Mucho ruido y mucho absuelto

HACE UN AÑO, EN MEDIO del apagón generalizado que su mió al país en la peor crisis energética de su historia, el escándalo de Guavio desató una de las más sonadas investigaciones contra todos los funcionarios públicos que, de una u otra forma, habían tenido participación en la construcción de la hidroeléctrica. Todo el mundo quería encontrar a los responsables y, de ser posible, llevarlos a la cárcel.
A 32 funcionarios, inclusive alcaldes, ex gerentes y ex miembros de la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá, se les abrieron pliegos de cargo para determinar su responsabilidad en un proyecto que, al cabo de 10 años, no tenía siquiera visos de ser concluido y cuyo costo se había incrementado en un 340 por ciento, pasando de 566 millone de dólares -que se suponía iba a ser el costo total- a 2.494 millones de dólares. Ningún otro proyecto fue tan controver tido; hasta tal punto que aún hoy sigue siendo considerado como el mayor de satino en la historia de las obras pública de Colombia, al menos desde el punto de vista gerencial.
Entre 1981 y 1991, cuando la Procuraduría General de la Nación decidio abrir una investigación formal para indagar sobre las presuntas irregularidades en esta obra, el Guavio fue un proyecto casi a la deriva y sin fiscalización. Durante una década se produjeron allí una serie ininterrumpida de desaciertos, improvisaciones, erogaciones y atrasos en las obras que dejaron un sobrecosto que alcanzó la monstruosa cifra de 350 mil millones de pesos, casi la deuda interna de los 1.024 municipios del país.

LOS CULPABLES
Para la Procuraduría fue claro desde un principio que los culpables del fracaso del proyecto no eran solo los gerentes y funcionarios que tuvieron que ver con el desarrollo de las obras. Porque también los gobiernos de la época influyeron negativamente en varias de las etapas de su construcción: hubo demoras para tramitar los contratos de administración de equipos, cambios en la política tributaria y aduanera, una masiva devaluación en 1985 y una reprogramación del proyecto en 1987.Todo ello junto desbocó las proyecciones presupuestales que se habían realizado en el diseño del proyecto.
Pero cuando se pensaba que el descalabro era sólo de tipo financiero y administrativo, otro escándalo puso en vilo al país: el presunto enriquecimiento ilícito por parte de algunos de los gerentes que habían pasado por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Por este hecho fueron investigados los ex gerentes Roberto Cáceres Bolaños (1978-1982), Fabio Puyo (1982-1985) y Javier García Bejarano (1987-1988).
Las investigaciones contra los gerentes y demás funcionarios se centró básicamente en un sólo punto fundamental: las llamadas "obras extras".

SIN RESPONSABLES
Si bien hace un año el país creyó encontrar entre los 32 funcionarios investigados a los responsables por el descalabro del Guavio, lo cierto es que la investigación disciplinaria que concluyó la Procuraduría General de la Nación -tras 12 años de averiguaciones- dejó bien parados a la mayoría, que quedó absuelta por prescripción de procesos y falta de mérito.
No obstante, Fabio Puyo y Javier García Bejarano continúan involucrados a la investigación penal por enriquecimiento ilícito. Asimismo, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación recibieron sendas copias de los expedientes para que realicen averiguaciones de carácter penal por las presuntas irregularidades cometidas en el Guavio. De igual manera, los ex alcaldes Andrés Pastrana y Juan Martín Caicedo Ferrer fueron absueltos. SEMANA analiza en detalle la situación en que quedaron algunos de los demás funcionarios involucrados con el escándalo.

Andrés Pastrana Arango
AL EX ALCALDE Pastrana se le investigó por presuntas irregularidades cometidas en su calidad de miembro de la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá.
Según el Ministerio Público, el autorizó la ejecución, el pago de obras y la adquisición de bienes por fuera de los objetivos de la empresa y del objeto mismo de los contratos en relación con la construcción de la hidroeléctrica del Guavio. Las obras se llevaron a cabo en Ubalá, Gachalá, Gachetá y Mambalá.
La Procuraduría Delegada para la Contratación Administrativa absolvió al ex alcalde, pues consideró que sus actuaciones estuvieron ceñidas a la ley.

