Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/11/23 20:13

El entierro del proyecto bandera del fiscal

Esta es la historia de cómo en menos de dos años uno de los proyectos estrella de la Fiscalía terminó sepultado de la peor manera.

Eduardo Montealegre. Foto: Archivo particular

Dos años después de ser inaugurada con ‘bombos y platillos’ la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), más conocida como la Universidad de la Fiscalía, será cerrada para siempre.

Detrás de todo esto hay una serie de irregularidades. Persecución, allanamientos, amenazas, y decisiones arbitrarias que acabarán con el que era uno de los proyectos bandera del fiscal Eduardo Montealegre. La institución, que no muchos conocen y pocos saben para qué sirve, dejará de funcionar pese a que en dos años de actividades, entre 2014 y 2015, tuvo una inversión de 31.245 millones de pesos.

La universidad cuenta con 23 estudiantes matriculados en una tecnología, 11 en la especialización de juicio oral y cinco en la de pensamiento crítico. El claustro tiene 16 gestores de conocimiento y 64 empleados administrativos y académicos. La sede está situada en Aquimindia (Cota, Cundinamarca), en donde funcionó por años la escuela de formación de detectives del desaparecido DAS. Los estudiantes pagan entre 1,4 y seis millones de pesos por sus estudios.

En la inauguración del centro educativo el jefe del ente acusador expuso “la universidad hace parte de una gran apuesta para tecnificar la Fiscalía General de la Nación e iniciamos un gran proceso de capacitación en nuevas tecnologías. Hemos contado con el apoyo del presidente de la República, de la ministra de Educación y ya está el proceso de aprobación de todos los programas que tendrá”, dijo Montealegre el pasado 7 de julio del 2014.

Entre amores y odios

Menos de dos años después de inaugurada comenzó el declive de la institución. En un hecho insólito, hombres del CTI de la Fiscalía se tomaron la sede de la universidad en un allanamiento ordenado por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema (la misma que debe investigar las polémicas contrataciones de Natalia Springer con la Fiscalía).

La orden fue impartida por el propio jefe del ente acusador. En esa diligencia se ordenó revisar los puestos de trabajo de Jorge Ernesto Durán Pinzón (secretario general) y Fabián Antonio Mariño (asesor de la Secretaría General). También les fueron incautados los computadores y sus discos duros quedaron en cadena de custodia. Las razones de la Fiscalía para ordenar este procedimiento se basaron en el presunto delito de plagio que se registró en la elaboración de un documento de gestión sobre tecnologías de información y las comunicaciones.

“El viernes 5 de junio la Secretaría General envió el informe de diciembre-mayo sobre la gestión de las Tecnologías de la Información y la comunicación. En dicho informe relaciona cuatro anexos que abarcan los servicios de soporte técnico, acompañamiento, convenios, planeación tecnológica y procesos contractuales adelantados”, dice uno de los apartes que sustenta la exótica operación.

Añadió además que “después de revisar el documento se encontró que algunos párrafos del informe son una reproducción textual de varios documentos, entre ellos: plan estratégico de las comunicaciones de la Universidad de Antioquia, documentos de la Universidad Católica, documentos de la Universidad Distrital, Wikipedia”.

Ante este señalamiento, fuentes de la institución universitaria señalaron que todo se trató de un malentendido que fue corregido en su momento. “El documento sí presentaba unos problemas de citas en la elaboración, pero se corrigió en cuanto se detectó. Lo cierto es que la medida fue muy exagerada por parte de la Fiscalía en cuanto esto era un documento interno que no saldría en publicación oficial o científica”, explicaron a Semana.com.

Ese allanamiento soportado en un supuesto delito menor fue el primer paso hacia la tumba de la naciente universidad de la Fiscalía. Pero la arremetida del fiscal general no se detuvo y el 10 de agosto ordenó a la misma fiscal cuarta delegada para que citara a interrogatorio en calidad de indiciado al director de la CIJ, César Augusto Solanilla, por el presunto delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia. La citación se extendió también al secretario general, Jorge Ernesto Durán.

