Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 7/23/2016 12:00:00 AM

La punta del iceberg

Cómo terminaron reconocidos periodistas involucrados en graves y sonados casos judiciales.

Un ambiente enrarecido rondaba las redacciones de la mayoría de los medios desde hace varios meses. Rumores y toda suerte de versiones se volvieron tema obligado en las conversaciones de los periodistas en los pasillos. La razón no era menor. Los nombres de varios reconocidos periodistas aparecen como protagonistas de complejos casos judiciales, involucrados con homicidas condenados, grupos criminales, empresarios cuestionados y uniformados corruptos.

La posibilidad de que algunos terminaran respondiendo ante la justicia e incluso capturados tenía en ascuas al mundo periodístico. Parte de esas especulaciones terminaron la noche del martes 19 de julio, cuando por orden de la Fiscalía, fue arrestado el periodista Miller Rubio. Durante más de 20 años este comunicador fue un reportero relativamente conocido por la opinión pública por su trabajo en diferentes medios de comunicación, especialmente en un noticiero de televisión.

Cerca de las siete de la noche, cuando salía de su casa fue detenido e informado de que un juez había emitido una orden de captura. Fue reseñado y sobre la medianoche conducido a la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de Bogotá. En la mañana del miércoles lo llevaron al búnker de la Fiscalía para responder un interrogatorio, y en la tarde a los juzgados de Paloquemao para una audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. La noticia de la captura de Rubio se regó como pólvora. Acaparó titulares y estalló con fuerza en las redes sociales. El asunto causó cierta conmoción en el gremio. Y no era para menos.

En un país como Colombia es muy poco usual que la justicia ‘toque’ a los periodistas y mucho menos que el tema termine con un arresto y sindicaciones de graves delitos. El último caso emblemático ocurrió hace 20 años. En 1996, el periodista Alberto Giraldo fue detenido y condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Conocido como el Loco, trabajó en reconocidos medios y alcanzó la fama en las décadas de los años sesenta y setenta. Pero terminó preso al ser señalado de ser relacionista público y estar al servicio de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de Cali. 

Los enredos de Miller

Si bien el caso de Rubio no tiene las implicaciones políticas que tuvo el del Loco Giraldo a mediados de los años noventa, la sindicación en su contra no es de poca monta. El delito por el que está acusado es concierto para delinquir, que puede acarrear una pena de hasta 18 años de prisión. Para la Fiscalía, Rubio hizo parte activa de la organización criminal del esmeraldero Pedro Rincón, alias Pedro Orejas, hoy detenido y condenado a 20 años de prisión por homicidio.

El caso se hizo público en 2011 cuando la Fiscalía reveló durante una audiencia una serie de audios en los que Orejas y sus lugartenientes conversan con Rubio. De acuerdo con el ente acusador, el periodista habría concertado con ellos para publicar una serie de noticias falsas con el fin de desviar las investigaciones contra el esmeraldero y su grupo. “Miller Rubio sugiere que denuncien al Ejército y así puedan desviar la investigación por el hallazgo de una caleta con armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares, por tal motivo envía a uno de sus corresponsales para que reciba las declaraciones de los líderes esmeralderos de la zona del occidente de Boyacá en contra del Ejército con el propósito de hacer ver que este material bélico no era de ellos sino de un supuesto grupo que está en la zona o de un falso positivo”, dijo la Fiscalía en 2011.

En otro de los audios en poder de la Fiscalía, Rubio se compromete a conseguir citas y mediar ante la Superintendencia de Vigilancia con el fin de buscar que esa entidad cambiara la decisión de quitarle la licencia al departamento de seguridad de la empresa de Orejas, permiso que fue cancelado porque las armas autorizadas habrían sido usadas para cometer delitos.

Durante mucho tiempo el caso dio vueltas por varios despachos hasta que a comienzos de este año tuvo un nuevo impulso. Por esos audios, entre otras pruebas, es que la Fiscalía ordenó la detención de Rubio la semana anterior. Sin embargo, este es solo uno de los procesos que existen en contra del comunicador. Su nombre, al igual que el de otros conocidos periodistas, está relacionado en otros casos que vienen siendo investigados.

