Sábado, 25 de octubre de 2014

| 1995/04/17 00:00

MOSQUETES OXIDADOS

Mucha desconfianza y pocos análisis de fondo despierta la propuesta de Los Mosqueteros sobre el sometimiento del cartel de Cali.

MOSQUETES OXIDADOS

POCAS HORAS DESPUES DE presentarse en rueda de prensa, los representantes a la Cámara Carlos Alonso Lucio, Ingrid Betancur y Guillermo Martínez-Guerra, entre otros, más conocidos como Los Mosqueteros, se vieron obligados a cambiar sus espadas por paraguas, única arma adecuada para soportar el aguacero de críticas que llovió sobre ellos. Lo curioso es que ninguno de los cuestionamientos estuvo dirigido al fondo de su propuesta, quizás porque, como suele suceder en el país, nadie la había leído.
Pero aún sin haber sido leída, a la propuesta le cayeron rayos y centellas. "Me parece absurdo y casi inconcebible que sean los capos y los abogados de los mafiosos quienes no solamente hacen y promueven las leyes, sino los que ahora se encargan de descalificar a los jueces", aseguró el presidente del Tribunal Nacional, Alvaro Luna, al referirse no sólo a las entrevistas sostenidas por Lucio y sus compañeros con los hermanos Rodríguez Orejuela, sino a las críticas formuladas por el grupo de congresistas al funcionamiento de la Justicia. "La comisión de parlamentarios le dio un origen espurio a la propuesta ", aseguró el ex ministro de Justicia José Manuel Arias, quien también criticó el contacto con los narcos. "La propuesta es improcedente e inconstitucional, porque crea una justicia especializada", sostuvo el penalista Antonio José Cancino. Aún más dura fue la reacción de la Fiscalía, que por boca del vicefiscal Adolfo Salamanca dijo que Los Mosqueteros "parten de la no credibilidad de la Justicia y se basan en quienes están interesados justamente en una salida distinta a la de legalidad". A este coro de descalificaciones se unió la mayoría de los oyentes de las emisoras de radio que abrieron sus micrófonos el miércoles y jueves.
Uno de los pocos que salió en defensa de la idea fue el columnista Enrique Santos Calderón, quien en su 'Contraescape' del jueves en El Tiempo, afirmó que "la propuesta de la Comisión de la Cámara podría desbloquear una situación complicada y explosiva". Pero al día siguiente, el editorial del periódico se apartó de la opinión de su columnista. Al referirse a los contactos de Los Mosqueteros con los capos, dijo que "la opinión pública no sabe en qué medida esos contactos personales puedan favorecer o perjudicar a los narcotraficantes. En opinión propia, es lo primero".

LA PROPUESTA
EL representante Lucio se defendió de las críticas por la entrevista personal con los capos, alegando en entrevista con SEMANA que "una cosa es los que vamos, nos reunimos con ellos y lo contamos sin problema, y otra los que van y lo hacen a escondidas, quién sabe con qué propósito". Pero más que de esos cuestionamientos, Lucio se duele -y no sin algo de razón- del escaso estudio que ha tenido la propuesta entre quienes han salido a comentarla.
La verdad es que hay muchas cosas en ella que parecen significar un endurecimiento de lo que hoy es la política de sometimiento. Los parlamentarios proponen limitar las rebajas de pena por varios medios: que dichas reducciones no sean acumulables y que la rebaja por entrega y confesión sea de una sexta parte, y no como hoy, cuando hay una sexta parte por entrega y otro tanto por confesión lo que totaliza una rebaja de la tercera parte. Además, la propuesta plantea que la confesión sea una condición sine qua non para acceder a los beneficios del sistema, algo que recuerda el primer decreto de la administración de César Gaviria, el 2047, con el que arrancó la política de sometimiento y que fue sin duda más duro que todo lo que vino después. Finalmente, Los Mosqueteros plantean que se establezcan agravantes que aumenten las penas para quienes actúen como jefes de un concierto para delinquir en delitos de narcotráfico y conexos.
En el mismo sentido -el del endurecimiento- se puede interpretar el planteamiento de que las cárceles donde sean recluidos los sometidos, ofrezcan garantías de seguridad que aseguren que esto no sigan delinquiendo, propósito que ha venido fracasando reiteradamente desde cuando nació la política de sometimiento.
Los dos elementos de la propuesta que más polémica despertaron son la creación de un tribunal nacional conformado por cinco juristas por encima de toda sospécha, y la veeduría internacional tanto para los procesos como para el manejo de las cárceles. Los congresistas defendieron la creación del tribunal con el argumento de que no existe confianza hoy en la administración de Justicia, y la veeduría internacional, como una garantía de que la comunidad internacional -léase Estados Unidos- no deslegitime el proceso, sino que lo avale.

AMBIENTE DE DESCONFIANZA
Tanto el tribunal como la veeduría fueron considerados inconstitucionales y la veeduría, violatoria de la soberanía nacional. Pero más allá de estas críticas, la oposición que despertaron estos dos planteamientos -y el conjunto de la iniciativa- se explica, no tanto en cuestiones jurídicas, como en un ambiente general de desconfianza que se ha adueñado de la opinión pública nacional ante cualquier propuesta que suene a negociar la Justicia. Los malos recuerdos de La Catedral y de las medidas tomadas por el fiscal Gustavo de Greiff en el último año de su gestión, han convencido a muchos colombianos de que no tiene sentido seguir en un permanente tire-y-afloje de las normas, para que éstas se acomoden a lo que los narcotraficantes desean.
Estas sospechas se deben en buena parte a que el contacto que los parlamentarios mantuvieron con los jefes del cartel de Cali es interpretado por la opinión como una consulta de la propuesta. Y -piensan muchos- si la propuesta obtuvo el visto bueno de los narcotraficantes, algún veneno debe tener.
La actitud antinegociación de las normas contrasta con la posición de las cabezas del cartel de Cali, en especial de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Para ellos lo absurdo no es que la Justicia sea negociable, sino que haya dejado de serlo justamente cuando ellos desean someterse. Para los Rodríguez, una pena justa en el caso de ellos debería rondar los cuatro años, pues si supera ese tiempo, sería más alta que la que han recibido algunos otros narcotraficantes que, a diferencia de los Rodríguez, han cometido además actos de terrorismo.
Está clara entonces la contradicción: por un lado, un país cansado de que se negocie la Justicia, y por el otro, un cartel que argumenta que no ha acudido al terrorismo y que por eso mismo merece que la negociación sea aún más blanda con sus jefes. Un río revuelto cuyas aguas no parecen haberse aclarado mucho con la propuesta de Los Mosqueteros. "

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