Jueves, 19 de enero de 2017

| 2004/12/19 00:00

Minas de dolor

Se avanzó mucho en hacer visible y pública la necesidad de movilizarse enérgicamente contra las minas antipersonales. Pero el esfuerzo hasta ahora comienza...

En 2004 cada día fueron mutilados dos colombianos por efecto de minas. El 68% de las víctimas son militares.

Irma, una niña que tenía tan sólo 11 años en el momento de su accidente en Zaragoza, Antioquia, nos decía durante una reunión de sobrevivientes en enero de este año: "Yo me jodí, porque cuando pisé la mina me voló la pata y además ya no sirvo pa' tener hijos".

Las minas antipersonales están presentes en la conciencia y en el miedo de buena parte de los colombianos.

Visibilizar el problema es el mayor logro en este tema durante el año 2004. El dolor y sufrimiento que esta arma genera nos ha llegado a través de los medios de comunicación, ha estado presente en las conversaciones de las familias de todos los estratos, es motivo de presentación del gobierno en distintos foros nacionales e internacionales, ha estado en las declaraciones de Francisco Galán, comisionado del ELN; en los partes de guerra de las Farc, en las declaraciones de Salvatore Mancuso, en la voz de ONG, partidos políticos e iglesias, y durante la reunión de análisis de la Convención de Ottawa, que proscribe el uso de esta arma, realizada en los primeros días de diciembre en Nairobi, Kenia.

Hemos avanzado también en el compromiso de las Fuerzas Armadas al destruir las minas guardadas en los arsenales existentes en distintos departamentos del país. Hemos construido un plan integral de acción contra las minas entre el gobierno nacional y ONG que trabajan en el tema, se han impulsado organizaciones de sobrevivientes que reclaman la atención y se observa el desarrollo de acciones concertadas entre autoridades de gobierno, comunidad internacional y organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, es mucho lo que nos falta hacer. La mayoría de los sobrevivientes, sus familias y las comunidades afectadas aún están en manos de la providencia para que se cumplan sus necesidades de rehabilitación física y social, reinserción socioeconómica y atención sicológica que la ley les reconoce. Más lejos aún están los colombianos de poder transitar sus campos de manera segura con la certeza de que están libres de minas porque Colombia no adelanta todavía acciones de desminado humanitario en los territorios.

Por otro lado, las minas sembradas durante la historia del conflicto, sumadas a la fabricación y el uso permanente de los actores armados no estatales, hacen que en promedio durante 2004 dos colombianos por día queden mutilados o muertos por causa de esta arma. Así, el nombre de don Carlos Rodríguez en Urrao, Antioquia, y el de Sobeida Gaitán en una vereda de Tibú en el departamento de Norte de Santander, se sumarán a los de 728 colombianos más que este año han sido afectados por esta arma que no discrimina entre civiles y combatientes.

En 2005 debemos lograr, como país, el cumplimiento efectivo de la ley en lo relacionado con la atención integral de las víctimas, debemos movilizarnos en el rechazo al uso de esta arma, y al tiempo promover y respaldar la construcción de acuerdos con los actores armados no estatales que persisten en su uso. El abandono del uso de las minas no es un imposible en medio del conflicto armado si todos los colombianos sobreponemos los imperativos humanitarios por encima de las lógicas de guerra de cada uno de los actores.

Además urge que en 2005 gobierno y comisión de verificación de la OEA no desestimen las solicitudes para que el tema de las minas y el desarrollo de acciones integrales contra éstas sea parte sustantiva de las desmovilizaciones de las AUC, las ya hechas y las que están por venir. Y de esta forma asegurar que los territorios que este grupo armado está abandonando al salir a sus sitios de concentración sean seguros al tránsito de la comunidad.

El gobierno nacional, la gobernación del Valle, a través del Hospital Universitario del Valle, y la Campaña Colombiana Contra Minas están impulsando un esfuerzo por modernizar la planta física y los equipos que permitirán la atención de sobrevivientes de minas del suroccidente del país. Este esfuerzo, que contará con la financiación del gobierno del Japón, no sólo debe continuar, sino replicarse en otras regiones del país con el fin de lograr una cobertura total y digna para los sobrevivientes y sus familias.

Colombia tiene un escenario favorable para conseguir que se detenga el crecimiento del número de municipios afectados por la minas, hasta hoy 585 municipios en 30 departamentos. Todo dependerá de la voluntad política para que, mientras llega el fin de la confrontación armada, el gobierno, la sociedad y los actores armados construyamos acuerdos humanitarios sobre el tema de las minas. Así no se van a volver a repetir historias como la de Zenaida, que en 2001, en San Francisco, Antioquia, a sus 17 años, se convirtió en viuda a causa de una mina que mató a Jorge Eliécer, su esposo, un campesino que subió a coger leña en un bosque cerca de su finca para cocinar. "A él la mina lo mató, dice Zenaida, pero a mí me jodió más porque quedé con una hija buscando cómo vivir y con miedo de caminar por allá".

* Coordinador Colombia sin minas

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