A los pocos días, el pasado mes de agosto, llegó otra orden bastante inusual. Se trataba de una directriz en la que se les comunicaba a los directivos de la universidad que debían entregar la sede.

“En ejecución de los programas de capacitación dirigidos al departamento de formación y desarrollo de la Fiscalía, se dará inicio a las actividades de formación para sus servidores en el denominado Aquimindia (…). En consecuencia, la Fiscalía necesita el aludido inmueble para destinarlo a la referida finalidad, motivo por el cual se solicita la entrega inmediata de la sede”, dice el documento interno en el que sustentan la petición para desalojar la universidad y el cual está firmado por Marcela Yepes, directora de apoyo a la Gestión.

En la misiva la representante de la Fiscalía ofreció como alternativa a la Universidad tomar tres opciones de propiedades que pertenecen a la Fiscalía: una casa aledaña a la Universidad Nacional, un lote ubicado en la vía Chía-Cajicá o un inmueble cedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

El problema del ofrecimiento es que se pierde el dinero invertido por la misma Fiscalía para el funcionamiento y las adecuaciones de la sede educativa. La decisión es cuestionable pues fue la misma funcionaria la que el pasado 15 de octubre bajo el radicado 0051 advirtió que la entidad se estaba quedando sin presupuesto.

En el documento, revelado por Semana.com, Yepes advirtió a los principales despachos del orden central y a las direcciones y subdirecciones seccionales acerca de la austeridad en el gasto de viáticos y gastos de viajes.

Algo huele mal

Ante la denuncia de Semana.com, el fiscal Eduardo Montealegre anunció que la institución cambiaría su naturaleza para ser una Escuela de Altos Estudios y así “no interrumpir los proyectos de capacitación”.
Montealegre precisó que la problemática económica de la entidad surge de la determinación del gobierno nacional de reducir los presupuestos de todas las entidades del sector público, debido especialmente a la crisis de los precios del petróleo en el mundo.

Por esto, explicó, “propondremos al Congreso que le cambiemos la naturaleza a la institución universitaria para que a través de un proyecto de ley que ya se está trabajando, pase a ser una escuela de altos estudios, dependiente del presupuesto de la Fiscalía”.

Lo que no dijo el jefe del ente acusador es que esta propuesta sería el fin del proyecto educativo. Así quedó en la Resolución 02889, firmada el pasado 11 de noviembre por él mismo.

En ella se establece la creación del Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía adscrito al departamento de Apoyo a la Gestión, que tendrá como funciones: identificar las necesidades de capacitación de la Fiscalía, desarrollar programas de educación, adelantar investigaciones académicas, combinar alianzas con centros educativos nacionales e internacionales, entre otras funciones que venía cumpliendo la Universidad.

Esta propuesta registra otro problema y es que no resuelve la situación para los estudiantes que adelantan la profesionalización. Lo más crítico es que no podrían homologar sus estudios con ninguna institución en el país, debido a que ninguna otra universidad cuenta con un pénsum similar.

Además de los estudiantes que tiene en sus tres programas académicos, en el 2015 la universidad ha capacitado cerca de 1.120 funcionarios de la Fiscalía en distintas disciplinas y ha establecido los perfiles de competencia para la incorporación en carrera judicial de 16.000 funcionarios del grupo de fiscales y policía judicial.

La idea era formar a los profesionales en áreas de investigación y análisis criminal, y acabar con decenas de instituciones de garaje que pululan en las ciudades. La CIJ además adelantaba, con apoyo de la cooperación internacional, modelos de gestión en territorio y organización de la justicia local para el posconflicto.

Todo este trabajo va a terminar en nada. El próximo 19 de diciembre se acaba el semestre y con él, la universidad. Tampoco sirvieron los más de 20 derechos de petición presentados a los Ministerios de Hacienda y Educación, a la Presidencia y a los ponentes y coordinadores del Congreso, con el propósito de resolver la situación.

Lo único claro por ahora es que se perderá toda una inversión en épocas de supuesta austeridad. No deja de ser irónico que Montealegre, quien era conocido y respetado por venir y apoyar el mundo de la academia, termine siendo quien le dé un entierro de tercera categoría a su propia universidad, por razones que todavía no son muy claras.

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