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| 4/26/2014 4:00:00 AM

Monumento a la impunidad judicial

De los 80.000 detenidos por los delitos que más afectan a la gente, solo el 15 por ciento acabó en prisión.

La percepción es generalizada. En las principales ciudades la gente se siente insegura y en las encuestas un alto porcentaje afirma que existe un deterioro en la seguridad. Más allá del debate sobre percepción y realidad, existen razones reales para que los habitantes, especialmente de las grandes urbes, así lo crean. Parte de lo que explica ese sentimiento es una razón compleja: aunque la Policía y las autoridades capturan a los bandidos la gran mayoría no paga por sus delitos.

Tan solo en el primer trimestre de este año 79.695 personas fueron capturadas por la Policía y el CTI de la Fiscalía. De esos arrestos, 69.000 ocurrieron en flagrancia. Sin embargo, los jueces solo enviaron a 9.197 a la cárcel y a otros 3.021 les concedieron detención domiciliaria. Es decir, apenas 15 por ciento de los detenidos terminaron enviados a prisión (o a su casa por cárcel) por un juez. Todos los demás, salieron libres.

“Para nosotros pero especialmente para la ciudadanía es muy frustrante ver que un delincuente que tiene atormentada a una comunidad es arrestado y en cuestión de horas o pocos días está en las calles nuevamente delinquiendo”, afirma un oficial de la Dijín. “Hemos tenido casos en donde ladrones de establecimientos comerciales, celulares y residencias han sido arrestados en siete oportunidades en un periodo de seis meses. No es fácil explicarle a la ciudadanía que mientras en un lado de la balanza de la Justicia se hacen cosas en el otro no. Lo que se hace con el codo se borra con la mano”, afirma el uniformado.

De ahí, en parte, la paradoja. Las cifras muestran una mejoría. El primer trimestre de este año comparado con el de 2013 arrojó una reducción de 15 por ciento en delitos de alto impacto, como homicidio, lesiones personales, hurto común (residencias, personas y comercio) y hurto de vehículos. El homicidio disminuyó en 18  por ciento; las lesiones personales, 16 por ciento; el hurto común, 13 por ciento y el hurto de vehículos, 19 por ciento, según la Policía. Algunas ciudades críticas como Cali registraron una disminución del homicidio del 19 por ciento. En Medellín, la baja fue del 40 por ciento. Pero la aplastante mayoría de los capturados por esos delitos termina quedando en libertad.

Los delitos por los cuales los jueces dejan en libertad a los delincuentes son los que más afectan la percepción de seguridad del ciudadano común. Aunque fueron capturados en flagrancia por hurtos a personas, 12.069 ladrones quedaron libres. El 8 por ciento (6.425) de los arrestados por lesiones personales recobró la libertad una vez llegó a audiencias ante los jueces. De los casi 80.000 arrestados en el primer trimestre, el 33 por ciento de los que quedaron en libertad (26.446) había sido detenido por narcotráfico.

“Lo que reflejan las cifras es un problema de fondo. Mientras por un lado hay un gran esfuerzo por parte de policías y fiscales por sacar de las calles a los delincuentes por el otro lado hay una aplicación de la ley por parte de algunos jueces que está devolviendo los bandidos a las calles”, sostiene un  funcionario del CTI que no quiso dar su nombre por no estar autorizado a declarar.

Hay casos insólitos. Jorge Rodríguez, alias Cachetes, ha sido arrestado en flagrancia, es decir mientras comete el delito, en 16 oportunidades entre 2008 y 2012, por atracos callejeros y a supermercados, y ha sido dejado en libertad una y otra vez. Igual ocurre con Jorge Enrique Cubillos, alias Mickey Mouse, pillado in fraganti por la Policía de Bogotá 13 veces robando a pequeños negocios. La lista de casos es larga (ver recuadro).

“Parte de lo que está ocurriendo se debe a las recientes modificaciones que se hicieron al código penal y el código penitenciario debido a la grave situación de hacinamiento”, explicó un miembro de Asonal Judicial, la asociación de empleados y funcionarios de la rama judicial.

La nueva reglamentación contempla que los jueces deben aplicar penas sustitutivas, es decir que no implican detención carcelaria o domiciliaria, para delitos cuya pena sea menor a los ocho años. Antes de la reforma un juez tenía la posibilidad de considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto último le permitía, por ejemplo, que si el delincuente era reincidente en un delito así la pena no superara lo mínimo, el juez lo podía enviar a prisión. Ya no. “Ahora el juez solo puede guiarse por causas objetivas que es lo que fija la ley”, dijo el funcionario.

“Las penas de muchos delitos se subieron sustancialmente pero eso simplemente fue populismo punitivo. Generó una falsa sensación de justicia. A eso hay que sumarle las estrategias dilatorias de los abogados. Un caso reciente es el de Álvaro Dávila, del carrusel de contratos de Bogotá. Su abogado le pidió al juez realizar 1.633 pruebas para ir a audiencia. El juez rechazó 1.352, pero mientras estudió cada una pasó el tiempo sin que siquiera se haya iniciado en firme el proceso. Eso busca dilatar y buscar prescripciones. Como ese hay cientos de casos. Todo esto lo que muestra es que es momento de repensar de fondo la política criminal”, concluye.

Muchos altos funcionarios judiciales consultados por SEMANA están de acuerdo con que hay que realizar una revisión al sistema de Justicia, pero todos rehusaron referirse al tema públicamente. En el fondo, nadie, ni en la Policía, ni en el Ministerio de Justicia, ni en la Fiscalía o las altas cortes parece querer ‘pelearse’ con los jueces.

El gran problema es que hace tiempo es hora de ponerle el cascabel al gato. Así se mejoren las capacidades de investigación del Estado, mientras el Congreso no apruebe legislación en sintonía y mientras no haya un verdadero revolcón en el sistema judicial, la palabra que seguirá mandando la parada en materia de Justicia en Colombia seguirá siendo la misma: impunidad.
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