"Montar esto no ha sido nada fácil"

SEMANA: Ya se va a cumplir un año de empezar a ejecutar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Cómo recibe las críticas a la falta de ejecución del gobierno y de la Ley?

PAULA GAVIRIA: Yo no le he contado al país lo que implicó montar la unidad, no fue tan fácil como decir hágase la Unidad para las Víctimas, como por arte de magia. Hoy tenemos un andamiaje institucional que no existía que es la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. El 15 de diciembre terminamos de contratar a los últimos funcionarios de planta. Ya están las 20 sedes territoriales instaladas y eso implica que ya están todos los equipos trabajando.

SEMANA: ¿Apenas ahora tienen sedes propias?

P.G.: La primera que inauguré fue en octubre y solo tuvimos carnés de identidad y chalecos a partir de ese mes. Esto no ha sido fácil, pero hoy en todas las visitas que he hecho, en el 90 por ciento de las sedes y equipos hay una cohesión, y el recuerdo de lo que fue Acción Social empieza a diluirse.

SEMANA: Por eso justamente ha habido críticas, que se hayan desmontado entidades que funcionaban como Acción Social y la Comisión de Reparación para empezar de cero con la nueva Unidad de Víctimas.

P.G.: La Defensoría, que es una de las que ha hecho las críticas, dice que debía haber una transición para seguir atendiendo mientras se creaba la nueva institucionalidad. Nosotros decidimos esperar a que el andamiaje estuviera más o menos listo para empezar a la ejecución. Yo este año lo parto en dos. De enero a finales de mayo, y de finales de mayo a ahora. La primera etapa fue construir y diseñar, sacar el Conpes y valorar cuánto se necesita para la reparación.

SEMANA: ¿Entonces la ejecución como tal solo empezó en mayo?

P.G.: La verdad, sí. Las reparaciones solo empezaron en la última semana de mayo. Pero mire, yo creo que falta asumir la implementación de la Ley como un proyecto de país. Si no es una apuesta de todos va a salir mal. Y siento que hay sectores que aún no están interesados en que este proceso sea exitoso. No estoy hablando necesariamente de la famosa mano negra, o de los enemigos agazapados. Lo que veo es una falta de credibilidad de la gente que ha reclamado históricamente que se les preste atención a las víctimas o a los vulnerables. Están prejuzgando y están haciendo balances prematuros.

SEMANA: ¿Esas dudas se han presentado sobre todo en el tema de restitución de tierras?

P.G.: Sí. Y tal vez fue un error nuestro como gobierno. El presidente en muchas ocasiones habló de la gradualidad, que era un proceso, pero se creó un imaginario de que a partir del 2 de enero de 2012 todo iba a empezar a funcionar automáticamente y eso no es así, el procedimiento de tierras es complejo, tiene momentos que no dependen exclusivamente del Ejecutivo. A mi modo de ver, ha funcionado mejor de lo que se esperaba y el proceso de respuestas de los jueces de tierras ha sido ágil. Pero de por medio está la capacidad de las instituciones de convencer tanto a las víctimas como al país de que es posible. Y no se convence con discursos, se convence con hechos, con cosas materiales y tangibles.

SEMANA: Hablando de los hechos entonces, ¿hasta la fecha cuántas hectáreas de tierras han restituido y cuantas víctimas ha reparado el gobierno?

P.G.: Le puedo hablar de las de la reparación (Ver cifras de restitución de tierras, que corresponden a otra unidad, en recuadro). La meta de indemnizaciones al finalizar el año era 110.000. Esa meta la cumplimos el 20 de octubre y este año terminará con 156.000 o 160.000 víctimas indemnizadas.

SEMANA: ¿Qué queda pendiente?

P.G.: Voy a terminar con 25.000 solicitudes de ayuda humanitaria pendientes para enero, pero vienen con un rezago de años anteriores. Lo que estamos haciendo es cambiando la mentalidad frente a la ayuda humanitaria. La idea es que desde el primer momento en que la persona toque las puertas del Estado, nosotros podamos ofrecerle una gama de opciones, no solo la ayuda humanitaria y chao. Se les reconoce como víctimas y se les invita a hacer un plan, haciendo un diagnóstico primero de sus condiciones familiares, qué ha hecho la persona desde que sucedió el evento de violencia, qué hace hoy y qué quiere hacer esa persona. Ya 16.000 víctimas han dicho que quieren un plan, y de estas, 8.000 ya tienen un plan de inversión de los recursos de la indemnización.

SEMANA: ¿Las amenazas que han sufrido algunas víctimas están obstaculizando el proceso?

P.G.: Me preocupa mucho porque ha sido bien difícil construir espacios y confianza con las mismas víctimas. Los mecanismos de protección lo que hacen es que sacan a la víctima de donde está, pero esa víctima que tiene un vínculo con un espacio y una comunidad, se va a otra parte y queda desarticulada. Estamos estudiando alternativas porque no podemos dejar que la seguridad se convierta en un problema.

SEMANA: ¿Y cómo ha sido la articulación con otras entidades del Estado, sobre todo con alcaldías y gobernaciones, de quienes depende en gran medida que se pueda implementar?

P.G.: Los tiempos que nos puso el Legislativo estaban trastocados. La Ley dice que las alcaldías tenían que tener sus planes de acción territoriales para el 10 de junio, pero era una locura, porque el Plan Nacional no lo pudimos tener tampoco antes del 24 de mayo. Sin embargo, hay departamentos como Nariño en donde el 100 por ciento de los municipios tienen ya sus planes, más el departamental, que recoge una visión más integral y se hace una planeación conjunta. También ha sido bueno el trabajo en Bolívar, Meta, Cundinamarca y Antioquia, que está en un 80 por ciento.

SEMANA: ¿Y cuáles entidades territoriales se rajan?

P.G.: Ha sido difícil en Santa Marta.

SEMANA: ¿Y qué tanto están apoyando los entes de control a la implementación de la Ley?

P.G.: El año entrante voy a tener que certificar, ponerles carita feliz o triste a algunos, lo dice la ley, porque hay entidades que aún no se sienten parte del sistema.

SEMANA: ¿Y cuáles son esas?

P.G.: A la Fiscalía le falta involucrarse más, como que se quedó aún con el casete de la Ley de Justicia y Paz.

SEMANA: Por lo que cuenta, la debilidad y falta de articulación del Estado, tanto regional como nacional, sigue siendo un problema grave para poder implementar la Ley.

P.G.: Ese es el reto. No podemos exigir el cumplimiento de la Ley de Víctimas con el mismo rasero para todos los municipios, no están en las mismas condiciones. A partir de febrero del año entrante vamos a tener un índice de capacidad territorial en donde vamos a medir efectivamente qué tanto pueden o no responder los municipios.

SEMANA: ¿Entonces la capacidad del Estado es el enemigo principal para ejecutar la Ley?

P.G.: Es el desafío grande, es una condición que nos pide la ley para su éxito.