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| 6/11/2015 4:17:00 PM

Las reformas que logró el saliente ministro de Defensa

Juan Carlos Pinzón consiguió esta semana que el Congreso ampliara el fuero militar y reformara la justicia penal militar.

Una encuesta realizada en las Fuerzas Armadas en el 2010 reveló que el principal temor en el 85 % de 5.000 uniformados consultados era que pudieran terminar en la cárcel por participar en combates contra la guerrilla.

Esa preocupación estaba originada en una resolución firmada entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. El 14 de junio del 2006, el ministro de la época, Camilo Ospina, y el fiscal general de entonces, Mario Iguarán, acordaron la obligación de que las operaciones militares debían contar con la presencia de agentes del CTI de la Fiscalía, que vigilaran los procedimientos de los uniformados.

Dicen cercanos al expresidente que por presiones de la comunidad internacional, y en plena negociación del TLC con Estados Unidos, que tuvo como uno de sus mayores obstáculos la situación de Derechos Humanos en el país, Uribe aceptó dicho convenio. Tiempo después el propio expresidente reconoció que esa decisión pudo haber debilitado el fuero militar.

Por eso, ante las preocupaciones de las tropas, el saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se trazó como uno de sus principales objetivos fortalecer el fuero de los militares. Y prácticamente en ese empeño ocupó gran parte de sus esfuerzos durante los 1.385 días en los que estuvo al frente del Ministerio de Defensa.

En efecto, desde cuando se posesionó, en septiembre del 2011, Pinzón intentó hacerlo. Incluso, la primera gran polémica de la fallida y escandalosa reforma a la justicia fue precisamente que se incluyera un artículo para modificar el fuero consagrado en la Constitución. Por este hecho, hubo un enfrentamiento entre Pinzón y Germán Vargas Lleras, ministro del Interior en ese entonces, que se saldó con el retiro del artículo propuesto por el ministro de Defensa.

Un año después, Pinzón volvió a tramitar la reforma. Soportó críticas de organismos internacionales como la Human Rights Watch y de organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Durante un año se estudió el proyecto y fue aprobado por el Congreso, con tan mala fortuna que la Corte Constitucional lo declaró inexequible por vicios de forma.

Los logros

Por eso, el pasado mes de agosto volvió a presentar la reforma, la cual fue aprobada en su totalidad el pasado miércoles con una absoluta mayoría de respaldo, pero con serios cuestionamientos del Polo Democrático, que anunció una demanda de constitucionalidad (Ver entrevista Alirio Uribe).

El Congreso decidió que las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.

Tales instancias estarán integradas por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. En la investigación y el juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario se aplicarán las normas y los principios de este.

Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la justicia penal militar o policial que conozcan de las conductas de los miembros de la fuerza pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del DIH y serán independientes del mando de la fuerza pública.

Pero también el ministro Pinzón consiguió, casi de forma simultánea, que se aprobara la ley para reestructurar la justicia penal militar con el propósito de hacerla más eficiente, efectiva, autónoma, y que no suponga impunidad a militares.

Así, el Congreso aprobó implementar el sistema oral a la justicia penal militar y la creación de una fiscalía para la justicia castrense que se ocupe de las investigaciones.

Pinzón está a pocos días de abandonar el ministerio y aunque la seguridad jurídica de la tropa le ocupó más tiempo que el presupuestado, los uniformados ya empiezan a señalarlo como el ministro que devolvió la seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, y los más críticos, como el que amplió los alcances del fuero de los uniformados.
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