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| 4/4/2009 12:00:00 AM

¿Momento de hablar de paz?

Varios sectores del sector privado, la Iglesia, la política y las ONG empiezan a construir agendas para una solución política negociada. La discusión va al centro del debate de cómo ponerle punto final al conflicto armado.

En los últimos seis años en Colombia sólo se habló de guerra: de operaciones militares, de impuesto al patrimonio, de deserciones, recompensas, de bombardeos, y de minas y secuestros. Hablar de paz y negociación con las guerrillas estaba proscrito. Los movimientos por la paz se fueron extinguiendo y hasta la Iglesia fue apagando su voz en este tema. Pero la guerra y la paz son solo los extremos de un péndulo que va y vuelve de acuerdo con las circunstancias. Y hace pocos meses se ha vuelto a hablar de paz. Reuniones discretas de importantes empresarios, políticos, líderes sociales, miembros de la Iglesia en varias ciudades del país. Desayunos para explorar agendas de negociación; grupos internacionales que buscan nuevos mediadores para el conflicto colombiano. Cartas exploratorias que van y vienen, y un nuevo lenguaje que habla de reconciliación empieza a escucharse.

Desde el año pasado han surgido por lo menos cinco grandes iniciativas de paz que tienen en el fondo un mismo objetivo. Lograr que el tema del fin de la guerra se convierta en la piedra de toque de la campaña electoral que ya está en marcha.

Para empezar, está el llamado grupo de Washington que surgió de una reunión de 60 personas, la mitad colombianos y la mitad gringos, realizada en diciembre, para impulsar ante el gobierno de Obama la idea de la solución política al conflicto, entre otros puntos. La idea, grosso modo, es que si Estados Unidos ha dado más de 6.000 millones de dólares para la guerra contra el narcotráfico y las Farc en Colombia, es hora de que se convierta en impulsor de una negociación. Este grupo, liderado en Colombia por Jorge Rojas, de Codhes, ha enviado una carta al gobierno de Obama y esperan un pronunciamiento de éste en la próxima Cumbre de las Américas.

Por otro lado, está el llamado grupo de Sainville, por el nombre del hotel donde se reunió este año en Cartagena, que respondió a una convocatoria del obispo de Sucre, Nel Beltrán. El prelado, quien ha sido garante en varios procesos de paz tanto con guerrillas como con paramilitares, convocó a políticos de todas las tendencias, académicos y empresarios para debatir una agenda mínima que lleve a una especie de pacto nacional por la reconciliación entre los colombianos, en el entendido de que las negociaciones en sí mismas no garantizan la paz, pero también por la defensa de la legalidad y la democracia.

De otro lado la Iglesia y la Comisión Nacional de Conciliación anunciaron que realizarán una consulta por sectores y regiones sobre unos mínimos de la paz, con la idea de que los candidatos a la Presidencia incorporen el tema en sus campañas. La Iglesia, que se había caracterizado por su discreción en el tema, volvió a enarbolar las banderas blancas y las ramas de olivo con las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Rubén Salazar, que pide de frente una solución negociada del conflicto con las Farc.

Y por último, está Colombianos por la Paz, cuyas gestiones para liberar a los secuestrados, aunque es mirada con suspicacia por el gobierno, ha caído bien en muchos sectores, al punto de que ya se han adherido 50.000 personas. Este grupo, liderado por Piedad Córdoba, tiene el claro propósito de abrirles espacios políticos a las Farc, como única manera de que estos accedan a la negociación y no se conviertan en un grupo fanático estilo talibán, dedicado exclusivamente a la dialéctica del plomo. Lo importante de este grupo es que es el único que realmente tiene canales de comunicación con las Farc y el único al que éstas consideran interlocutor válido.

