso de Yidis Medina es el primero en el tiempo, al originarse a mediados del año 2004, por un presunto ofrecimiento de cargos públicos a cambio del voto favorable de la Congresista en el tercero de ocho debates para aprobar el acto legislativo que buscaba la relección del presidente Álvaro Uribe, debate que se adelantó el 4 de junio del 2004.

Foto: Yidis Medina.

Yidis Medina fue condenada en junio del 2008 por el delito de cohecho. En este episodio también fueron vinculados y condenados los congresistas Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño. En marzo del 2012 Alberto Velásquez Echeverri, secretario general de la Presidencia; Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior, y Diego Palacio Betancourt, ministro de Protección Social, fueron acusados por ofrecer los cargos públicos por los cuales la congresista había sido condenada. Finalmente, los tres altos funcionarios fueron también condenados el 15 de abril del 2015.

La segunda situación está relacionada con hechos que se remontan al período comprendido entre septiembre del 2007 y agosto del 2008. En el marco de lo que sería llamado el “escándalo de las chuzadas”, Bernardo Moreno, quien por más tiempo fue secretario general de la Presidencia del presidente Uribe, terminaría vinculado penalmente en mayo del 2011, bajo la acusación de haber ordenado al DAS, entonces dirigido por María del Pilar Hurtado, el seguimiento a miembros de la Corte Suprema de Justicia, así como a políticos y periodistas. Este capítulo culminó con la condena en su contra proferida por la Corte Suprema el 30 de abril del 2015.

El tercer escenario surgió a raíz de un artículo publicado en septiembre del 2009 por la hoy desaparecida revista Cambio, bajo el título “Riego de dineros públicos”, en el cual se denunciaba la entrega de subsidios no rembolsables a la ex reina de belleza Valerie Domínguez y a varios empresarios de la costa.

Con base en esta publicación se inició una serie de investigaciones a partir de las cuales empezó a tomar forma lo que después se convertiría en el llamado escándalo de “Agro Ingreso Seguro”, en el cual terminaría siendo vinculado penalmente en julio del 2011, el exministro de Agricultura Andrés Flipe Arias, quien resultó condenado por la Corte Suprema de Justicia en julio del 2014.

Una cuarta situación surgió por hechos que sucedieron el 7 marzo del 2006, época en la cual Luis Carlos Restrepo Ramírez era alto comisionado de Paz del gobierno Uribe. En esa fecha se produjo la desmovilización de 62 guerrilleros del frente “Cacica la Gaitana” de las FARC-EP.

Foto: Luis Carlos Restrepo.

Todo parecía en orden, de hecho, esta era vista por el propio Gobierno y por la opinión pública como un modelo que podrían seguir otros miembros de ese grupo insurgente, sin embargo, algunos meses después, a partir de las declaraciones de varios de los desmovilizados, se empezó a cuestionar la veracidad de la desmovilización argumentando que se trataba de un supuesto montaje.

El 20 de enero del 2012, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Restrepo, quien no acudió a la citación. Hoy, después de sucesivas órdenes de captura revocadas, está en el exilio cobijado por la figura del asilo político, mientras el proceso en su contra sigue avanzando.

Finalmente, el último escenario también se refiere a una persona que aún está siendo procesada, se trata de Luis Alfredo Ramos Botero, a quien la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dictó orden de captura el 28 de agosto del 2013, con base en una serie de testimonios según los cuales, siendo senador de la República, en enero del 2005 Ramos se reunió con el paramilitar alias “Ernesto Báez”, presuntamente para beneficiarse electoralmente.

Foto: Luis Alfredo Ramos.

Hoy, después de tres años y dos meses, permanece en detención preventiva mientras su proceso avanza lentamente en medio de un agitado debate judicial que, de acuerdo con su protagonista, día a día va demostrando la existencia de un verdadero “carrusel” de testigos falsos.

A continuación, partiendo del respeto y el acatamiento a las decisiones judiciales, se hace un análisis acerca de los siete casos mencionados, en el contexto de estos cinco escenarios, tomando como base tres criterios: 1. origen y contexto de las acusaciones, 2. características del proceso judicial, 3. desenlace que ya se dio, o que se avizora.

La “Yidispolítica”: Tres hombres, un destino

Los debates para la aprobación del proyecto de Reforma Constitucional No. 267/04 Cámara y 012/04 Senado, el cual se convertiría en el Acto Legislativo 02 del 2004, mediante el cual se aprobó la figura de la reelección presidencial, son el marco de la llamada “Yidispolítica”, así bautizada por los medios de comunicación apelando al nombre de la congresista Yidis Medina, quien en el tercero de ocho debates habría cambiado su voto en contra de la reelección por uno favorable, a cambio de la oferta de cargos burocráticos realizada por dos ministros y el secretario general del Gobierno de Álvaro Uribe.

