Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/04/12 00:00

Mucho costo, poco beneficio

Qué gana y qué pierde el país con la inclusión de prisioneros de las Farc en la Ley de Justicia y Paz.

Por lo menos 650 presos de las Farc están dispuestos a renegar de la guerrilla para recibir beneficios jurídicos. En la cárcel La Modelo hay varios de ellos

El miércoles hubo júbilo en las cárceles. Decenas de presos de las Farc -autores de secuestros y ataques indiscriminados contra civiles y que estaban condenados a envejecer en prisión- recibieron la noticia de que el gobierno expidió un decreto que les abre las puertas a la Ley de Justicia y Paz. Gracias a esta reglamentación de la ley, por lo menos 650 guerrilleros que están en las cárceles por crímenes de guerra o de lesa humanidad podrán redimirse en un tribunal, como lo están haciendo los paramilitares.

Se calcula que hay por lo menos 1.700 detenidos de esa guerrilla, de los cuales la mitad ha manifestado su deseo de retirarse de las filas del grupo armado, colaborar con la justicia y reincorporarse a la vida civil. El resto sigue siendo leal a las Farc y tiene puesta su esperanza de libertad en un acuerdo humanitario cada vez más enredado.

Estos prisioneros habían presentado derechos de petición en los que solicitaban un tratamiento similar al que están recibiendo las autodefensas. El gobierno al principio encontró demasiados obstáculos jurídicos y políticos para hacerlo. Entonces los presos decidieron proclamarse como una disidencia de las Farc, a través de la organización 'Manos por la Paz', e insistieron en la necesidad de que se les considerara como una facción guerrillera dispuesta a iniciar un proceso de paz.

Aunque no fue fácil, la idea de fraccionar el frente de las cárceles de las Farc empezó a sonar bien en Presidencia. La idea de darle un golpe político a la guerrilla, y al tiempo acceder a información valiosa para los organismos de inteligencia y judiciales, sonaba una buena ganancia a cambio de un trato judicial especial. Lo malo es que la Ley de Justicia y Paz es un instrumento para sacar adelante procesos de paz, y usarla como arma de guerra iría en contra de su espíritu, como lo han señalado muchos críticos de la medida del gobierno.

De hecho, las ganancias que tendrán los guerrilleros no corresponden a las exigencias que se les hacen, pues éstas en la práctica son simbólicas o impracticables. Por un lado, se les pone como requisito que expresen su voluntad de abandonar las filas del grupo armado. Es decir, la desmovilización es un acto formal porque los presos, obviamente, no están armados.

Y por el otro, se les pide que hagan manifestaciones públicas contra las Farc y que colaboren con la justicia para desmantelar estructuras insurgentes. Algo que ya venían haciendo los organismos judiciales y de seguridad, apelando a los beneficios que establece el Código penal.

Si se tiene en cuenta que la Ley de Justicia y Paz cubre delitos cometidos hasta julio de 2005, será un grupo muy pequeño de presos quienes puedan dar información que tenga valor en la actualidad. Lo mismo ocurrirá con la reparación, que sólo será simbólica. A diferencia de los paramilitares, estos guerrilleros no tienen dinero, ni bienes para entregar.

Sin embargo, no todo es negativo en el decreto. Se puede lograr una importante cuota de verdad para las víctimas. De hecho, ya uno de los prisioneros, quien fue un mando importante del Bloque Oriental, dijo conocer acerca de por lo menos 200 fosas de personas asesinadas en la ruta del Sumapaz, cuando las Farc estaba tendiendo el cerco sobre Bogotá. Otros presos han ofrecido información sobre secuestros, y otro tanto sobre vínculos de políticos con esta organización. También es importante que muchos de estos guerrilleros, que genuinamente tenían un proyecto político en mente, tengan la oportunidad de renegar de la guerra y empezar una nueva vida.

No obstante, el mensaje es difícil de digerir. La captura y el juzgamiento de estas personas costaron sangre, sudor y lágrimas, a muchas instituciones que ahora sólo confían en la buena fe del gobierno y en que los beneficios que traiga esta medida para el país sean superiores a los costos. Un balance que está por verse.

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