Minería a media marcha

El boom minero que se avizoraba en Colombia no ha llegado aún. Esto puede ser una buena noticia para los ambientalistas y activistas antiminería, tanto legal como ilegal. Pero para la economía colombiana, que esperaba crecer aprovechando los altos precios en el mercado internacional, se puede haber desaprovechado una oportunidad de oro. Los precios, sobre todo del carbón y níquel, han venido bajando durante el año y algunas empresas pequeñas están hablando de cerrar minas, según le han informado al Ministerio de Minas y Energía. Pero analistas como Álvaro Pardo, de Colombia Punto Medio, afirma que a pesar de la caída seguirá siendo rentable para las grandes mineras.

Más allá del contexto internacional, hay razones internas por las cuales la locomotora minera no avanza al ritmo deseado: la institucionalidad aún no está engranada. Y aunque es cierto que la gran mayoría de estos problemas son herencia del pasado, el espejo retrovisor ya no es un argumento convincente para algunos mineros, analistas y críticos de la gestión de la cartera de Minas, por la que han pasado tres ministros desde 2010: Carlos Rodado Noriega, Mauricio Cárdenas y el recién nombrado Federico Renjifo.

Tanto las grandes transnacionales, como los pequeños mineros están descontentos. Claudia Jiménez, vocera del gremio de la Minería a Gran Escala dijo la semana pasada que este año no se habían cumplido las metas esperadas en producción y volvió a pedir claridad en las reglas del juego y una institucionalidad acorde con las necesidades del sector. Por otro lado, asociaciones de pequeños y medianos mineros informales, unidos en 52 asociaciones y coordinados por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, (Conalminercol) están convocando a un paro el próximo martes 11 de diciembre en varios municipios del país, pero principalmente en Antioquia, para protestar contra un decreto reciente que busca decomisar la maquinaria de quienes no cuenten con los permisos legales para operarlas en las minas, y que según el senador de La U Juan Lozano, es ilegal, entre otros motivos porque reflejan la molestia que hay con la gestión del gobierno. Este se defiende de las críticas de todos los sectores, y aunque reconoce que no ha sido fácil, dice que sí hay avances importantes en cada uno de los "palos en la rueda" que se le han atravesado a la locomotora.

Formalizar la minería

El problema de la informalidad en el sector minero viene desde hace años y es uno de los retos más difíciles para el gobierno. Un censo del Ministerio de 2011 reveló que de las 14.357 Unidades de Producción Minera que hay en el país, el 63 por ciento no cuentan con título minero, y aunque el gobierno ha hecho cinco intentos para formalizar el sector desde 1992, según el estudio de la analista María del Pilar Pardo para Razón Pública, sus resultados han sido infructuosos. Según cifras reportadas por el mismo Ministerio a la Contraloría General, el programa de formalización hasta 2010 solo logró legalizar 158 minas y tuvo un costo de más de 14.000 millones.

Para remediar la situación el actual gobierno creó una dirección nueva de formalización dentro del Viceministerio, en cabeza de Henry Medina, quien explica que a partir de septiembre de este año llegaron a un acuerdo en donde los mineros informales tienen un plazo de hasta dos años para ponerse al día con los requisitos que exige la ley en términos de licencias y otras condiciones, pero solo se aceptarán solicitudes de formalización hasta mayo de 2013 y algunos mineros se quejan de que los requisitos exigidos son imposibles de cumplir, pues exigen presentar documentos que muchos nunca han tenido, precisamente por trabajar de manera artesanal. "Estas medidas son estrictas, son rigurosas, pero es por el bien del país, para proteger a los mineros y el medio ambiente. Y no es contra ellos.", dice Medina. Algunos mineros informales creen, sin embargo, que el gobierno los está criminalizando, pero tampoco se puede desconocer que en el sector se mueven actores armados ilegales, que no solamente extorsionan a los mineros, sino que tienen minas y maquinaria.

Sin vigilancia

Una de las razones por las cuales hay tanta informalidad en el sector es por la ausencia de fiscalización de las autoridades. La falta de personal y recursos para hacer un control efectivo de la producción y pago de impuestos y regalías y el cumplimiento de normas, laborales y ambientales, ha sido una constante. Hace dos años, recién posesionado el gobierno, se habló incluso de la necesidad de tener una Superintendencia de Minas, pero esta no se creó.

La autoridad minera es ahora la Agencia Nacional Minera, creada por decreto desde hace un año, en la que se espera trabajen más de 300 funcionarios. Pero los mismos empleados y exempleados del sector de minas insisten que no son suficientes y que las personas contratadas no necesariamente tienen los perfiles más idóneos, incluidos los de sus dos primeras directoras, la exministra de Vivienda Beatriz Uribe y la actual presidenta, María Constanza García, una experta en el área de transporte pero nueva en este campo.

Para apoyar el proceso de fiscalización de la ANM, el gobierno abrió una licitación a través de Fonade por casi 300.000 millones con dos consorcios privados que hasta ahora están empezando a operar. Además de la Agencia, hay varias gobernaciones responsables de fiscalizar la minería, pero se tiene previsto que a mediados del año entrante estas delegadas desaparezcan (el proceso empezó con la cancelación de funciones de titulación de la delegada de Bolívar, ligada a denuncias de corrupción), con excepción de la de Antioquia. Para reemplazarlas, la ANM tendrá nuevas sedes regionales, en Chocó, por ejemplo, de donde está saliendo la mitad del oro del país, y que nunca ha contado con una autoridad minera.

Solicitudes frenadas

Otro grave problema que enfrenta el sector es que desde febrero de 2010 el Ministerio de Minas dejó de aceptar solicitudes de títulos o concesiones. El plazo para evacuar la avalancha de más de 20.000 solicitudes se debía resolver antes de terminar 2010, pero se ha ido aplazando y se estima que hasta julio del año entrante se abrirá la posibilidad de solicitar nuevas concesiones. Según el viceministro Medina, este año se han procesado 14.000 solicitudes, pero miles de las que han rechazado han interpuesto recursos legales en contra de la decisión.

Las únicas solicitudes que el gobierno aceptó recibir fueron las más de 1.000 de formalización. Pero allí el Ministerio está detectando un nuevo fenómeno que está retrasando el proceso, y es que mineros que se presentan como 'tradicionales' de subsistencia están haciendo solicitudes de títulos de 10.000 hectáreas, lo que no es permitido para este tipo de minería.

Catastro disfuncional

Un problema adicional es que el país todavía no cuenta con un sistema de catastro público y de consulta a la altura de la que tienen otros países de la región. Es increíble que al catastro minero, que contiene toda la información de quienes tienen concesiones en el país, que se ha lanzado tres veces y al que se le han invertido más de 6.000 millones de pesos, aún no funciona adecuadamente. Solo hasta el año entrante el gobierno abrirá un proceso de licitación para comprar uno nuevo.

Paso lento

Otro proceso que está demorado son las rondas mineras de las zonas especiales que el gobierno delimitó a mediados de año, y que suman alrededor de 20 millones de hectáreas en las zonas andinas, Orinoquia y el Chocó. El primer bloque, de la zona andina de 2,9 millones de hectáreas, solo se va a ofertar hasta mediados del año entrante. El de las otras regiones no tiene fecha proyectada aún porque el Ministerio del Medio Ambiente debe primero delimitar las áreas protegidas y porque aún no se han hecho unos estudios de geofísica en esas áreas para determinar cuál es su verdadero potencial.