Moralesrussi: ¿a un paso de la libertad?

Al apelar que el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi no representa un peligro para la sociedad, ni para las víctimas, y que cuenta con un arraigo que no le permite irse del país, su abogado, Iván Cancino, solicitó por tercera vez que se le conceda  la libertad a su representado, procesado por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

Para realizar su petición ante la juez, Cancino mencionó algunos artículos publicados en medios de comunicación como SEMANA. El jurista destacó las declaraciones que entregó Emilio Tapia a la revista, en las que se refiere a la injusticia que se estaría cometiendo con el excontralor.

“Según la versión de Emilio Tapia, la comisión de los contratos de malla vial que tenían que pagar los Nule era del 6 por ciento. Sin embargo, un día Julio Gómez les cambió el monto y les dijo que la comisión tenía que subir al 8 por ciento (10.800 millones de pesos) porque el contralor Moralesrussi quería su tajada para no molestar (...) Ellos, Julio y Dávila, se inventaron ese 2 por ciento de más. Era mentira que era para el contralor”, recordó Cancinó, según lo dijo Tapia.

El abogado también recurrió a la necesidad de que los cuatro hijos del procesado tengan la oportunidad de disfrutar un padre, pues él lleva casi dos años en la cárcel, situación que tiene afectado el desarrollo personal de cada hijo.

Según el defensor, a la fecha han desaparecido las motivaciones con las que se privó de la libertad al excontralor. En ese sentido, pidió que, de no ser posible revocar la medida de aseguramiento, se modifique y se decida por una detención domiciliaria.

La Fiscalía se opone

A su turno, el fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia Jaime Alonso Zetien señaló que quien fue el contralor de Bogotá entre los años 2008 y 2011 debe seguir detenido en el pabellón de parapolítica de la cárcel La Picota, puesto que existe su evidente responsabilidad en unos hechos de corrupción.

El fiscal cuestionó los elementos que la defensa presentó como pruebas, los cuales fueron tomados, como ya se mencionó, de los medios de comunicación, ya que, en su criterio, no hacen parte del proceso.

Respecto a otorgar la detención domiciliaria, Zetien indicó que el defensor ha acudido a varios elementos, entre los que está un dictamen sicológico de Moralesrussi, pero aseguró que no están dadas las excepciones de constitucionalidad para entregar el beneficio.

“No se puede negar la gravedad de unos hechos, la existencia de un juicio, los daños causados por el ‘carrusel’ de la contratación’”, señaló.

Por su parte, el procurador Luis Enrique Ortiz solicitó a la juez que se le dé la libertad a Moralesrussi porque la detención preventiva no se debe convertir en una sanción. “Está pasando de ser preventiva a sancionatoria, por el tiempo tan prolongado que llevamos en el proceso”.

Ortiz criticó, además, el hecho de que Moralesrrusi tenga un proceso compartido con la exdirectora del IDU Liliana Pardo, situación que, según él, ha demorado más de lo normal el juicio.

“Cuánto tiempo más no demorará el juicio. No entiendo por qué no hubo una ruptura procesal, más cuando los delitos de las dos personas son tan distintos”, manifestó.

La petición de la detención domiciliaria fue apoyada por la representación de las víctimas.

La Fiscalía le imputó a Moralesrussi cargos por los delitos de concusión y prevaricato por omisión, para lo que se tuvieron en cuenta distintas declaraciones de los Nule en las que se señala que el exfuncionario les pidió dinero a los miembros del cuestionado grupo empresarial en dos oportunidades.

La solicitud de Cancino sólo se resolverá el próximo martes 26 de marzo, cuando se conocerá la decisión de la juez.