Sábado, 30 de agosto de 2014

Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación. León Darío Peláez / Semana

| 2013/08/24 08:00

Montealegre, un fiscal deliberante

Qué significado tiene que el fiscal lidere los grandes debates del país. ¿Sensatez o exceso de protagonismo?

En lo que va corrido de este año se ha dado una situación pocas veces vista en el país: la figura del fiscal general, que se suele asociar con un hombre de pocas palabras, a veces calculador, pero de todas maneras reservado, con Eduardo Montealegre ha dado un giro de 180 grados. 


El fiscal se ha convertido en protagonista de algunos de los más importantes debates políticos del país. Opina desde el proceso de paz hasta el matrimonio gay pasando por los conductores borrachos o las actuaciones de la Comisión de Acusación de la Cámara. La opinión está dividida frente a esta nueva presentación del zar del búnker. 


La mitad lo aplaude porque considera que es la única voz sensata en el desierto en que se ha convertido el debate público. La otra mitad cree que está sobrepasando la tarea consignada en la Constitución. Y algunos cuantos, sus contradictores, creen que hay de por medio cierta proclividad al show mediático.


Hizo su más reciente aparición en medio del debate de si quienes manejan con tragos en la cabeza deben ir a prisión o no. El país estaba entrando en una especie de paroxismo y pedía para todos la hoguera. Ya incluso hacía trámite un proyecto de ley en el Congreso con ese propósito. Sin embargo, el fiscal Montealegre aterrizó el delirio punitivo y, a pesar de que era una posición impopular, demostró que era impracticable en Colombia. 


Su argumento es sencillo: es imposible hacer 160 audiencias más cada fin de semana en Bogotá. Sería necesario construir tres centros judiciales como el de Paloquemao. Por no hablar del número de nuevas cárceles que se tienen que construir. Y si así fuera, remató, nada garantiza que esa medida resuelva el problema, como no lo ha hecho en España donde se aplica.


También ha tenido duros rifirrafes con la contralora Sandra Morelli. Según el fiscal, tienen “grandes diferencias” sobre la protección de derechos fundamentales, como la intimidad y el habeas data. “Ella quiere convertirse en el Gran Hermano observador de la sociedad”, dice Montealegre. De hecho, el Consejo de Estado en un fallo reciente le dio la razón al decir que ninguna otra entidad del Estado, distinta a la Fiscalía, puede tener acceso a los datos de las personas y a los rastreos que pueden hacer de ellas las empresas de telefonía celular.


El fiscal Montealegre también ha tenido discrepancias públicas con el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Constantino Rodríguez, a quien acusó de dejar en la impunidad a tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Y también tuvo su rifirrafe con el presidente Álvaro Uribe, a quien se atrevió a darle un jalón de orejas cuando el exmandatario reveló las coordenadas donde estaban los jefes guerrilleros que iban para La Habana.


“Le hago un llamado a la sensatez al presidente. Que en el futuro no se vuelvan a repetir este tipo de actos que ponen en peligro la vida y la seguridad de las personas que están en estas negociaciones”, puntualizó en su momento el fiscal.


Sin embargo, la pelea más taquillera ha sido con el procurador, Alejandro Ordóñez, y ha tenido rounds realmente célebres. En la marcha del 9 de abril, por ejemplo, en una especie de performance político, Montealegre rodeado de funcionarios de la Fiscalía se estacionó al frente de la sede de la Procuraduría con una valla provocadora que decía: “Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y con las víctimas”. 


Desde entonces se desató una serie de puyas entre los dos titanes del control del país. El marco jurídico para la paz “es una caricatura que privilegia a los victimarios y sacrifica a las víctimas”, dijo el procurador. Su concepto de Justicia penal “es de 2.000 años atrás”, le respondió el fiscal.


“No se puede admitir que los responsables de delitos de lesa humanidad no vayan ni un solo día a la cárcel”, se quejó Ordóñez. “No podemos sacrificar la paz en aras de una utopía”, replicó Montealegre. Y así a lo largo de varios foros y audiencias públicas.


¿Esa confrontación permanente del fiscal general con otros altos dirigentes públicos es buena o mala? ¿Qué significa?


SEMANA consultó a Montealegre y él explica que lo hace porque tiene una concepción distinta del papel que se le ha dado al fiscal general en los 20 años de existencia de esa figura. “Al fiscal lo han puesto a jugar con los libretos tradicionales, como si su papel fuera solo cárcel y represión. Yo creo que el fiscal debe jugar en el contexto de la Constitución, en la realización de los derechos fundamentales y uno de ellos es la paz”.


Explica sus discrepancias con el procurador Alejandro Ordóñez diciendo: “En la Procuraduría avanza un discurso peligrosamente fundamentalista religioso en contra de la Constitución de 1991. Yo respeto profundamente las convicciones religiosas, pero lo que no puedo aceptar es que nos las impongan a todos los colombianos a través de la acción disciplinaria”. 


