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¿Misión imposible?

A la difícil tarea del Ministro de Defensa se agrega la necesidad de hacer equilibrismo entre la lealtad con el proceso de paz y la defensa de las Fuerzas Militares.

27 de diciembre de 1999

Las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, alborotaron el avispero. El Ministro salía hacia el Congreso el pasado miércoles y los periodistas lo cercaron en los corredores del Ministerio. Le preguntaron su opinión sobre las declaraciones de ‘Pablo Beltrán’, vocero del Comando Central del ELN, quien dijo el día anterior en Caracas que al finalizar un proceso de paz los guerrilleros deberían ingresar a las filas del Ejército. El Ministro dijo que al finalizar un proceso de paz exitoso era obvio que los alzados en armas deberían ser reincorporados por la sociedad y que una posibilidad era permitirles la entrada “a algún cuerpo especial o que se cree algún mecanismo que permita que esta gente se inserte en la vida pública”. Más adelante el Ministro dijo que imaginaba que se trataría de un “cuerpo especial de seguridad del Estado”.

Sin embargo un par de párrafos después las declaraciones del Ministro advertían que algo de esa naturaleza requeriría actos de buena voluntad de la guerrilla “porque realmente le daría mucho miedo a cualquier colombiano del común ver que a su Ejército entren personas que están dedicadas a secuestrar o a volar oleoductos”.

A pesar de la cautela de Ramírez en subrayar el carácter especial de semejante cuerpo especial de seguridad y de dejar por fuera a las Fuerzas Armadas la palabra Ejército apareció en un aparte de sus respuestas. Así que a la mañana siguiente se vio confrontado por los generales de la cúpula, quienes le preguntaron por el sentido de su respuesta. Pocos minutos después el incidente había sido aclarado. El Ministro les explicó a los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora que su respuesta se refería a la posibilidad de crear entidades como el DAS rural, como se hizo en algún momento con los ex guerrilleros del EPL, o grupos de protección, como se hizo en el caso del M-19. Los generales estuvieron de acuerdo con el Ministro.

Por eso cuando le preguntaron al general Mora en Santa Marta qué opinaba sobre las declaraciones del vocero de los elenos él no tuvo pelos en la lengua. “Creo que es inmoral que se incorpore esta gente que ha matado y que ha violado los derechos humanos. Es un imposible moral que se vinculen a las Fuerzas Militares”.

Para muchos se trataba de un enfrentamiento abierto entre el Ministro de Defensa y el comandante del Ejército que terminaría en un conflicto de grandes proporciones. Pero nada de eso ocurrió. La imprecisión en que se había incurrido en los diarios fue corregida dos días después y el caso no pasó a mayores.



Ministro de

Defensa, no de paz

No obstante el caso ilustra en buena medida la encrucijada en la que se encuentra quien ocupa el Ministerio durante una negociación de paz en medio de la guerra. Por una parte, el Ministro está obligado a seguir la política presidencial en materia de proceso de paz y a apoyarla. Por otra, debe cumplir con su función de hacerle frente a la guerrilla, fortalecer a las Fuerzas Armadas y defender a las instituciones armadas. De no hacer lo segundo pierde el respaldo de los generales, pero si no cumple con lo primero se erosiona el del Presidente.

A semejante lío se agrega, en el caso de Luis Fernando Ramírez, el hecho de haber reemplazado a un ministro como Rodrigo Lloreda Caicedo, quien salió de esa cartera precisamente por esgrimir una posición frente al proceso de paz encontrada con la del Presidente y su Alto Comisionado para la Paz. En su discurso de posesión Ramírez, quien fue fórmula vicepresidencial de Pastrana en 1994 y es reconocido como un técnico sobresaliente en materia de hacienda pública, se fue por el camino moderado en materia de proceso de paz y durante los primeros meses de su gestión ha adoptado un perfil bajo.

Sin embargo su estrategia dentro de las Fuerzas Militares le ha ganado el respeto de los generales. Ante la evidente incomodidad de los mandos frente a lo que se conoce como el ‘síndrome de la Procuraduría’ el Ministro ha demostrado creatividad y decisión. Por ejemplo, en el frente doméstico, un pool de abogados contratados por el Ministerio defenderá a los uniformados que estén siendo investigados o juzgados por actos relacionados con el servicio y promoverá las denuncias y el seguimiento de los casos penales contra quienes dirijan ataques a poblaciones u otro tipo de actos delictivos. En el internacional, el Ministerio replicará la estrategia de la guerrilla, defendiendo en el exterior a quienes están siendo acusados y atacando a la guerrilla cuando sus frentes cometan abusos contra la población civil o actos de barbarie. Algo semejante ha diseñado Ramírez en materia de comunicaciones.

Su cercanía con el Presidente le ha permitido, además, ganar terreno en lo que tiene que ver con los recursos destinados a las Fuerzas Militares dentro del Plan Colombia. De los 3.500 millones de dólares solicitados a Estados Unidos casi 2.000 serán destinados a su Ministerio.

Estos son apenas algunos ejemplos de las iniciativas de Ramírez quien, como buen jugador de largo plazo, se ha dedicado a ‘hacer la tarea’ y a aprender de un oficio del cual sabía muy poco al ser nombrado. Pero a pesar de todo lo que ha logrado en tan corto tiempo a Ramírez lo ven como un Ministro muy cercano al Presidente y, por ende, ignoran en qué lugar se encuentra en materia de proceso de paz. Muchos afirman que Ramírez tiene una posición bastante más ‘dura’ de la que expresa en público, pero lo cierto es que hasta ahora sus declaraciones en materia de paz y orden público han sido mesuradas.

Es en materias como la de la inserción de los guerrilleros al Ejército en las cuales se hace evidente la dificultad de ejercer como Ministro de Defensa mientras se negocia la paz con una guerrilla a la que se enfrenta militarmente.

Y es evidente que no será esta la última vez que aparezca una iniciativa que hable de lo que implicará una negociación de paz en materia de reforma de las Fuerzas Militares. De hecho, tanto en los acuerdos de El Salvador como en los de Guatemala, se produjo algún tipo de incorporación de los ex guerrilleros a los cuerpos armados del Estado y se introdujeron reformas a las instituciones oficiales. Lo cual agrega un tercer reto a los que enfrenta el Ministro. Ya no sólo deberá defender a los militares y fortalecer a las Fuerzas Armadas. O hacerlo, conservando la lealtad con la política de paz. Ahora, además, tendrá que preparar a las Fuerzas Militares para la paz.