El caso también involucró a los congresistas Teodolindo Avendaño, a quien también se le habría ofrecido una notaría, y al congresista Iván Díaz Mateus, titular de la curul cuyo reemplazo resultó ser Yidis Medina, en momentos en los cuales Mateus se encontraba en licencia. Yidis terminaría por ser condenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en junio del 2008 por el delito de cohecho propio, obtuvo sentencia anticipada por haber aceptado los cargos.

El proceso iniciado a los tres funcionarios del Gobierno Uribe terminó siendo “acumulado”, es decir, se tramitó en audiencias conjuntas, tanto a nivel de la Fiscalía como de la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que fue considerada irregular por los abogados de varios de los condenados.

A pesar de que sus nombres fueron mencionados como presuntos autores del delito de cohecho, durante el juicio en el cual la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Media en junio del 2008, nunca fueron notificados ni llamados a declarar en dicho proceso, lo que para los tres funcionarios representa la violación a una garantía procesal que hace parte del derecho de contradicción y del debido proceso.

Esta misma circunstancia hizo que ese mismo año Diego Palacio denunciara penalmente a los magistrados de la Sala Penal por haber mencionado su nombre en la Sentencia condenatoria de Yidis, y simultáneamente presentó una tutela para que su nombre fuera retirado del texto de dicha sentencia.

Foto: Diego Palacio

La reacción de los magistrados fue a su vez denunciar penalmente al exministro por falsa denuncia, lo que produjo una situación en la cual las posibles víctimas de un delito, en este caso los magistrados, tuvieron la facultad para juzgar y condenar a su victimario, según afirma el exministro.

Lo cierto es que finalmente siete magistrados terminaron por declararse impedidos para juzgar a los funcionarios acusados por la “Yidispolítica”, por haber tomado parte en la condena contra la congresista. Todos tuvieron que ser reemplazados por conjueces, varios de los cuales habían sido magistrados auxiliares y pasarían a ser magistrados en propiedad años después.

En este escenario cobra una gran relevancia el correo electrónico que recibió uno de los abogados de los tres exfuncionarios, enviado el 16 de abril del 2015 por la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia a cerca de 100 periodistas, en el cual se adjunta el comunicado de prensa “01/15 Sala Penal” informando sobre la condena a los dos exministros y al exsecretario general de la Presidencia.

El último párrafo del mencionado correo electrónico incluye la siguiente “admonición” para los comunicadores: Colegas…. “No se puede alegar persecución política porque todos los procesos en los cuales han sido condenados exfuncionarios o involucran hechos del gobierno del presidente Álvaro Uribe (Casos Jorge Noguera, Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, Yidis Medina, Iván Díaz Mateus o Teodolindo Avendaño), han sido adelantados y fallados por salas integradas por magistrados, jueces y conjueces diferentes”.

En un ejercicio juicioso, cualquier facultad de derecho puede confirmar fácilmente que en los procesos de Sabas Pretelt, Diego Palacio, Alberto Velásquez, Bernardo Moreno y Andrés Felipe Arias, al menos cuatro magistrados coinciden como juzgadores, bien sea en la sentencia principal o bien en las tutelas presentadas contra dichas decisiones, sea en calidad de conjueces o de jueces en propiedad. En este contexto, el comunicado de prensa, en lugar de evitar suspicacias, terminó generándolas.

Con respecto a la actuación de la Fiscalía, en lo cual coinciden los tres protagonistas, se presentó una serie de anomalías que terminaron con la decisión de la Corte Suprema tomada en junio del 2011 de anular la investigación inicial, la cual había sido adelantada por un vicefiscal y no por el propio fiscal general.

Sin embargo, en febrero del 2012 la entonces fiscal general, Viviane Morales, tampoco se encargó directamente del caso, lo transfirió a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, lo cual, como lo resaltan los tres exfuncionarios, no estaba permitido para casos relacionados con delitos cometidos antes del primero de enero del 2005, sin embargo, según la interpretación de la Fiscalía de una reforma constitucional que había sido recientemente aprobada, la habilitaba para ello en casos relacionados con personas con fuero.

Los tres condenados por este caso coinciden en ver como irregular que el fiscal delegado para investigarlos, el mismo que en menos de un mes de asumir la investigación profirió Resolución de Acusación en un proceso con más de 10.000 folios, años más tarde terminaría siendo nombrado magistrado auxiliar de uno de los magistrados de la Corte Suprema que hizo parte de la decisión de su condena.