Los teléfonos del carrusel

Una de esas pesquisas en las que aparece el nombre de Rubio es lo que se ha denominado el cartel de reintegros. Junto a él también ha sido mencionado un exjefe de prensa de la Policía a mediados de los años noventa. El asunto tiene que ver con la supuesta participación de ellos, y otros periodistas, como parte de una especie de organización de la que hacen parte expolicías, abogados, jueces y magistrados de diferentes tribunales en la presentación de demandas que terminan devolviendo a las filas a algunas manzanas podridas.

Un patrullero de la Policía que en 2010 fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones pagó unos meses de cárcel, acudió a ese cartel de reintegros y dos años después un fallo obligó a la Policía a recibirlo nuevamente. En febrero de este año ese mismo uniformado fue capturado nuevamente al comprobarse que era el jefe de una banda de 15 policías y 17 civiles que controlaban el negocio del microtráfico en la llamada zona del Bronx en el centro de Bogotá. Hace dos años otro fallo de un tribunal obligó a la Policía a pagarle cerca de 400 millones de pesos y reintegrar a un mayor que había sido destituido y que pagó una condena de cinco años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Estos son tan solo dos de muchos casos que han acudido a esa nefasta práctica. Si bien no todos los oficiales que han ganado el derecho a ser reintegrados estaban involucrados con delitos, un buen número de los que han acudido a esos servicios del carrusel han sido policías con probados vínculos con narcos, bacrim, organizaciones criminales y grupos de sicarios. “El tema es simple. Cuando a usted lo sacan de la Policía, esos exoficiales -que son abogados-, o los periodistas, lo buscan y le ofrecen ayudarle. Usted iba a las reuniones, muchas de ellas en una cafetería del centro comercial Gran Estación. Allá le decían en qué juzgado o tribunal, donde tenían sus fichas, iban a poner la demanda la cual le garantizaban que ganaba. Y así ocurría”, contó a SEMANA un oficial que acudió a ese carrusel, ganó y consiguió su reintegro y que por razones de seguridad pidió reserva de su nombre.

“Usted entregaba una suma cercana a los 100 millones inicialmente, los cuales se usan para aceitar la maquinaria, pagar periodistas, jueces, etcétera. Parte de la labor de los periodistas, aparte de servir de enlaces y lobistas, consistía en que ellos con sus amigos en los medios entrevistaban o publicaban noticias sobre ‘esas injustas destituciones’. Eso ayudaba a ambientar el tema y servía de presión en los tribunales”, afirmó el uniformado.

“Acá en el Valle es muy conocido el caso de una juez que siempre fallaba a favor de los reintegros. Cuando apelaban el caso, curiosamente, siempre le llegaba a un magistrado del tribunal con quien ella tenía una relación sentimental. Obviamente ese magistrado confirmaba lo fallado por su ‘amiga’”, contó a SEMANA un magistrado del tribunal del Valle y quien conoce los pormenores del carrusel de reintegros.

Hasta enero de este año, cuando SEMANA reveló la existencia de ese carrusel, existían 3.608 procesos por reintegros, de los cuales 1.204 estaban vigentes, repartidos en todo el país y en manos de 418 jueces y magistrados. Al analizar quiénes eran los apoderados se determinó que en un grupo de tan solo 12 abogados llevaba cada uno más de 15 casos con demandas con pretensiones que suman 19.345 millones de pesos. Nueve de ellos son expolicías, que son integrantes del cartel de reintegros, y han ganado demandas por las que se han pagado 8.889 millones de pesos. La totalidad de esos fallos han sido ordenados por solo 12 magistrados en tribunales del Valle, Cundinamarca y Cauca.   

El análisis de los investigadores del CTI de la Fiscalía de más de 89.000 números telefónicos permite determinar técnicamente que esos expolicías-abogados mantenían comunicación constante con nueve periodistas, entre ellos Rubio y el exjefe de prensa, al igual que con varios de los policías destituidos y que estaban demandando su reintegro. Ese cruce de llamadas también permitió establecer un inusual y elevado flujo de mensajes de esos expolicías-abogados con los jueces y magistrados que terminaban fallando a su favor.