Y sobre temas puntuales precisa: “Disentimos en el tema del aborto. Es supremamente peligrosa una Procuraduría tratando de judicializar a los magistrados porque cumplen su función de garantizar los derechos. Eso es intolerable”. En cuanto al matrimonio gay: “Cuando veo a la procuradora Ilva Miriam Hoyos, que es mi amiga, haciendo ‘lobby’ en el Congreso para que no lo aprueben digo que esa no es la función de la Procuraduría”. 


Y sobre sus diferencias de fondo sobre la paz dice: “El Marco Jurídico para la Paz no es, como dice el procurador, un sinónimo de impunidad. Esa tesis es muy peligrosa para el país y es una posición facilista porque da réditos políticos”.


En general, dice Montealegre, “estamos viviendo un gran retroceso en materia de protección de derechos humanos”.


La defensa del fiscal interpreta una realidad política y moral. Porque la estructura institucional del país es cada vez más conservadora. A pesar de que hoy la Presidencia está en manos de un liberal, Juan Manuel Santos, el procurador Ordóñez es la cabeza de una contraofensiva que pone en riesgo varios de los postulados más preciados de la Carta Política de 1991. 


La influencia del procurador es cada vez más fuerte en la rama judicial y se demostró hasta dónde llega su ascendiente cuando la Corte Suprema lo lanzó a la reelección sin cumplir con la convocatoria pública de candidatos. 


Hoy ya existe una mayoría de 15 magistrados en esa Corte que vota unida y que hace parte del grupo que simpatiza con el procurador. En el Consejo de Estado, tribunal del cual proviene Ordóñez, y en el Consejo de la Judicatura, también tiene una mayoría o magistrados claves. 


A eso se suma el cambio que se puede estar dando en la ecuación de fuerzas en la Corte Constitucional. Con la salida de Juan Carlos Henao y Humberto Sierra, que fueron sustituidos por Luis Guillermo Guerrero y Alberto Rojas, estos últimos promovidos de manera directa o indirecta por el ordoñismo, es posible que difícilmente se vuelvan a dar fallos progresistas.


Ante tal panorama, la voz del fiscal contrarrestando la avanzada goda parece ser útil y oportuna en el sano equilibrio de los pesos y contrapesos. El papel que juega hoy Montealegre es similar al que jugó la Corte Suprema con el presidente Álvaro Uribe. Un catalizador de la democracia.


A eso se le suma que, en la práctica, el fiscal es hoy el único que puede controvertir con total libertad al procurador, pues es el único de muchos altos funcionarios que no es objeto de investigación en la Procuraduría. “Como es tan difícil que alguien que sea justiciable se le enfrente al procurador, el fiscal, que no lo es, tiene tanta válvula de escape”, dice un conocedor de los intríngulis de la elite judicial.


Un segundo punto para analizar es el papel que está jugando el fiscal Montealegre en un debate público que se ha empobrecido en Colombia. Cuando lo que se ve de los líderes son insultos, rabias y odios, la aparición de una voz como la de él, formada en la academia y que llama a la sensatez, –y que dice muchas veces lo que la mayoría no quiere escuchar– eleva el nivel de la discusión.


De las épocas en donde en el Congreso se podían encontrar al mismo tiempo oradores como Carlos Gaviria, Rafael Pardo, Rodrigo Rivera, Antonio Navarro, Cecilia López o Gustavo Petro, y en el gobierno ministros combativos como Fernando Londoño o Germán Vargas Lleras, pasamos a un Congreso en donde la más alta votación de un candidato de opinión la obtuvo la fallecida Gilma Jiménez, que se hizo conocer por promover la cadena perpetua para los violadores de niños. Una iniciativa loable pero con aliento de ‘populismo’.


Por eso no es extraño que algunos de los más importantes debates políticos se estén dando desde el búnker de la Fiscalía y no desde el parlamento.


Montealegre, por ejemplo, tiene claro lo difícil que será resolver el punto de la justicia en los diálogos de paz en La Habana y por eso fue el primero en advertir en una entrevista en SEMANA en septiembre de 2012 que una salida sería que ningún guerrillero pagara cárcel. Eso fue claramente una imprudencia y les causó un dolor de cabeza a los delegados del gobierno en La Habana, pues podría estar revelando una de las más poderosas cartas de negociación con las Farc.


El fiscal defiende su intervención diciendo: “He querido ocuparme de que la sociedad colombiana sepa hasta dónde podemos llegar para que haya trasformaciones profundas. El gran problema con Justicia y Paz fue que judicializamos todo el conflicto. No se puede repetir. Tenemos que dar una garantía de que esto se va a cerrar desde el punto de vista jurídico para que no se vuelva una historia sin fin”. 


Y añade: “También he salido a hablar porque en la Corte se construye a través de argumentos. Para construir una verdad ya no basta con que la sentencia esté bien elaborada, sino que tiene que tener aceptación de la opinión pública. La pregunta que tenemos que responder es ¿cómo se va a sentir mejor reparada la sociedad?”.


El protagonismo del fiscal Montealegre no ha estado exento de críticas. El reproche más generalizado se resume en lo que un reconocido personaje público le dijo a SEMANA: “Un fiscal general debería ser noticia por las decisiones que toma y no por los anuncios ni por los temas ajenos a su institución. Y eso es válido también para el procurador. Frente al proceso de paz deben esperar que se tomen las decisiones y aplicarlas”. 


