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| 4/13/1992 12:00:00 AM

MUCHO MAS QUE UN AUMENTO DEL IVA

Lo que se ha debatido públicamente sobre el proyecto de reforma tributaria del Gobierno, es apenas la punta del iceberg.

NINGUNA REFORMA TRIbutaria es popular. Por principio. el público y su vocero, el Congreso, se oponen a ellas. De hecho, la semana pasada cayó en Perú una reforma que duró solamente ocho días, pues el presidente Fujimori no resistió la presión popular y echó para atrás los cambios introducidos por su ministro de Economía, Carlos Bologna. En Venezuela fue tan impopular el alza en el precio de la gasolina, que Carlos Andrés Pérez tuvo que dar un vuelco a toda su política económica. En Colombia es poco probable que se llegue a esos extremos. Para comenzar, es claro que el proyecto de reforma presentado en días pasados va a ser modificado en su paso por el Congreso, pero el grueso de la reforma sobrevivirá a la borrasca.
En un país en donde la doble contabilidad es una práctica tan arraigada que en las solicitudes de crédito las empresas deben anexar el "balance fiscal" y el "balance comercial", es apenas natural que la evasión de impuestos no sea un delito.
Por ello, probablemente la reforma de mayor incidencia va ser la cárcel para los evasores. Aunque el Congreso le baje puntos al IVA, los conocedores opinan que el ministro de Hacienda quedará satisfecho con la sola introducción del delito por evasión fiscal, el régimen tributario para municipios y departamentos y la reforma a la Dirección de Aduanas.
La reforma tributaria ha sido tachada de fiscalista. De hecho, se trata de una redundancia, pues todo régimen impositivo es fiscalista. El objetivo de los ministerios de Hacienda es cobrar impuestos y redistribuirlos a] interior de la sociedad. Lo verdaderamente cuestionable es que se plantee una reforma tributaria para ahorrarla.
El objetivo del Gobierno en el caso de esta reforma es crear un superávit fiscal, pues en una economía abierta es inconcebible que los gobiernos dependan fiscalmente de los ingresos al comercio exterior. Por ello se redujeron los aranceles del 33 por ciento en promedio, al 11 por ciento, y se eliminó la sobretasa a las importaciones. Sin embargo estas medidas crearán un hueco de 340.000 millones de pesos que debe ser cubierto, y la manera de hacerlo es controlando la evasión o aumentando los impuestos.
El proyecto presentado la semana pasada ante el Congreso busca esos dos objetivos. Sin embargo la presentación de una reforma tributaria que no va a ser redistribuida en la sociedad a través de un aumento del gasto público, puede presentar serias resistencias en el Congreso. Por ello el Gobierno deberá ser muy enfático en su explicación de cómo, si no se logra un superávit fiscal, el peso continuará revaluándose con todas las consecuencias que eso implica para el sector exportador.
Sea como fuere, la coyuntura monetaria es tal que si no se logra un superávit fiscal es probable que se llegue a una mayor inflación. Y no cabe duda de que la inflación es el impuesto más regresivo de todos, pues golpea a las clases menos favorecidas. Fuentes del Ministerio de Hacienda alegan que sólo en 1977 y 1986, los años de bonanza cafetera, se logró obtener superávit fiscal; pero olvidan que en 1991 las reservas internacionales aumentaron en más de 2.000 millones de dólares, mientras que el incremento en 1986 fue de 1.500 millones de dólares. En otras palabras, ahora también estamos en bonanza. Bonanza de servicios, puesto que Colombia exporta activos financieros a través de inversión de capitales externos y de colombianos en el exterior, en el sector financiero, las bolsas de valores y la propiedad raíz.
Como si fuera poco, hacia finales de 1993 Colombia tendrá una bonanza petrolera gracias a la entrada en operación de Cusiana, equivalente en producción a más de tres veces Caño Limón. El origen de la bonanza externa actual podrá no ser cafetera, pero es indudablemente una época de vacas gordas y debe ser tratada como tal.