A pesar de haber sido juzgados conjuntamente, cada uno de los tres casos tiene sus propias particularidades. Alberto Velásquez un profesional muy prestigioso que siempre se había desempeñado en el sector privado, habiendo sido miembro de las juntas directivas de importantes entidades como Nutresa, Proexport y la Cámara de Comercio de Bogotá, quien a título ad honorem fue el primer coordinador general de la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos, asignando los mismos gerentes que había utilizado Álvaro Uribe en su campaña buscando interpretar el deseo de Santos por “copiarla”, es un hombre que en sus propias palabras “siempre había estado cerca de la política pero no en ella”.

Alberto Velásquez fue inicialmente acusado por la Fiscalía por “ofrecer” cinco cargos burocráticos a Yidis Medina, siendo finalmente condenado por dos de ellos, sin que, según él lo asegura, ninguna de las personas citadas a declarar afirmara que Velásquez hubiese hecho gestión alguna en favor de la congresista, por lo cual terminó siendo condenado sin base en pruebas concretas y sólo tomando como referente la palabra de Yidis, dándole credibilidad a su testimonio, probadamente contradictorio durante el proceso.

El exsecretario de la Presidencia se declara perplejo por el hecho de haber tenido solamente un interrogatorio ante la Fiscalía, el día 11 de septiembre del 2008, habiendo sido acusado en marzo del 2012, cuatro años después, sin que mediara ningún otro contacto ni citación por parte de esa entidad.

Velásquez solicitó que su testimonio fuera oído en la Corte, sin embargo, su petición fue negada, tampoco fueron citados los 16 testigos que solicitó. Alegó sin éxito los impedimentos de varios de los conjueces por llevar casos de sus oficinas personales ante la Corte, en casos en los cuales el magistrado ponente coincidía con el de su propio caso. Afirma que cuando quiso hacer valer esta irregularidad en el momento de presentar una tutela para que se revisara su condena, desecharon su petición “por no haberla presentado antes”.

A Diego Palacio Betancourt, un exitoso médico heredero en el cargo como ministro de Protección Social después de la trágica muerte de su entrañable amigo Juan Luis Londoño, caracterizado por su participación en grandes obras sociales  su impronta humanista en el marco de la cual desempeñó por más de siete años el cargo de ministro en el gabinete del gobierno Uribe, se le acusa de haber ofrecido cargos tanto a Teodolindo Avendaño como a Yidis Medina.

Después de repasar con él los detalles del proceso, él insiste en la ausencia de pruebas en su contra, es más, recuerda que la propia Yidis Medina en una entrevista publicada en Noticias Uno el 8 de agosto del 2004, dice con absoluta claridad que el exministro no lo ofreció cargos. En cuanto a las acusaciones relacionadas con Teodolindo, el exministro afirma que no existe prueba alguna a partir de la cual se pueda inferir que la reunión que sostuvo con el congresista fue para coordinar su ausencia en el tercer debate para decidir la reelección presidencial, a cambio de nombrar a un recomendado suyo.

Indagado el recomendado, el cual por cierto nunca fue nombrado, bajo gravedad de juramento afirmó textualmente que “Primero debo aclarar que yo para la fecha de votación no conocía al doctor Teodolindo, y pues no, no tengo argumentos para decir que la ausencia de Teodolindo se haya debido a una injerencia del ministro” (Fiscalía junio 11 del 2009, cuaderno 50, folio 1 al 56).

Terminando nuestra conversación, con la angustia de un padre alejado de sus hijos, que clama por justicia, Diego Palacio vuelve sobre las palabras que había expresado en una reciente entrevista a María Isabel Rueda en EL TIEMPO: “Yo necesito salir de aquí, necesito producir porque mis hijos viven de lo que yo produzco. Pero si a mí me dicen que puedo salir este fin de semana si reconozco que di un puesto para reelegir a Uribe, y que si no confieso eso me toca quedarme 10 años, prefiero quedarme 10 años. No puedo salir a reconocer algo que no hice.”

En el caso de Sabas Pretelt, como consta en los audios del proceso, también es la propia Yidis Medina quien a la pregunta que le hace el propio exministro durante la audiencia del 12 de agosto del 2013 ante la Sala Penal de la Corte, pregunta que ya se le había formulado en la Fiscalía el día 16 diciembre del 2008, responde que Sabas no le hizo ofrecimiento alguno y repite que ante la Procuraduría reconoció que el “ministro nunca le hizo ofrecimientos para que votara la reelección”.

Foto: Sabas Pretelt de la Vega.

El exministro hace énfasis en que el procese de los ocho debates que dio lugar a la aprobación de la reelección implicó 29 sesiones ante el Congreso con amplia participación de la oposición, 189 Congresistas intervinieron habiendo pronunciado 1.751 discursos y habiéndose producido 333 votaciones, todas a favor del proyecto, además sería la propia Corte Constitucional la que después validó plenamente con su sentencia todo el proceso. Se pregunta entonces por qué nada de esta expresión clara de la voluntad política se contrastó al valorar el episodio de Yidis Medina.

