Lunes, 15 de septiembre de 2014

| 2013/04/20 06:00

Motín en Tolemaida

Militares detenidos en Tolemaida protagonizan una insólita protesta para evitar su traslado a cárceles civiles.

En la madrugada del pasado jueves 18 de abril ocurrió algo verdaderamente insólito en las instalaciones del Centro de Reclusión Militar (CRM) de Tolemaida, donde están recluidos militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

Alrededor de la media noche, un grupo de soldados de la Policía Militar del fuerte, acompañados por oficiales de la Inspección General del Ejército, llegaron hasta las celdas del sargento Wilson Casallas y del soldado profesional Santiago Escudero. Les informaron que iban a ser trasladados a otro penal. Un informe de SEMANA, titulado ‘Tolemaida Tours’, revelaba que, pese a las denuncias de dos años atrás, estos dos uniformados, condenados a más de 30 años de prisión, y otros detenidos continuaban gozando de escandalosos privilegios. 

Casallas y Escudero comenzaron a gritar. Cerca de 50 detenidos salieron de sus celdas, que no están cerradas con llave –otro hecho insólito, en una cárcel para personas condenadas a 30 o 40 años por crímenes horrendos–, saltaron muros y rejas y fueron a su rescate. La escena era inaudita. 

En medio de una algarabía, gritos y empujones, los militares presos les quitaron los dos detenidos a los hombres de la PM y los llevaron a la celda 16, la de Casallas, para protegerlos. Dijeron que si se los querían llevar, tendrían que sacarlos a todos. Y amenazaron con contar todo lo que saben sobre quiénes estarían detrás de las graves violaciones a los derechos humanos que los tienen a ellos recluidos. 

Con el paso de las horas, el motín empeoró. Ante la mirada impotente de los hombres de la Inspección y la PM un grupo de presos amenazó con asesinar a dos reclusos, el capitán Gonzalo Navarro y el sargento Juan Bautista Uribe, a quienes culpan –erróneamente– de la filtración de los privilegios que SEMANA denunció. Sacaron a empujones a “los sapos” y los entregaron a la PM. Hacia las tres de la mañana, impotentes para controlar el motín e incapaces de llevarse a Casallas y Escudero, quienes iban a efectuar los traslados optaron por retirarse. 

A primeras horas de la mañana de ese jueves, Casallas y Escudero llamaron desde la celda 16 a varios medios de comunicación para dar su versión de lo sucedido. Parte de los privilegios denunciados por SEMANA es que los reclusos continuaban teniendo celulares. Pese a que estos aparatos les están prohibidos por ley, nunca se les encuentran en las requisas. 

Y tampoco se les han decomisado, pese a que el Ejército lleva cinco semanas adelantando una “profunda” investigación –como lo ha dicho el alto mando– y de que, desde el martes 16, hay una comisión investigadora en Tolemaida, encabezada por el general Jaime Esguerra, inspector general del Ejército, y de que, el día siguiente, la Procuraduría anunció la apertura de una otra investigación.

A Casallas y Escudero les habían informado que iban para cárceles civiles, bajo control del Inpec. Tras el motín, ellos dos y otros reclusos reiteraron sus amenazas: si los trasladan, dijeron, contarán no solo todas las irregularidades que ocurren en el CRM y en la cárcel del batallón de Policía Militar 13 de Bogotá (donde hay más militares presos), sino, además, salpicarían a coroneles y generales a los que ellos les han cubierto la espalda por “actos de guerra”. 

Al menos hasta el cierre de esta edición, ese chantaje había funcionado: en la mañana del viernes, contrario a lo que se informó en algunos medios, Casallas y Escudero seguían refugiados en su celda, con sus celulares, y con la promesa de que irían a una cárcel militar, no civil. 

El general Fernando Pineda, comandante de Tolemaida, y otros mandos han confirmado las irregularidades y han dicho que no se van a tolerar, insistiendo en que el caso de Casallas y Escudero es aislado. Sin embargo, como SEMANA lo constató, no solo estos dos reclusos gozan de escandalosos privilegios. Más allá del número de involucrados en este nuevo escándalo, lo que más llama la atención es el desafiante chantaje con el que estos detenidos logran enfrentar con éxito, al menos transitoriamente, una medida como el traslado, que debería cumplirse sin tropiezos. 

¿Qué es lo que dicen saber condenados como Casallas y Escudero? Esta es la gran pregunta que debe responderse para saber si tiene algún sustento lo que alegan estos y otros reclusos de Tolemaida. El mando del Ejército está ante el reto de demostrar que se trata, efectivamente, de unas cuantas ‘manzanas podridas’ y no de un sistema diseñado para garantizar el silencio sobre la cadena que pudo, eventualmente, conducir a la comisión de crímenes atroces en el marco del conflicto armado. 

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