Procuraduría no podría volver a sancionar a políticos elegidos por voto popular

La función más poderosa de la Procuraduría, que le permite expulsar de la esfera política a líderes elegidos popularmente, es la que precisamente puso varias veces en jaque a la entidad encargada de ser garante de los derechos ciudadanos. 

Casos como el de la exsenadora Piedad Córdoba o el exalcalde Alonso Salazar –quienes posteriormente recuperaron sus derechos políticos en el Consejo de Estado- o el de Gustavo Petro, cuyo caso es revisado por el alto tribunal, llevaron a que la figura del jefe del Ministerio Público pasara, a juicio de los más críticos, de ser un protector a un deslegitimador del voto de las mayorías.

Estas controversias -que también son recurrentes en múltiples demandas que cursan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- serían zanjadas por cuenta de la profunda cirugía al sistema electoral que propone la Misión elegida en el marco del proceso de paz.

Cumplidos tres meses de su creación, los integrantes de la Misión Electoral sentaron la base de lo que será la siguiente batalla política en Colombia. Una reingeniería alrededor al sistema electoral, fue entregada este lunes a la Presidencia para que comience consultas y, como ya lo anunció el gobierno, se entregue un proyecto final al Congreso la primera semana de mayo.

El trámite se realizaría por la vía del fast track y los cambios más radicales no serían de implementación inmediata, es decir, no aplicarían para las elecciones del 2018.

Lo que presentaron los miembros de la Misión Electoral incluye una nueva arquitectura institucional, listas cerradas para Cámara y Senado, y fórmulas de control para la financiación de campañas políticas.

La controversia por este revolcón comenzó hace varias semanas, por lo que ya se hicieron cambios sobre el documento preliminar. "Oímos a cada uno de los partidos, de las agrupaciones políticas”, aseguró Alberto Yepes, miembro de la comisión.

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Arquitectura institucional

Los expertos proponen que la Registraduría sea acompañada en el mapa institucional electoral por una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano.

Corte Electoral:

Estaría inscrita a la Rama Judicial y se encargaría de revisar todos los temas de justicia electoral. La novedad en términos de celeridad la determinaría que la corte fallaría en tiempo real actos previos de inscripción y de revocatoria, de manera que inhabilidades como el de la exgobernadora Oneida Pinto o el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, podrían tener un control previo y no posterior a la elección.

De esta manera contestan las críticas por los costos de la nueva entidad. Enfatizaron en que, según las cuentas, las elecciones atípicas de La Guajira le costaron al país $7.500 millones; las de Cereté $ 250 millones y las de Tumaco, que se realizarán en las próximas semanas, $2.500 millones.

Entre los cambios radicales que propone la misión es que la Procuraduría deje de sancionar los casos de elección popular y su papel se convierta en el de un órgano investigador y acusador ante la Corte Electoral, que deberá decidir sobre sanciones disciplinarias cuando estas impliquen la separación del cargo.

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Entre otras funciones de esta alta corte estarán la de resolver demandas de nulidad de elecciones, definir la pérdida de investidura, determinar pérdidas del cargo. También, por solicitud del Consejo Electoral Colombiano, deberán declarar la pérdida y suspensión de personería jurídica y la privación del derecho a presentar candidatos en una circunscripción.

¿Quiénes la integrarían?

De ser avalado por el Congreso, este tribunal estaría integrado por siete magistrados. Los primeros en llegar en esta alta corte serían los cuatro magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ente de cierre para asuntos electorales. Ellos estarían acompañados de otros tres: dos designados por la Corte Constitucional y uno por la Presidencia.

El Consejo de Estado es uno de los más críticos de las reformas que plantea la Misión, sin embargo, ante este nuevo escenario, en el que la Sección Quinta integrará la Corte Electoral, los magistrados realizarán un nuevo estudio del modelo planteado.

Una vez vayan cumpliendo su periodo, que será de ocho años, el sistema de integración de esta corte sería a través de dos ternas de la Corte Constitucional, dos de la Corte suprema de Justicia, dos del Consejo de Estado y una del presidente. La elección quedaría a cargo del mismo órgano de justicia electoral.

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Consejo Electoral Colombiano:

Reemplazaría al Consejo Nacional Electoral. Tendría por función dos ejes: supervisión de partidos y control estricto de financiamiento de la política.

El CEC recibe competencias como reglamentar el proceso electoral, un papel activo en la elección, la responsabilidad de convocar a elecciones, inscribir candidatos, efectuar escrutinios en todos los niveles, resolver las reclamaciones hasta la declaratoria de la elección, aprobar el censo electoral, entre otras.

Sería una institución con personería jurídica, autonomía presupuestal, presidido por siete consejeros elegidos de ternas enviadas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y la Presidencia. Sus integrantes no tienen que ser abogados.

Se darán más dientes a sus procesos de vigilancia y control, tendrán funciones de policía judicial para hacer seguimiento de organizaciones políticas y financiación de campañas; su acción será descentralizada.

Ampliación de la democracia territorial e intrapartidaria

La reforma plantea listas cerradas y bloqueadas para Senado y Cámara de Representantes.

En el caso del Senado, la Misión pide que se conserve la circunscripción nacional con 100 senadores. Sin embargo, destacan que la lista cerrada acabará con campañas de corte personalista, disminuye gastos y facilita la rendición de cuentas.

En el caso de la Cámara de Representantes lo que plantean los expertos es que cada departamento tenga por lo menos tres parlamentarios. A través de un mecanismo de elección mixto se busca que 173 representantes sean elegidos: 104 a través de distritos uninominales y 69 en lista plurinominal.

Financiación de campañas:

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La Misión propone que se mantenga el esquema mixto de financiación de campañas (recursos privados y públicos), pero aumentando la proporción que corresponde al Estado.

En este sentido, se establecería un aumento al 25% del total del financiamiento para las organizaciones políticas con personalidad jurídica, un 55% en función de los cargos obtenidos en Senado, Cámaras, Asambleas departamentales y Concejos Municipales y como premio a políticas de inclusión, un 20% por la presencia de actores tradicionalmente relegados, como “jóvenes y mujeres”.

El financiamiento se entregaría 50% antes del proceso electoral (40% en base a resultados precedentes; 10% de manera equitativa a todas las organizaciones que compiten, sin obligación de resultados electorales mínimos pero sí de rendición de cuentas).