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| 10/27/2012 12:00:00 AM

Monopolio de taxis: imperialismo amarillo

Las exigencias para los taxistas que quieren trabajar en el nuevo aeropuerto rayan en el abuso y reflejan el monopolio de taxis que se está consolidando en Bogotá.

El aviso sobre la avenida 26 lo dice claramente: solo taxis autorizados pueden entrar a recoger pasajeros al nuevo aeropuerto Eldorado, que se inauguró la semana pasada. Por si las dudas, agentes de Tránsito revisan que todos los autos amarillos porten en el panorámico una calcomanía distintiva con el letrero Taxi Imperial. Esta empresa firmó un contrato para prestar el servicio de transporte de pasajeros por cinco años con Opaín, que opera en concesión el nuevo aeropuerto. Y aunque el contrato exige una flota permanente de 1.000 taxis, y hasta más si el tráfico de pasajeros aumenta, el viernes y el sábado pasado, cuando se estrenó la nueva terminal internacional, no había suficientes carros. Según el coordinador de taxis en la fila del aeropuerto, la lluvia y el trancón fueron las causas.

Pero los conductores ofrecen otra explicación. En los próximos días van a desertar varios taxistas porque no están dispuestos a firmar los contratos que quiere imponer Taxi Imperial, que califican como leoninos y poco rentables. Un conductor, que pidió la reserva de su nombre, dice que el problema es que los dueños de la empresa están abusando de sus afiliados. "Nos están cobrando una 'vacuna' para poder trabajar".

Taxi Imperial es una unión temporal de varias empresas representadas por el exsenador boyacense Eduardo Hernández, socio del empresario Uldarico Peña, más conocido como el rey de los taxis en la ciudad. Ambos se conocen desde hace años, cuando empezaron 'pescando' pasajeros en el aeropuerto, según cuentan los veteranos del gremio. Hoy son los 'cacaos' detrás de los taxis con el número 1 estampado en sus vehículos, y dueños del Centro Comercial Carrera, especializado en vender desde los vehículos hasta los seguros.

De las nueve empresas que conforman Taxi Imperial, en ocho están sentados como miembros de la junta directiva, el mismo Peña, o uno de los integrantes de la familia Hernández. Luego de haberse ganado el contrato con Opaín, los Hernández también se quedaron con las acciones de Taxtotal, la única empresa que no tenía relación familiar o de negocios previamente con Hernández, quien también es dueño de un estratégico parqueadero en inmediaciones del aeropuerto, donde esperan el turno los vehículos que van despachando para recoger pasajeros.

En ese parqueadero se exhibe hoy un taxi marca Fiat y a los conductores ya les dijeron de la empresa que ese será el carro que deben comprar a mediano plazo para trabajar en el aeropuerto, porque la idea es unificar la flota. El problema es que los dos modelos de taxi Fiat que hay en el país cuestan más de 100 millones de pesos, y según un representante de la marca, solo los vende en el país una de las empresas de Hernández.

En los contratos que Taxi Imperial le hace firmar a cada taxista que quiere trabajar en el aeropuerto se le exige que debe cambiar su carro cuando Taxi Imperial lo solicite, y por el modelo y las características que este considere apropiadas. También que debe adquirir los equipos de telecomunicaciones que la empresa diga y que ella misma vende. Es una tablet que cuesta aproximadamente 1 millón de pesos más 128.000 mensuales por conexión a internet. "La 'tablet' da el derecho de trabajar en el aeropuerto", dice una de sus vendedoras. Además, los taxistas que hoy pagan 12.000 pesos diarios por ingresar al parqueadero del señor Hernández, deberán cancelar, a partir de la firma del contrato, 240.000 pesos en los primeros días del mes, más 95.000 por el servicio de transmisión de datos. A esto se suma los nuevos uniformes que también exige la compañía, la calcomanía para el carro y el carné de identificación. "A mí me quedan 30.000 diarios después de pagar todos los gastos y gasolina. No me cuadra", dice un taxista de la empresa. SEMANA buscó hablar con Eduardo Hernández y Uldarico Peña pero no fue posible antes del cierre de esta edición.

Un empresario de otra firma de taxis le dijo a SEMANA que decidió no participar en la invitación que hizo Opaín a varias compañías, porque los costos que como empresa deben pagarle son inviables. "Esto es como un dominó", explica. Según él, van a tener que aumentar las tarifas a los pasajeros para que los taxistas puedan pagarle a la empresa afiliada, y para que esta a su vez pueda pagar a Opaín, que llevará un control de cada carro que entra a la bahía a recoger pasajeros. Se supone que por cada vehículo que recoge un pasajero, la empresa paga a la concesión del aeropuerto 1.000 pesos, y como mínimo sin importar las carreras, 87 millones mensuales. Igualmente le cobran un arriendo mensual de otro parqueadero y de unas taquillas que aún no están instaladas.

Como el contrato no se rige por las normas de la contratación pública, las quejas, tutelas y demás acciones que algunos taxistas han presentado ante esta situación y ante organismos de control, no les han servido de mucho. Son la ley del mercado, el monopolio Imperial y las exigencias del concesionario las que están generando esta situación.
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