Ministros en audiencia

Ningún gobierno en Colombia había enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una delegación de dos ministros y cerca de una docena de funcionarios para atender un caso, como ocurrió la semana pasada con los de Exteriores y Justicia, que viajaron a Costa Rica para la audiencia privada sobre presuntas falsas víctimas en la masacre de Mapiripán. Aunque es obvia la necesidad del Estado de defenderse contra posibles fraudes en reparaciones judiciales millonarias, ¿por qué el gobierno le ha dado un perfil tan alto a este caso?

Ninguna audiencia de esa Corte había despertado en Colombia tanta atención pública como esta, convocada por el alto tribunal de la OEA a raíz del descubrimiento de la Fiscalía, 14 años después, de que hubo víctimas falsas en la masacre de ese pueblo del Meta en 1997, cuyos familiares cobraron indemnizaciones millonarias, ordenadas por la misma Corte como reparación en 2005.

La sesión arrancó con la intervención del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante de las víctimas, cuyos abogados afirmaron que su organización estaba sufriendo una persecución estatal fraguada por el DAS. A los pocos minutos, el presidente de la Corte, Diego García-Sayán, los llamó al orden y les pidió centrarse en el tema de Mapiripán. El ministro Juan Carlos Esguerra dijo que Colombia es un país respetuoso del sistema interamericano y que registra con preocupación que gente "inescrupulosa" se haya hecho pasar por víctima ante la Corte.

La parte central de la intervención del Estado correspondió a las fiscales Marlene Barbosa, jefe de la Unidad de Derechos Humanos, y Yolanda Prado, de Justicia y Paz. Alegaron que, contrariamente a lo que se creía, no habría habido desmembramientos en esa masacre, y que los paramilitares habrían lanzado al río tres cuerpos, abiertos para que se hundieran. Sostuvieron que no hubo víctimas mortales entre los menores de edad y que un bebé de 7 meses, que se presumía asesinado, es hoy un joven de 15 años, identificado y ubicado. En suma, la Fiscalía asegura que de las víctimas reconocidas en la sentencia hay diez identificadas y 14 sobre las cuales hay inconsistencias. Su director de Asuntos Internacionales intentó explicar las razones para el cambio en el número de víctimas (cuando la sentencia de 2005, el Estado aceptó que eran 49 y, en un documento reciente, la Unidad de Derechos Humanos habla de 77 víctimas potenciales). Al final, Esguerra pidió formalmente la revisión de la sentencia.

La Corte decidió dar tres meses para que Colombia prepare la información y las pruebas. Luego las entregará al Colectivo y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representantes de las víctimas, y a la CIDH, para que hagan sus apreciaciones. Solo después se pronunciará.

Como lo dijo la canciller María Ángela Holguín a SEMANA, el gobierno, además del interés evidente de evitar el pago de reparaciones millonarias fraudulentas, tiene la necesidad de disponer de mecanismos de transparencia adecuados, ante la avalancha de reclamos que vendrán con la Ley de Víctimas, para disuadir eventuales 'colados', que podrían costar una fortuna al erario. Se aduce que el número de funcionarios que viajaron a Costa Rica se explica porque se trata de los que han participado en el caso y su seguimiento, más delegados de la Procuraduría y la Contraloría. Sin embargo, esto no justifica el nivel de la delegación ante la Corte Interamericana, con dos ministros a bordo. En 2007 ya hubo un precedente: la Fiscalía descubrió dos falsas víctimas en Mapiripán, entre las mencionadas en la sentencia de 2005 de la Corte y, ni entonces, ni en la audiencia privada que hubo al respecto en julio de 2009, el gobierno de Uribe hizo un despliegue semejante al de ahora.

En círculos de derechos humanos se manejan otras hipótesis. Se sugiere que el gobierno Santos estaría buscando cerrar espacios a la supervisión internacional en derechos humanos, y a algunas agencias en particular, con la convicción de que Colombia está pasando la página del conflicto. Representantes de algunas ONG nacionales dijeron a SEMANA que tras este tipo de actuación habría también una gran presión de los militares, en respaldo de sus compañeros condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Por último, hay preocupación de que el caso de las falsas víctimas de Mapiripán pueda terminar dando, aun sin ser esa la intención del gobierno colombiano, argumentos a otros interesados en debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, quienes, como Hugo Chávez, en abierto conflicto con ella por sus decisiones, han dicho que esa instancia judicial "no vale ni un corte de cabello".

La canciller es categórica en negar todas estas apreciaciones, en el respaldo y la seriedad de Colombia frente al sistema interamericano, y en que la única razón para darle tal relevancia al caso de Mapiripán es la plata: "Llevamos 8 millones de dólares pagados, en parte por víctimas que no son víctimas. Si uno deja pasar un tema de estos, ¿qué puede pasar a futuro?", dijo a SEMANA. Por lo pronto, esta obvia preocupación del Estado colombiano ha puesto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la eventualidad de verse obligada a tomar una medida sin precedentes: revisar uno de sus fallos.