Y otro más añadió: “Cuando Alfonso Reyes Echandía era presidente de la Corte Suprema, si apareció una o dos veces en la televisión fue mucho. Que hoy el procurador y el fiscal sean noticia por sus peleas es muy diciente. Son posiciones más mediáticas que ideológicas”. Y hay otros, que consideran que “así como al fiscal Valdivieso la gente lo convirtió en el anti-Samper, a Montealegre lo perciben como el pro-Santos con estos debates. Cumple el papel de dosificador del tema jurídico en el proceso de paz”.


Pero más allá de los argumentos a favor y en contra, de que si dentro de sus funciones está dar tantas opiniones, de si se excede en los medios, o de si más bien debería hablar a través de sus investigaciones, lo cierto es que a falta de voces que estimulen la discusión pública y que se atrevan a poner el dedo en la llaga, es mejor tener la voz del fiscal a no tenerla.



Con el Congreso


Por el proyecto de ley que propone llevar a la cárcel a todos los conductores borrachos.



Senador Roy Barreras:

“Es imperativo que el Congreso apruebe como delito la conducción en estado de embriaguez”.


Fiscal: 

“El Estado debe responder de manera sensata y no dejarse llevar por el populismo punitivo”.



Con el procurador


POR LA MARCHA DEL 9 DE ABRIL



Procurador: “¿Los comandantes de las Farc pagarán siquiera un día de prisión? El fiscal ha dicho que no. No se pueden sacrificar las víctimas en el altar de la impunidad”.


Fiscal: (parado en frente a la Procuraduría con un inmenso cartel): “Extrañamos la presencia del procurador”.




POR EL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ


Alejandro Ordóñez, procurador general.


Fiscal: “Yo lo veía a usted con una concepción del derecho del siglo XVIII, ahora lo veo 2.000 años atrás”.


Procurador: “(El Marco Jurídico para Paz) es una caricatura que privilegia a los victimarios y sacrifica a las víctimas en el altar de la impunidad”.


Fiscal: “La inflexibilidad conduce a la tragedia. No podemos sacrificar la paz en aras de una utopía”.



POR EL MATRIMONIO GAY


Procurador: “Para uniones de parejas del mismo sexo los notarios no podrán celebrar el contrato de matrimonio sino un contrato innominado”.


Fiscal: “Una sanción disciplinaria para un notario que opte por casar bajo la denominación de matrimonio a dos personas del mismo sexo sería un abuso de autoridad de la Procuraduría”.



Con Álvaro Uribe


Por revelar las coordenadas de donde saldrían guerrilleros de las Farc a Cuba.




Fiscal: “Le hago un llamado a la sensatez al presidente”.


Uribe: “Presidente Santos y fiscal: no se preocupen por las coordenadas, duélanse de la impunidad a los asesinos de los soldados”.



Con la Comisión de Acusaciones


Por el cierre de una investigación a tres magistrados del Consejo de la Judicatura. El fiscal estaba especialmente molesto porque uno de esos magistrados, Henry Villarraga, decidió investigar a una de las fiscales más destacadas del búnker por el caso de Sigifredo López, y no se declaró impedido a pesar de que esta magistrada estaba investigando el carrusel de pensiones que salpica a Villarraga.


Fiscal: “Eso es una farsa y es una vergüenza. El presidente de la Comisión de Acusación, insólitamente, resolvió archivar la investigación”.




Constantino Rodríguez, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara: 

“Si el fiscal general aporta pruebas contundentes que nos lleven a reabrir de nuevo el proceso, con el mayor de los gustos lo haremos”.



Con la contralora


Sandra Morelli, contralora general.



Por el caso Saludcoop


Cuando llegó Montealegre a la Fiscalía la investigación ya había comenzado. Sus contradictores lo han cuestionado porque él fue abogado de esa EPS.


Contraloría: “En la Fiscalía no ha ocurrido nada. A las Fiscalía no le interesa profundizar sobre estos temas”. (mayo de 2012)


Fiscal: “Si la Contraloría tiene las cosas tan claras en ese caso, ¿por qué tres años después no ha tomado ninguna decisión?”. (agosto de 2013)



Por el carrusel de pensiones


La Contraloría empezó la investigación y embargó sueldos de magistrados.

Fiscal: “Eso qué quiere decir, que la Contraloría podría suspender al presidente de la República”.



Por las funciones de policía judicial


Montealegre y Morelli se enfrentaron porque el fiscal ha dejado claro que la Contraloría no puede ejercer funciones de Policía judicial.


Fiscal: “Me preocupa el desbordamiento de las competencias constitucionales en que están incurriendo algunos y su actitud de anticipar juicios como si estuviéramos en la época de la Inquisición”.


Contralora: “Con la Fiscalía no vuelvo a insistir y más cuando el fiscal dice que es el jefe máximo de la Policía judicial. Estamos en el punto en el que (al fiscal) no le sirve lo que hace la Contraloría y creemos que estamos sometidos a él”.

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