Así va la pelea entre el Gobierno y los militares por la JEP

El pasado martes, horas antes de que en el Congreso se comenzara a debatir la Jurisdicción Especial para la Paz, un rumor encendió los ánimos. Se decía que en breve llegaría una carta firmada por los altos mandos militares e incluso por el general Mora, quien participó en la Mesa de La Habana, en la que el estamento castrense rechazaría la forma como quedaron incluidos en ese acto legislativo.

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El debate fue álgido en los medios de comunicación en la mañana, pero más duro en la tarde en el Congreso. Los parámetros de la justicia internacional tienen a los militares preocupados desde un epidosio muy confuso que ocurrió en la firma del segundo Acuerdo de Paz. En ese momento, se agregó un párrafo al parágrafo 44 de los principios básicos del componente de justicia (Página 152) con el fin de incluir expresamente la responsabilidad de mando del artículo 28 del estatuto de Roma. Como el tema no se había discutido ni acordado con ellos, el Gobierno tuvo que recular y hacer una adenda, e incluir un concepto similar con otras palabras. 

Desde ahí, entre el Gobierno y los militares ha reinado la desconfianza. Así lo manifestó el presidente de Acore, general Jaime Ruiz, quien en una entrevista con Semana.com aseguró que los militares se sienten engañados y "realmente solos". El general retirado asegura que le preocupa que el nuevo acuerdo de paz cumpla los estándares internacionales de derechos humanos, pues esto podría representar riesgos jurídicos para los combatienens una vez se instale la JEP. 

Hay una gran paradoja en lo que está sucediendo y es que nadie está contento. La forma como quedó reglada la responsabilidad de mando le parece un despropósito a la fiscal de la Corte Penal Internacional, quien así lo hizo saber en una carta que envió a la revista Semana. Lo mismo han señalado la organización Human Rights Watch y varios colectivos de víctimas. Consideran que el modelo que quedó en la JEP es muy laxo con los militares. Ellos, por el contrario, creen que es muy duro. En últimas, lo que está en juego es qué tanto tienen que responder los jefes por lo que hicieron sus tropas. 

Esas molestias quedaron claras el martes en el Congreso. En el tercer debate que busca darle luz verde al proyecto que crea el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, se tensionó el ambiente en el recinto los 19 senadores de la Comisión Primera discuten dos de las cuatro ponencias que hay para ajustar el documento antes de votar si se aprueba o no en tercer debate.

Tanto la proposición del senador Jaime Amín (Centro Democrático), que intentaba archivar el proyecto, como la del Polo que lideró Alexánder López, en busca de más garantías para las víctimas del conflicto, se hundieron. Sin embargo, lograron encender una intensa controversia sobre el trato que recibirán los miembros de la fuerza pública que tengan que sentarse en los banquillos de la justicia.

No hubo términos medios. Los voceros de las toldas uribistas exigieron más garantías para los miembros de la fuerza pública. Así lo expresaron los senadores Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria, Del otro lado, la representante de la Alianza Verde Claudia López y del Polo Alexander López se fueron contra el Gobierno por la poca claridad y flexibilidad que se les aplicaría a quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto y la ausencia del concepto de responsabilidad de mando para losmiembros de la guerrilla.

"Aquí lo que nos quieren es meter un gol: o las FARC o el ministro de Defensa. O, incluso, los dos", dijo la senadora, que no tuvo reparos en advertirles a los asistentes de la sala que si se aprobaba la norma como viene redactada, ella misma le enviaría una carta a la Corte Penal Internacional para que le pidiera al Estado corregir ese punto. 

La CPI es siempre el "coco" con el que se busca asustar a los militares, pero lo cierto es que el escenario de la denuncia de López es bastante improbable, pues para que ese organismo entre a operar en Colombia, la justicia tendría que ser fallida completamente. Desde cuando fue creado en 1998, el alto tribunal apenas ha logrado condenar a cuatro personas: Jean Pierre Bemba, Germain Katanga y Thomas Lubanga (los tres por los atroces crimenes cometidos en el Congo) y Ahmad al-Faqi al-Mahdi por la destrucción de edificios religiosos y monumentos históricos en la ciudad de Timbuktú, en Mali. 

En este momento la Corte Penal tiene casos abiertos en la República Democrática del Congo, Uganda del Norte, la República Centroafricana, Malí, Darfur, Sudán, Kenia, Costa de Marfil y y Libia. Aunque la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, ha seguido de cerca el proceso, una solicitud de estudiar casos concretos en el país tendría que resolverse después de tramitar todo lo ya existente. La fiscal, por otro lado, no representa el mismo sentir de los jueces de la Corte Penal Internacional que son quienes finalmente deciden los procesos. 

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Aun así, el tema que encrespó los ánimos de la sala tiene que ver con la forma como se fundará la responsabilidad de los miembros de las fuerzas armadas por los actos de sus subordinados. Aunque en el documento que existía antes de la firma del acuerdo en el Teatro Colón expresamente se aludía al artículo 28 del Tratado de Roma que establece el principio de la responsabilidad de mando, a última hora -y en un sorpresivo encuentro- la remisión a ese artículo se eliminó.

El problema es que ninguna de las propuestas que hicieron este martes caló entre los senadores. ¿La razón? El Fast Track permite dos cosas: acortar el tiempo del trámite y también los obliga a votar en bloque. En ese sentido, aunque se puede hacer ajustes a cada uno de los proyectos de ley, cada cambio debe ser previamente concertados con el Gobierno.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue el primero del Gobierno en tomar la palabra y pedir "prudencia, serenidad" y el "máximo de beneficios de posibles". Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa advirtió hay confusión sobre lo que se sabe del tema y se limitó a leer lo que quedó consignado en el encuentro que hubo con los voceros de militares en diciembre.

"Con la Jurisdicción Especial de Paz estamos tranquilos porque no hay impunidad ni tampoco castigos injustificados", dijo. A su juicio, claramente está diferenciado el tratamiento que recibirán los agentes del estado y los responsables de delitos de lesa humanidad dentro de las FARC. Además, aceptó que el texto que está incluido hoy en la JEP fue aprobado por su cartera. 

Ninguna de las partes la tiene fácil. Mientras un puñado de hombres se reúne en los cuarteles para intentar que de manera taxativa quede en el documento que prevalece el derecho interno, algunos senadores creen otra cosa y le apuntan a una postura más cercana a la de las diferentes organismos internacionales que piden mayor rigurosidad sobre la aplicación de conceptos como lo es el de la responsabilidad de mando. 

El debate continuará el miércoles en el Congreso y se anticipa que el tema volverá a estar en la mesa. Por lo pronto, se sabe que el Gobierno abordó a los altos mandos militares de manera privada para explicarles los alcances de su propuesta. Por ahora, no habrá carta de queja al presidente, pero eso no significa aún que se haya firmado la paz también con ellos.