¿Y en dónde está la ministra de Transporte?

Una larga fila amarilla interrumpió el tránsito por varias de las vías arterias en Bogotá. Se trataba de la protesta de los taxistas que con pitos y arengas interrumpieron el circulación de una ciudad que ya es víctima de la parálisis vehicular. Tras horas de ‘operación tortuga’, alrededor de 700 taxistas terminaron en el Centro Administrativo Nacional, donde se ubica el Ministerio de Transporte.

Allí también se oyeron las arengas en las que los taxistas gritaban que era hora de que el gobierno nacional tomara decisiones radicales que los pongan en igualdad de condiciones con el servicio especial y de lujo que se prestan los vehículos que usan Uber, la polémica plataforma que ofrece transporte individual.

Los conductores se reunieron en tres puntos de la capital y en otras ciudades para reclamar. Las autoridades lo permitieron con la condición de que lo hicieran por el carril derecho. A pesar de ello, en la jornada se presentaron choques con la Policía, los cuales fueron denunciados por los choferes.

Por su parte, Uber tomó una radical e ingeniosa decisión: no cobrar el servicio en un rango menor a los 15.000 pesos. Lo hizo bajo una etiqueta que promovió entre sus usuarios en las redes sociales, #ColombiaNoPara.

Una vez en el Ministerio, los taxistas sintieron, otra vez, la apatía del Estado. La ministra de Transporte, Natalia Abello, no estuvo para escuchar sus demandas y tampoco se hizo presente funcionario alguno de esa cartera encargada de reglamentar el sector. Solo horas más tarde se conoció que representantes del gremio se reunirán el viernes con el viceministro de Transporte, Enrique Nates.

Radicalización

A pesar del compromiso de la reunión, los conductores radicalizaron sus posiciones. Los taxistas pasaron de pedir la legalización de Uber a amenazar con acabar con las empresas que afilian a los vehículos amarillos por lo que consideran una competencia desigual.

Para el gremio, dicha plataforma opera y desafía al Estado y rompe el con el ordenamiento legal, puesto que –según señalan– se permite que se preste un servicio sin los requisitos legales mínimos, entre ellos, el pago de impuestos, los seguros de los vehículos y el costosísimo cupo, que puede valer hasta tres veces el valor del taxi.

Por ello los taxistas piensan declararse en desobediencia, con lo que quedaría en entredicho la prestación de este servicio público que, manifiestan, quedará entonces en manos de particulares que no podrán asumir responsabilidad alguna.

Asamblea y mutis

Tras la movilización de este miércoles por las avenidas de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, los transportadores realizaron una asamblea para tomar la decisión. “Aquí todo el mundo quiere jugar a ser taxista y si el Estado acepta la ilegalidad, pues nosotros entramos en ella”, dijo el representante del gremio Hugo Ospina.

Mientras todo esto ocurre, el Ministerio de Transporte se toma su tiempo para entregar la sonada reglamentación que regularía el servicio de lujo. El Gobierno tiene hasta enero del 2016 para hacerlo.

Lo cierto es que ya hay quienes se preguntan dónde está la ministra Abello, que sólo se pronuncia a través de comunicados y que tampoco respondió hasta este miércoles a las solicitudes para entrevistarla.