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| 1/23/2015 10:00:00 AM

Mitos y realidades sobre la seguridad en Bogotá

¿Aumentó la tasa de homicidios en la capital durante la administración de Gustavo Petro? Ariel Ávila responde.

El año 2015 comenzó con un debate en torno a los indicadores de seguridad en Bogotá, medidos por los delitos de alto impacto, en total diez, también se ha presentado una discusión en torno a la percepción de seguridad. La mayoría de los indicadores de alto impacto mostraban comportamientos negativos, aunque varios de ellos estables cuando se analizan tendencias a largo plazo. Por ejemplo, la tasa de homicidio en Bogotá pasó de 16,7 por 100.000 habitantes en 2013 a 17,4 en el 2014, al quitar los decimales y acercar, la cifra permanece estable en 17 puntos porcentuales por 100.000 habitantes. La siguiente gráfica muestra la evolución del homicidio en Bogotá entre 1990 y el año 2014. 

Tasa de Homicidio en Bogotá 1990-2014.


Procesado por la Fundación Paz y Reconciliación. 
 
Procesado por la Fundación Paz y Reconciliación.

Dentro de este aumento del homicidio en Bogotá, preocupa que se pasó de 94 casos de homicidios por encargo o sicariato en el 2013, a 215 en el 2014, es decir, un aumento superior al 100 %. Este sicariato, está relacionado con la planificación del hecho y una estructura criminal que ejecuta el homicidio. Se diferencia del resto de homicidios por la especialización del mismo.

Otro caso interesante de analizar es el hurto de motos, los datos indican que el número de hurtos aumentó en el año 2014 con respecto al 2013, pero al analizarlo por tasa, la cifra muestra una disminución, al pasar de 72,2 a 69,5. Esta situación se explica debido al aumento del número de motos en circulación en las calles de Bogotá. El hurto a personas, tal vez es el caso más complejo de victimización de la ciudad. La cifra entre el 2014 y el 2013 aumentó marginalmente, pero en el histórico es evidente un deterioro sostenido desde el año 2012, como lo muestra la siguiente gráfica.  
 

Datos del CEACS. Distrito de Bogotá.

En asuntos de sensación o percepción de inseguridad, la situación es igualmente compleja, según la Cámara de Comercio de Bogotá, para el primer semestre del 2014, el 43 % de los bogotanos manifestaba que la inseguridad había aumentado, el 47 % manifestaba que seguía igual al semestre anterior y sólo el 9 % consideró que la inseguridad había disminuido. Para el 2013 las cifras eran 52 %, 36 % y 12 %, respectivamente.

Lo que actualmente pasa en la capital colombiana se pueden agrupar en cuatro grandes conclusiones. Por un lado, existe una trasformación de la criminalidad, además de un desplazamiento territorial de confrontaciones entre estructuras mafiosas. Por ejemplo, en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa se vive una expansión de los denominados ganchos o marcas de droga. Estas casas criminales se están haciendo al control de estas “ollas” por medio de la contratación de grupos delincuenciales juveniles y pandillas barriales. Este fenómeno explica la muerte de varios “jibaros” o expendedores de drogas en estas localidades. Otro de los temas complejos se refiere a la vendetta entre los herederos de la estructura de Víctor Carranza y en general la guerra entre mafias esmeralderas.

En el año 2014, cerca de seis esmeralderos sufrieron atentados en Bogotá, varios de sus abogados y testaferros, incluso en el municipio de  Arbeláez, Cundinamarca, cerca a la capital, fue asesinado alías el Pequinés, hombre que fue cercano a Carranza. También preocupan los niveles de “profesionalización” de la criminalidad especializada, como los fleteros y la piratería terrestre, al igual que las bandas de apartamenteros. Aquí el tema es que dicha transformación de la criminalidad no ha significado una transformación de la operatividad de la Policía y tampoco un cambio de política pública. 

La segunda explicación es institucional; en términos estrictos la Policía no se ha profesionalizado en Bogotá, es una policía preparada para tratar temas de contravencionales o convivenciales, al igual que temas vecinales, pero no está preparada para los temas de crimen organizado, delincuencia semiestructurada. Por tanto sus respuestas siempre son la restricción de comportamientos a los ciudadanos, como toques de queda o temas de traslado a las UPJ. Este tema es particularmente importante, pues apunta a la necesidad de una reestructuración de la concepción misma sobre cómo se entiende el papel de la Policía en las ciudades colombianas. 

Una tercera explicación a estos fenómenos apunta a lo que ya es una crisis nacional, el colapso del sistema judicial. La inoperancia judicial ha llevado a que personas capturadas en reiteradas ocasiones, por delitos como hurtos, queden en libertad horas después, a restricciones para que la ciudadanía denuncie, a una demora exagerada en las investigaciones, y sumado a esto a un sistema penitenciario que más que resocializar, termina mejorando las destrezas criminales de las personas condenadas. Colombia debe ir pensando en un debate importante sobre los protocolos de investigación criminal, la profesionalización en materia de investigación y un debate profundo sobre la capacidad administrativa del sistema judicial. La justicia no está contribuyendo a la seguridad ciudadana.

Un último tema que ha influido en el comportamiento negativo de algunos indicadores de victimización se refiere a la gestión territorial de la seguridad. En términos generales no hay un lenguaje común, ni directrices únicas en materia de seguridad y convivencia. Por un lado, la Alcaldía de Bogotá tiene un Plan Integral de Seguridad que no coincide del todo con las metas y estrategias de la Policía; las alcaldías locales igualmente confunden la seguridad con la defensa, allí los programas de prevención son bastante insuficientes y no hay indicadores de seguimiento ni evaluación a este tipo de programas y proyectos. También estos fenómenos muestran la necesidad  de generar acciones de coordinación con la Policía de carreteras, la Alcaldía de Soacha, y en general una coordinación con los municipios circundantes de Bogotá.

Ariel Ávila.
Fundación paz y reconciliación.

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