El exministro Sabas Pretelt de la Vega me expresó que él ahora prefería no dar una entrevista formal, como lo hizo varias veces durante su proceso, incluso a la revista SEMANA, buscando mostrar las razones de su inocencia. En una amena conversación me contó que está dedicado en los niveles nacional e internacional a conseguir una segunda instancia para poder demostrar su inocencia.

Pude ver cómo con dignidad, pero también con tristeza, soporta lo que él cree es una injusticia en su contra, dedica su tiempo en ayudar a los demás, específicamente a los infantes de marina y detenidos en el Batallón BIM 12 de Cartagena. Ha consiguió becas para que cursen el bachillerato e incluso aprendan a leer a través del sistema de educación a distancia de la UNAD, institución que envía los profesores una vez a la semana a supervisar los avances y tareas mientras Sabas hace las tareas de monitor de enseñanza.

En diciembre se logró que 41 infantes se graduaran de bachilleres y otros tantos recibieron el certificado de haber aprobado el noveno curso. Este año se ha podido lograr el apoyo para que más de 60 infantes estén estudiando su bachillerato. También hablando con varios rectores de universidades ha logrado que quienes obtengan el título de bachiller puedan seguir sus estudios profesionales becados por provenir de familias de muy escasos recursos.

Simultáneamente está escribiendo cuatro libros donde combina la historia con el tema de la justicia, resaltando la violación de los derechos en su caso. Resalta con voz y ojos tristes que su gran angustia es que sus tres nietos, quienes viven en el extranjero, piensen que su abuelo cometió un delito y que por eso está preso, lo que para él es inadmisible y por eso está seguro de que tarde o temprano demostrará su inocencia.

Sabas Pretelt afirma tener la certeza de que es un preso político, sin embargo, me pidió ser enfático en que “el presidente Juan Manuel Santos no tuvo ninguna participación en esa barbaridad ya que en el pasado incluso le expresó su solidaridad”. Al despedirnos me manifestó que espera que “con la ayuda de Dios y de la Virgen no se repitan en el país estas arbitrariedades.”

Yidispolítica y reelección presidencial son dos escenarios que nacen y mueren juntos: La huella de la primera reelección del expresidente Uribe está impresa en el escenario de la “Yidispolítica”, la primera condena por este caso se da precisamente contra Yidis Medina en junio del 2008, es decir, en la mitad del segundo período del gobierno Uribe, cuando ya se empezaba a ventilar la posibilidad de su segunda reelección.

Un común denominador para este período fue el surgimiento de múltiples denuncias contra representantes a la Cámara y senadores acusados de “parapolítica”. Durante las votaciones para aprobar el referendo que daría paso a un tercer periodo de gobierno, siempre estuvo presente la sombra de la cárcel para muchos congresistas, de hecho, algunos de ellos, efectivamente fueron puestos tras las rejas. Sería la Corte Constitucional la que cerraría este capítulo a través de su decisión del 27 de febrero del 2010, a través de la cual “tumbó” el referendo reeleccionista. Desde la perspectiva del “contexto” en los fallos judiciales, el caso de la Yidispolítica se puede interpretar como una especie de “sanción” a la primera reelección de Uribe, mientras que el proceso de la parapolítica, que surgió como justa reacción a un fenómeno real y totalmente reprochable, resultó siendo un factor de contención frente a la segunda reelección.

Cerrada la posibilidad de una segunda reelección de Uribe, el proceso de la Yidispolítica siguió vivo y tomó nueva fuerza en marzo del 2012 con la acusación, ocho años después de los hechos, a Diego Palacio, Sabas Pretelt y Alberto Velásquez. Si se mira el “contexto” del fallo en que los tres fueron condenados, es decir, el 15 de abril del 2015, ya estaba entrando en sus dos últimos debates la discusión de la reforma constitucional del “equilibrio de poderes” presentada por el presidente Santos el 20 de Julio del 2014, de la cual, entre otras pocas reformas, sólo sobrevivió la prohibición de la reelección presidencial.

Aparece de nuevo como una constante histórica la “contención” a la figura de la reelección, esta vez la muerte de dicha institución terminó coincidiendo con la condena a tres de los hombres que estaban en el poder precisamente en momentos de su nacimiento. El 3 de junio del 2015, día en que se aprobó en último debate la eliminación de la reelección presidencial, sólo un mes y medio después de la condena a Palacio, Pretelt y Velásquez, en una corta frase el periódico El Espectador terminaría por resumir 11 años de historia: “el polémico acto legislativo 02 de 2004 –que dio origen a la Yidispolítica– fue eliminado de la Carta Política.”

*Ex viceministro de Justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.

@ceballosarevalo

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