Los ministros que no fueron al debate de las ‘chuzadas’

El Senado de la República aplazó este miércoles, hasta el próximo 18 de noviembre, el debate sobre presuntos sabotajes al proceso de paz con las FARC después de que los ministros de Defensa y de Interior, Juan Fernando Cristo y Juan Carlos Pinzón, respectivamente, citados a este foro, cancelaron su asistencia.

El impulsor de este debate, el senador Iván Cepeda (Polo), confirmó en su cuenta de Twitter la decisión, que hará que los legisladores aborden la cuestión un día antes del segundo aniversario de las negociaciones, que arrancaron el 19 de noviembre del 2012 en Cuba.

La decisión obedece a la cancelación de asistencia, minutos antes del inicio del encuentro, por parte del ministro de Interior y el de Defensa.

Ambos estaban llamados a responder a preguntas relativas sobre filtraciones de las negociaciones, así como amenazas y diversos ataques que, según explicó Cepeda, tienen "una lógica" y están destinados a "socavar el proceso de paz".

En concreto, el senador iba a preguntar a Pinzón si existen indicios de que se podría producir "el surgimiento de un paramilitarismo para el posconflicto", en virtud de las crecientes amenazas proferidas desde septiembre contra casi dos centenares de defensores de derechos humanos, periodistas y políticos.

Esas amenazas estaban firmadas, en todos los casos, por bandas criminales de origen paramilitar.

Con respecto al ministro de Interior, Cepeda había anunciado que le preguntaría si "hay algún plan para, con métodos ilícitos, socavar el proceso de paz", después de que se hayan destapado varios escándalos de filtraciones y espionaje, como el "caso Andrómeda".

Este escándalo hace referencia a una fachada ‘Andrómeda’ desde la que interceptaron comunicaciones de los diálogos de La Habana y que fue descubierto el pasado febrero.

Los legisladores también tenían previsto abordar la divulgación por parte del expresidente y senador Álvaro Uribe "de información reservada" referida a los viajes a Cuba de líderes de las FARC.

Estos datos sólo están en poder de los servicios de inteligencia y el Ministerio de Defensa, dijeron entonces fuentes oficiales que no se explican cómo el expresidente tuvo acceso a ellos.