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| 1/27/2014 12:00:00 AM

El MAC: la mini UP de Aguachica

Un movimiento de Cesar padeció la misma persecución que la Unión Patriótica, pero, a diferencia, este es un caso local que podría prescribir.

Este martes 28 de enero podría prescribir el caso de un ganadero conservador que fue asesinado hace 30 años en Aguachica, Cesar, a menos de que la fiscal del caso lo declare de lesa humanidad.

Si bien este podría pasar como un caso judicial regular, el homicidio de Noel Emiro Omeara Carrascal es tan sólo la punta del iceberg de un exterminio sistemático de un movimiento político que, en su momento, fue incómodo para los grupos tradicionales. Aunque no es de las dimensiones de la violencia contra la Unión Patriótica, este caso es, a escala local, similar a lo que le ocurrió a los políticos de la UP.

El Movimiento de Acción Comunitaria (MAC) fue una iniciativa de los campesinos de Aguachica que querían lograr algunos escaños a su favor y quitarles algo de poder a los partidos Conservador y Liberal, un propósito que también tuvo en su momento la UP. 

Este último partido logró 16 alcaldes, 256 concejales y 16 representantes al Congreso, mientras que el MAC sólo obtuvo la Alcaldía de Aguachica durante menos de dos años y un puesto en el Concejo del municipio. 

De la UP fueron asesinados alrededor de 3.000 miembros, mientras que el MAC perdió casi una decena de sus seguidores, que eran poco menos de 300, todos de Aguachica. Aunque las cifras son muy diferentes, en ambos casos el movimiento desapareció por las amenazas y los asesinatos. 

Otra arista similar fueron las relaciones que diferentes organizaciones, incluso estatales, hicieron entre los movimientos políticos nacientes y los grupos guerrilleros. Se dijo que la UP era el brazo armado de las FARC y en el caso del MAC, el mismo Ejército sindicó a sus miembros de trabajar para el ELN. 

Con tan solo unos meses de creado, el movimiento político tomó tal fuerza que para las elecciones de 1992 alcanzó la Alcaldía y posesionó a un concejal: Manuel Claro Santiago y Elibardo Galvis, respectivamente.

Pero las presiones no demoraron en crecer. El mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel dijo que el alcalde y su secretario privado, Erminson Sepúlveda Saravia, empezaron a hablar de paramilitares de la misma manera como lo hacía el grupo guerrillero.

Así mismo, a Víctor Guadia, fundador del movimiento político, lo sindicaron de servirle a la guerrilla y fue apresado por ello. Pero tuvieron que liberarlo al no demostrarse nada. Aun así, el Estado no hizo mayor cosa por prevenir lo que se veía venir. De hecho, paralelo a las amenazas, llegó al municipio la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) que, aunque nació en un plan nacional con un claro propósito, luego se transformó hasta tal punto que Amnistía Internacional señaló violación a los derechos humanos por parte de los miembros estatales, y la Procuraduría abrió pliego de cargos en febrero de 1993 a 150 agentes de dichas unidades en todo el país. 

Muertes sistemáticas

El primer asesinato ocurrió el 28 de octubre de 1992 y la víctima fue Carlos Emiro Galvis, el secretario (e) de Hacienda, perteneciente al MAC. Después de su muerte, su esposa, Fabiola Pastrana, relató que un miembro del Unase le pidió un millón de pesos para decirle quién había matado a su esposo. Además, Pastrana sostuvo que la esposa de Gustavo Velasco, integrante de la unidad antisecuestro, conocido como ‘Rambo’, tenía una lista de asesinatos en la que estaba el nombre de Galvis. 

Casi un año después, el 21 de septiembre de 1993, mataron a Guadia, el mismo que había sido sindicado de colaborar con el ELN. Su mamá, María Castañeda, indicó que el día del asesinato había un carro de la Policía a la vuelta de la casa y que un vehículo del Unase estaba a tres cuadras. En su momento, aseguró que las dos instituciones sabían lo que iba a pasar. 

Cansados de los hostigamientos, una delegación del MAC viajó el 7 de octubre de 1993 a la Procuraduría General, en Bogotá, sólo para denunciar la persecución. Pero a pesar de que ya habían sido asesinados dos miembros, el ente investigador no hizo mayor cosa para prevenir el exterminio del movimiento político. Cosa parecida sucedió con la UP en la instancia nacional que veía cómo sus partidarios caían sin que el Estado hiciera mayores esfuerzos para evitarlo.

Al mes siguiente de la denuncia, atentaron contra Gonzalo Cárdenas, jefe de personal de la Alcaldía. 

Por la misma fecha, el alcalde Manuel Claro Santiago fue suspendido de su cargo por decisión de la Procuraduría y en su reemplazo asumió Patricia Rojas, quien era la secretaria de Gobierno. Pero sólo duro hasta finales de mayo de 1994 por las amenazas que recibía constantemente para abandonar el cargo.

Estas persecuciones también las vivió la Unión Patriótica, que tuvo que cambiar en varias ocasiones su candidato presidencial porque el del momento era asesinado.

El golpe de gracia

A pesar de la presión, el secretario de la Alcaldía, Erminson Sepúlveda Saravia, siguió ejerciendo su cargo. Él había sido uno de los que interpusieron la denuncia en la Procuraduría en octubre de 1993. Su única seguridad era un revólver que siempre llevaba consigo, el mismo que el Ejército le retiró una semana antes del asesinato, a pesar de que el arma tenía salvoconducto.

Su hermana Alba Luz Sepúlveda recordó en su momento que se empezaron a oír rumores de que Erminson era guerrillero y que cómo era posible que un insurgente estuviera en la Alcaldía. 

Aun en medio de las amenazas, Erminson continuaba yendo a la Alcaldía. El 28 de enero de 1994 asistió a la edificación, como era su costumbre, pero le llamó la atención unos hombres armados que estaban a la salida.

Según testigos, el secretario prefirió tomar ciertas precauciones y almorzar al frente de la Aalcaldía, muy cerca de una estación de Policía. En ese momento, se encontró con el ganadero Omeara. 

Minutos después de entrar al lugar, diferentes hombres entraron y dispararon contra Sepúlveda y, por equivocación, contra el conservador Omeara. El primero murió al instante mientras que el ganadero quedó parapléjico. 

Luego de salir de la clínica, Omeara narró a sus hijos, en reiteradas ocasiones, que quien había disparado era ‘Rambo’, el miembro de la Unase. Al morir, seis meses después del atentado, su hijo Manuel Guillermo Omeara Miraval intentó ratificar quién había asesinado a su padre, pero la investigación se frenó el 27 de agosto, cuando no se supo más del joven. 

Se decía que lo habían llevado en una camioneta azul de techo negro que podría ser de Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, paramilitar que militaba en la zona. El cuerpo apareció el 22 de septiembre de ese año cuando el DAS dijo haber recibido una llamada con la ubicación exacta. 

El yerno de Manuel Guillermo, Héctor Álvarez Sánchez, continuó con la investigación que tenía hasta que atentaron en su contra el 21 de octubre. 

Desde entonces, la familia Omeara intentó mediante los mecanismos judiciales que se conociera la verdad de lo que habría ocurrido. Hoy, los Omeara podrían perder todas sus batallas puesto que la fiscal 44 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Bucaramanga todavía no ha declarado el caso como de lesa humanidad.  De no hacerlo, este prescribiría el martes 28 de enero y las luchas de la familia irían al traste.
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