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| 3/7/2014 12:00:00 AM

Minería: Corte da voz y voto a regiones

La Corte Constitucional determinó que los entes territoriales deben tenerse en cuenta por el Gobierno cuando defina zonas mineras.

El debate estaba planteado hace meses. Una consulta popular realizada a mediados del 2013 en la población de Piedras (Tolima), acerca de la pertinencia del establecimiento de una explotación de oro en su territorio, fue votada en contra por los habitantes. Ello se convirtió en la génesis de una polémica: ¿pueden las comunidades frenar el desarrollo de proyectos mineros?

En su momento las autoridades trataron el tema con cautela y respondieron que lo analizarían jurídicamente, pero siempre dejaron en evidencia que -según la Constitución- el subsuelo y sus riquezas son propiedad del Estado.

De ahí la importancia de una decisión de la Corte Constitucional, tomada este miércoles, que señala que los entes territoriales deben ser tenidos en cuenta en el proceso de definir las zonas que quedaran exentas de actividades mineras.

Si bien esto puede representar un dolor de cabeza para los inversionistas de la llamada por el Gobierno ‘locomotora’ minera, que todavía no despega (y que también está atada a procesos más engorrosos como las consultas previas a comunidades indígenas y otros grupos étnicos), sí dará voz a las comunidades que posiblemente puedan ser afectadas por el establecimiento de un yacimiento en su territorio.

La Corte estudió una demanda en contra del artículo 37 del Código Minero, que señala que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.

La Sala Plena, en una votación 5-2 y con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, avaló ese artículo pero lo condicionó de manera tal que ahora las regiones sí tendrán participación en esos debates, según conoció Semana.com.

La idea es que, en adelante existan mecanismos de concertación que les de participación a las regiones cuando se trate de proyectos mineros que se vayan a desarrollar en sus territorios. La decisión del Constitucional va de la mano del concepto que la Procuraduría General de la Nación había elevado ante esa Corporación.

Según la Procuraduría, la norma tal y como está establece la subordinación de las regiones al nivel central, sin ningún tipo de participación, desconociendo “que el grupo humano que se asienta en un territorio determinado tiene derecho a participar en las decisiones que los afectan”.

Es decir que, antes, estos entes territoriales quedaban completamente fuera de la decisión, por lo que el Gobierno Central y las autoridades mineras y ambientales hacían todo el trámite para otorgar licencias de exploración y explotación minera o declarar zonas de exclusión.

Para el Ministerio Público la exequibilidad condicionada de la norma era posible en el sentido de que es razonable la participación de las personas que se asientan en un territorio cuando un proyecto minero pueda llegar a generar un cambio significativo en el uso del suelo.

Cabe señalar que este Código Minero está reglamentado por el decreto 0934 de 2013, que fue demandado también ante el Consejo de Estado.
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