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| 9/25/2013 12:00:00 AM

La Nación le salió a deber a Moralesrussi

Para el excontralor distrital, que pide $350 millones, su destitución por cuenta del ‘carrusel’ lo afecta económica y moralmente

Mientras nuevos descubrimientos judiciales no dejan que el caso del ‘carrusel’ de contratos de Bogotá salga de las primeras planas, uno de los primeros implicados en el proceso, el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, pasaría de victimario a víctima luego de iniciar una batalla jurídica contra la Nación por cuenta de supuestos daños y perjuicios que le dejan su destitución e inhabilidad por 20 años.

Moralesrussi interpuso inicialmente el proceso el pasado 11 de septiembre del 2012, al considerar que la destitución y la inhabilidad proferidas en su contra por el procurador Alejandro Ordóñez le ha provocado innumerables problemas económicos y morales que, según él, tienen que ser solventados con presupuesto del Estado.

Según la demanda, el excontralor vincula como afectado por la sanción a todo su núcleo familiar: sus hijos mayores, Juan Sebastián y Miguel Ángel, así como a su esposa, Luramy Verónica Ramírez de Moralesrussi, y sus dos hijos menores, Juan José y Santiago. Se argumentaron perjuicios morales y económicos.

El exfuncionario pide 350 millones de pesos que, según él, ha dejado de percibir por los más de dos años y medio que lleva desde cuando fue destituido e inhabilitado por el procurador general, quien calificó como “bombas atómicas” las actuaciones de Moralesrussi.

En el trascurso de la acción judicial, que lleva más de un año, no se logró acuerdo alguno en la Procuraduría delegada para la conciliación ni en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo cual la acción llegó a manos del Consejo de Estado, última instancia en este tipo de requerimientos.

El alto tribunal aceptó la demanda del excontralor y manifestó que “la sustentación de las causales de nulidad que se exhiben en la demanda demuestran que la Procuraduría General de la Nación, al sancionar al aquí demandante, incurrió en manifiesta violación de las normas constitucionales y legales a las causales que está sujeta”, según precisa el auto que deja ver un presunto yerro jurídico del Ministerio Público.

Ahora la suerte de Moralesrussi está en manos del Consejo de Estado, que deberá definir si el Estado es responsable de los presuntos perjuicios causados al excontralor por su sanción disciplinaria o si, por el contrario, deja por sentado que el fallo del procurador general está ajustado a la ley.
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