Hace pocos meses, Rubio y el exjefe de prensa fueron citados a una entrevista a la Fiscalía sobre esta y otras investigaciones para explicar su relación con otros periodistas, expolicías y abogados. Aunque los dos comunicadores aceptaron conocerse negaron tener una relación cercana. Pero la simple y elevada relación de llamadas entre ellos demuestra lo contrario. De hecho era una relación bastante cercana. Otro indicio de la existencia de ese carrusel también consiste en que curiosamente después de que a comienzos de este año se hizo pública su existencia, en los últimos meses no se han vuelto a presentar fallos que ordenen reintegros.

En río revuelto

Un proceso adicional, en el que una vez más aparece mencionado Rubio, tiene que ver con su eventual participación en el escándalo que sacudió mediáticamente a la Policía a finales del año pasado.

Para la fecha del escándalo, Rubio tenía un contrato como asesor de comunicaciones del director del Inpec, cargo que obtuvo gracias a la influencia y recomendación de un importante general, hecho que confirmaron directivas del Inpec a SEMANA. Para ese momento, el último trimestre de 2015, el entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino, estaba contra las cuerdas producto de múltiples denuncias en su contra, que iban desde la protección a su ayudante y oficiales cercanos a él involucrados en abusos de autoridad hasta hacer parte de una red de prostitución masculina. Dentro y fuera de la Policía no era ningún secreto que existía una puja interna para reemplazar a Palomino.

Varios amigos cercanos a Rubio confirmaron a SEMANA que el comunicador les dijo en múltiples oportunidades que si su amigo, el general que lo metió al Inpec, llegaba a la dirección, él asumiría la jefatura de comunicaciones de esa institución. Los análisis de las llamadas demuestran, sin duda alguna, que él y otros periodistas sostuvieron permanente y fluida conversación desde antes y durante el escándalo con cuestionados policías, que habían sido destituidos y con los expolicías-abogados del carrusel de reintegros. Ayudados por otros periodistas cercanos lograron que varios de esos polémicos uniformados aparecieran como ‘testigos estrellas’ en diferentes medios con el objetivo de reforzar algunas de las denuncias, lo cual aumentó el caos en la Policía.

Esa información falsa y envenenada no solo la hicieron llegar a los medios. También consiguieron que patrulleros destituidos informaran datos errados a la Fiscalía, con el objetivo de desviar las investigaciones y presionar decisiones que forzaran al gobierno a realizar un cambio en la cúpula de la Policía. Varios periodistas, algunos de los cuales fueron despedidos recientemente de los medios para los que trabajaban, hicieron parte de esa estrategia que finalmente fracasó pues el general amigo de Rubio fue llamado a calificar servicios y asumió el general Jorge Nieto.

Hoy ese panorama lo tiene claro la Fiscalía que adicionalmente ha avanzado en puntos claves del escándalo del año pasado. En las inspecciones que los investigadores realizaron a diferentes dependencias de la Policía no se encontraron evidencias de interceptaciones o chuzadas.

En el controversial caso de la llamada Comunidad del Anillo se ha probado que algunos abogados del llamado carrusel de reintegros entregaron información falsa o que no tenía relación. Si bien se documentó que en el pasado algunos integrantes, ya retirados de la Policía, pudieron haber presionado a subalternos para sostener relaciones sexuales, no se logró establecer la existencia de una red de prostitución como se había denunciado.

“Yo creo que el teléfono es el peor enemigo del hombre. Si no hubiera sido por el teléfono, el final de mi vida hubiera sido diferente. Yo soy consciente de que el teléfono fue mi perdición”, dijo hace 20 años el tristemente célebre Loco Giraldo. Hoy, dos décadas después, esa frase cobra validez. Los análisis y cruces de cerca de 90.000 números vuelven a ser fundamentales para evidenciar cómo un grupo de periodistas traspasó los límites de la profesión, para quedar al servicio y aliados de esmeralderos y corruptos. El caso de Rubio es tan solo el comienzo de lo que puede ser una avalancha que arrastrará a otros periodistas. Lo importante, sin embargo, es que no son pocos en el entorno quienes también reconocen que esta depuración era necesaria en los medios de comunicación.

Estos son los audios 

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.