Para evitar la inflación y la revaluación del peso, el tratamiento es, sin lugar a dudas, una reforma tributaria, pues el Gobierno reconoce su incapacidad para generar ahorro interno suficiente para absorber el inmenso flujo de divisas sin causar mayores traumatismos.
Otro factor importante para justificar la reforma es la nueva Constitución, no solamente porque hay que financiar nuevas instituciones como la Fiscalía General, sino por la transferencia del IVA a los municipios, que le ha abierto una herida muy grande a las finanzas de la nación. El ministro de Hacienda ha sido hábil al crear el ILVA -Impuesto Local al Valor Agregado- que permitirá a los municipios crear y administrar el IVA a algunos servicios como educación, publicidad, parqueaderos, espectáculos, peluquerías, restaurantes y lavanderías. Algunos de ellos, que ya pagaban IVA, quedan exentos con la reforma pero los municipios pueden crearlo. Las regiones, a su vez, contarán con mayor autonomía para administra] sus impuestos y sobretasas, lo cual aliviará la situación del fisco central.
La reforma establece una tarifa de renta del 75 por ciento para Telecom y Ecopetrol, que antes pagaban el 30 por ciento como cualquier empresa. Esta tarifa puede calificarse de confiscatoria. De todas maneras los excedentes de las dos empresas se destinaban a la Nación, pero la medida, evita constantes enfrentamientos entre el ministro de Hacienda y los gerentes de las empresas, al disminuir el margen de maniobra de los mismos Con Cusiana, Ecopetrol se convertirá en un importante generador de excedentes a partir de 1994, pues tanto este año como el próximo, tendrá que hacer grandes inversiones en la explotación del pozo.
Una verdadera reforma es que las entidades sin ánimo de lucro tengan que pagar impuesto de renta, salvo en casos muy específicos. Otra reforma de gran importancia es que, finalmente y después de años y años de discriminación, las empresas extranjeras pagarán los mismos impuestos que las nacionales. Se elimina, a parte del año 2000, el impuesto de remesas sobre las utilidades, pago de tecnología y de servicios técnicos, así como la doble tributación para inversionistas extranjeros. Las regalías pagarán impuestos de remesas sólo si los giros superan el tres por ciento de las ventas.
Lo que resulta inconsistente es que en plena apertura y en un esquema de atracción de capitales extranjeros, la medida se demore hasta el año 2000 para ser implementada. En estos momentos está operando una reducción gradual del impuesto de remesas, cuya meta es de 12 por ciento para 1996. De ahí en adelante, la nueva reforma impone una rebaja de tres puntos por año, hasta llegar a cero a finales del siglo.
El proyecto de reforma pide facultades para instaurar retención en la fuente a los ingresos provenientes del exterior. En otras palabras, pide facultades para revaluar. En lugar de revaluar se va a tratar de bajar el precio del dólar a traves de la refuente. Sucede igual con la gasolina. Como el alza en los combustibles es una medida sumamente impopular, se establece una sobretasa al consumo. La gasolina no sube entonces por resolución del Ministerio de Minas, sino por Ley de la República.
El punto que más comentarios ha suscitado es el incremento del IVA, del 12 por ciento al 18 por ciento. Este incremento es evidentemente negociable. Fuentes del Gobierno aseguran que quedarían contentos con una tarifa del 16 por ciento. Se elimina el IVA a los licores para combatir el contrabando. Actualmente los licores pagan una tasa del 35 por ciento.
Se van a crear grandes resistencias en el IVA a los servicios profesionales. Los abogados son un grupo de presión fuerte, que puede hacer retroceder la propuesta. El IVA a los servicios bancarios diferentes de intereses es también un tema álgido. Las utilidades del sector financiero se basan en gran parte en el margen de las operaciones de cambio que quedarían gravadas, y ello significaría además una revaluación adicional. El leasing no quedaría gravado pero sí las comisiones y, en general, todos los servicios que presta el sector financiero, lo que incluiría a las sociedades fiduciarias.