Todos estos sectores están tratando de aclimatar la idea de que la solución militar, si bien es posible, es muy dolorosa, y que la negociación no puede ser descartada como camino. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, dice que en los últimos ocho años el país había construido un consenso muy fuerte alrededor de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe "pero la reelección está rompiendo ese consenso y por eso empiezan a expresarse otras propuestas". Prueba de ello es que las gestiones de Piedad Córdoba con las Farc la han disparado en las encuestas.

Varios empresarios, sectores sociales, políticos y la comunidad internacional -que respetan y respaldan los logros de la seguridad democrática- han empezado a percibir el agotamiento de una política de Estado militarista. En estos sectores hay preocupación porque el desarme de los paramilitares no garantizó la pacificación de las regiones donde operaban, y consideran que el debilitamiento militar de las Farc abre un espacio de negociación política para firmar la paz.

Pero los nobles y muchas veces necesarios propósitos de estas iniciativas se enfrentan a una coyuntura adversa. En primer lugar, por la enorme desconfianza. Hoy el distanciamiento, los miedos y los prejuicios entre la guerrilla y el gobierno son más hondos que nunca.

Una segunda adversidad es que el país está viviendo una esperanza palpable de victoria militar. Hay cierta embriaguez de un triunfo cercano después de la Operación Jaque, de la muerte de 'Raúl Reyes', de 'Iván Ríos', y del propio 'Tirofijo'. La idea de que las Farc se desmoronan se ha arraigado en mucha gente, y el paradigma de que eran inderrotables, y de que el Secretariado, su cúpula legendaria, era inexpugnable, se rompió. En medio de esta entendible ilusión, para la mayoría de la gente buscar un acuerdo a estas alturas es casi una claudicación o, para quienes comandan la guerra, un imperdonable error estratégico.

Por último está la campaña electoral. Los políticos dicen lo que la gente quiere oír para ganar las elecciones, y el clima de opinión para una idea de negociación está bastante frío. El éxito de Uribe con su política de seguridad ha hecho que la mayoría de candidatos se muestren como continuadores de la mano dura, y exhiben la negociación como el 'coco' antielectoral, como lo demostró Rodrigo Rivera cuando sacó su controvertido test sobre la seguridad democrática.

Además, porque en el fondo nadie sabe con qué van a salir las guerrillas. Cuando parecía que se aclimataba algo con las Farc vino la masacre de los indígenas awá, los intentos de atentar contra importantes periodistas y empresarios, y en centros urbanos bombas. Un solo acto terrorista de gran magnitud y se daría al traste con estos esfuerzos por la paz y la reconciliación. Y, por el lado del ELN, el desgaste que vivieron las organizaciones de paz en reuniones interminables, sin ningún horizonte de resolución, es irrepetible. Por eso muchos de ellos, desde posiciones más realistas, dicen que sólo se la juegan cuando tengan verdaderas garantías de terminar en armisticio.

Como si fuera poco, la agenda del gobierno va por otro lado. Mientras el ministro Juan Manuel Santos anunció esta semana que las Fuerzas Militares se encaminan a un salto estratégico que estrechará más el cerco contra las Farc, el presidente Uribe volvió a estigmatizar a quienes hablan de negociación, advirtiendo que podrían ser "instrumentos" de la guerrilla.

El problema de fondo es que Colombia parece atrapada en una falsa disyuntiva entre negociación o guerra. Por un lado, están quienes sólo creen en la salida militar mediante una derrota total de las Farc y, por el otro, están quienes sólo ven posible el fin del conflicto armado colombiano mediante una negociación política con la guerrilla. Los primeros son vistos como unos miopes militaristas de derecha por los segundos, y los segundos son vistos como unos ingenuos pacifistas de extrema izquierda por los primeros.

El camino, en este caso, está por el extremo centro. Es decir, por el camino de la presión militar que obligue a la guerrilla a deponer las armas y lograr una salida negociada. Si, como decía Clausewitz, la guerra es la prolongación de la política por otros medios, en la coyuntura histórica que vive Colombia la presión militar es el mejor instrumento de la política para allanar el camino de la paz.
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