Mineros en la edad de piedra

La minería en Colombia es una paradoja. Por un lado se habla de miles de millones de pesos en ganancias, de nuevas minas para explotar y del auge de la inversión extranjera. Por el otro, todos lo meses llega una noticia trágica de mineros atrapados en socavones, de hombres quemados por el mal uso de los explosivos, o una denuncia por explotación laboral de menores de edad.

Justamente la semana pasada, 15 mineros de Pueblito Mejía, en el sur de Bolívar, fueron rescatados de un derrumbe en la mina El Turco. Dos semanas antes, cuatro mineros del municipio de Remedios, Antioquia, habían sobrevivido milagrosamente cinco días y cuatro horas, luego de quedar atrapados tras un derrumbe en la mina El Almacén. Y después de cada tragedia, de cada rescate y de cada entierro, llegan las evaluaciones, los diagnósticos y las preguntas ¿Por qué quedaron atrapados? ¿Quién o quiénes fueron los culpables? ¿Qué se debe hacer al respecto?

Por lo general, hay respuestas de todo tipo y casi siempre se llega a las mismas conclusiones: hay que cerrar las minas ilegales, hay que capacitar a los mineros y hay que reforzar la capacidad de prevención de los municipios. Pero pasan las semanas, las conclusiones se olvidan y las minas se vuelven a vestir de luto, a repetir el ciclo de tragedia y muerte que históricamente las ha acompañado.

Gran parte de la mano de obra que genera el sector minero es informal. Según la Gobernación de Antioquia, por ejemplo, en este departamento -que ha prosperado a lo largo de su historia gracias a las riquezas generadas por sus extensas minas de oro y carbón-, 60 por ciento de los casi 40.000 mineros son informales. Esto significa que no tienen la capacitación necesaria para operar en una mina. "En tiempo de bonanza minera es muy complicado prohibirle a un campesino que trabaje en una mina sabiendo que lo necesita", dice Jorge Jaramillo, asesor de la gobernación.

Ni los municipios ni los departamentos han sabido controlar el problema. Si bien en la actualidad hay un Centro Nacional del Carbón donde se capacitan algunos mineros del país, y el gobierno nacional tiene en marcha la creación de uno similar para el oro, estos intentos resultan insuficientes si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los mineros en Colombia trabaja de forma artesanal -con pico, cincel y martillo- y no van a dejar sus trabajos para ir a una especie de instituto a especializarse sin remuneración alguna.

Además, se debe tener en cuenta que en el nuevo Código de Minas no se contemplan soluciones para la minería de subsistencia, el nombre elegante que se le da a la minería artesanal. Esto significa que para ellos es cada vez más costoso pasar a la legalidad. Y mientras esto ocurra, la cantidad de campesinos sin experiencia que manipulan explosivos seguirán multiplicándose y los accidentes y muertos en Chocó, Bolívar, Antioquia, Norte de Santander o en cualquiera de los departamentos mineros seguirán siendo noticia.

Es tarde para hacer un gran debate nacional sobre el tema de la seguridad en las minas. Los municipios no pueden conformarse con oficinas de atención de desastres ni se puede seguir negociando la seguridad de los mineros. Hoy la inversión extranjera minera está en franco crecimiento anual y son normales transacciones de miles de millones de dólares en minas de carbón y oro. De acuerdo con Ingeominas, las zonas potenciales para explotación minera en todo el país ocupan más de 400.000 hectáreas y cada días llegan más empresas extranjeras en busca de inversión.

Pero este auge sólo parece beneficiar a las grandes empresas. Se requiere equidad para evitar más niños bajo las minas y para que los trabajadores comiencen a tener EPS, seguridad industrial y todo cuanto la ley obligue. Un país minero no puede seguir siendo un país no apto para mineros. Al fin y al cabo, se trata de vidas humanas que requieren las mayores garantías para un trabajo digno.