Cabe recordar que un aumento en el IVA no es necesariamente una medida inflacionaria. Los productos básicos de la canasta familiar no estarían gravados y un aumento en los precios por causa del IVA ocasiona incrementos sólo en el primer mes de su aplicación. A partir de ese período, la base de precios tendría ya el IVA incorporado y no generaría mayor inflación.
Los aumentos en el IVA generan tantas resistencias como el aumento en el impuesto a la renta. Es por ello que resulta poco probable que la sobretasa del impuesto de renta, del 17 por ciento, sea aprobada. Es utópica también la exención de esta sobretasa para personas naturales que inviertan el 20 por ciento de sus ingresos en accion de empresas que tengan una liquidez bursátil superior al 40 por ciento. Dicha liquidez alcanza generalmente un promedio del, tres por ciento. Definitivamente, el incentivo para eliminar la concentración de la propiedad de las empresas inscritas en bolsa no es ese.
Una medida claramente discriminatoria es el impuesto adicional para la explotación de petróleo, gas, ferroníquel y carbón. Claramente, e] ministro de Hacienda es consciente de que Colombia se convertirá muy pronto en una país con vocación minera, y quiere sacar una tajada adicional a Ecopetrol, Carbocol y Cerromatoso. Si esta medida es aprobada por el Congreso es porque los afectados son las empresas del Estado, que no tienen derecho al pataleo.
Positivo es que se elimina el impuesto de timbre. Pero la contrapartida es que casi todos los contratos quedarían gravados con el impuesto de registro.
Lo cierto es que hubiera sido conveniente darle un tratamiento de más bajo perfil al proyecto, para lograr introducir más cambios de los que finalmente va a aprobar el Congreso. Pero en un tema que hiere tantas susceptibilidades como es el de los impuestos, es utópico pensar que la opinión pública le daría: un tratamiento diferente. Vale la pena recordar cómo, calladamente, el Ministerio de Trabajo logró la aprobación de la Ley 50 y el decreto reglamentario 1660, origen de los despidos en el sector público, normas que ha dado más de un dolor de cabeza al Gobierno y a los trabajadores.
La reforma de la Dirección de Aduanas, la autonomía a las regiones en la administración de impuestos y los castigos a los evasores son la columna vertebral de la reforma. El cruce de información bancaria y el hecho de que esa información se utilice como prueba en el curso de procesos penales, son factores que deberían preocupar más a los evasores que el aumento de las tarifas.
La reforma tributaria no es popular por definición. Hay que esperar que se calme el ruido introducido la semana pasada, para que el equipo económico comience a trabajar con los congresistas. Parte de este trabajo lo está haciendo ya el presidente Gaviria con los parlamentarios liberales. Los conservadores presentan posiciones encontradas, mientras que los independientes y el M19 ya han expresado su rechazo. Lo que viene ahora son largas sesiones del ministro de Hacienda en el Congreso, recortes en temas que no son fundamentales y largas negociaciones.
Aunque el Gobierno no lo haya admitido, si el Congreso se muestra reacio a la aprobación de la reforma, las autoridades podrían acogerse al artículo 43 transitorio de la Constitución, que otorga facultades para financiar gastos creados por la misma. Con este instrumento, podría ser creada, por ejemplo, la sobretasa a la gasolina. Sin embargo no hay que olvidar que la Constitución eliminó las rentas de destinación específica. En una jugada maestra, el Gobierno podría introducir la totalidad de la reforma, haciendo uso de esas facultades, sin aprobación del Congreso. No obstante, no es factible que se recurra a esta instancia. Ello significaría el rompimiento total de las relaciones entre el poder Ejecutivo y la rama legislativa.
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