Juan Martín Cicedo Ferrer
AL IGUAL que al ex alcalde Andrés Pastrana, al también burgomaestre capitalino se le investigó por presuntas irregularidades en las autorizaciones otorgadas por la junta directiva de la Empresa de Energía para la ejecución y pago de obras, y la adquisición de bienes por fuera de los objetivos de la empresa y del objeto mismo de los contratos en relación con la construcción del Guavio.
Los trabajos de infraestructura fueron llevados a cabo en los municipios de Ubalá,Gachalá, Gachetá y Mámbita.
Según una fuente del Ministerio Público, la autorización de esos trabajos era la única forma de lograr que las comunidades del Guavio permitieran la prosecución de los trabajos, pues durante la construcción de la obra realizaron paros y marchas que pedían las labores. Las actuaciones del ex alcalde Caicedo Ferrer estuvieron ajustadas a los requerimientos de la ley.

Alvaro Villegas Villegas
SE LE formularon pliegos en su doble condición de gerente y miembro del Comité de Gerencia de la Empresa de Energía.
Entre otros cargos, se le acusó de permitir y autorizar el empleo de la figura jurídica de los subcontratos por parte de los contratistas principales, con el fin de ampararlos irregularmente bajo las estipulaciones de los contratos principales y burlar, en forma indebida, los trámites contractuales propios previstos en las leyes y reglamentos para cada uno de ellos.
El Ministerio Público encontró que Villegas no es responsable de ninguna de las irregularidades que se le indicaron en el pliego de cargos, y así lo declaró en la parte resolutiva de la providencia. En los demás cargos tampoco se pudo comprobar ninguna responsabilidad disciplinaria al ex funcionario.

Lázaro Mejía Arango
A ESTE ex gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliegos de cargos en su doble condición de gerente y miembro del Comité de Gerencia.
Entre otros cargos, a Mejía Arango se le investigó por permitir y autorizar la ejecución y pago de contrataciones para la compra de equipos, elementos y materiales sin que existiera, al parecer, la respectiva disponibilidad y reserva presupuestales.
También se le investigó porque las actas de estas compras se suscribieron presuntamente con posterioridad a los suministros, por cuanto no se estipulaba en ellas el término dentro del cual debían hacerse tales compras, convalidando así hechos cumplidos. La Procuraduría Delegada para la Contratación Administrativa y Asuntos Presupuestales concluyó que Mejía "no es responsable de ninguna de las irregularidades que se le formularon en el pliego decargos".

Fabio Puyo Vasco
CUANDO LA Procuraduría le abrió pliego de cargos, sus presuntas irregularidades ya habían prescrito, pues Puyo Vasco fue gerente de la Empresa de Energía Electríca de Bogotá entre los años 1982 y 1985 (la investigación se inició el 27 de mayo de 1991).
Sin embargo, la acción en su contra por enriquecimiento ilícito continúa vigente, después de que la Procuraduría encontró inconsistencias en su balance de rentas por más de mil millones de pesos, fortuna que hasta el momento no ha sido explicada satisfactoriamente ante la Procuraduria.
Como la investigación penal continúa, serán la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación las entidades que se encarguen de dilucidar el origen del presunto enriquecimiento ilítico del ex funcionario durante la ejecución de las obras del Guavio.
La Fiscalía tiene los expedientes de la investigación.

Javier García Bejarano
A ESTE ex funcionario se le abrió pliego de cargos, entre otros, por autorizar y permitir la ejecución y pago de obras, servicios y adquisiciones o suministros ya contemplados dentro de los contratos principales o en otras actas, originando con ello una doble contratación y un doble pago.
Como García Bejarano fue gerente de la Empresa de Energía entre el 13 de mayo de 1987 y el 31 de mayo de 1988, la acción disciplinaria por las conductas irregulares en las que hubiera incurrido ya prescribió, pues han pasado ya más de cinco años, según lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 25 de 1974.
Sin embargo, sigue vinculado a la investigación por enriquecimiento ilícito.

Jaime Arias Ramíez
A ESTE senador se le abrió pliego de cargos en su condición de miembro de la junta directiva de la Empresa de Energía. Entre otros, por haber autorizado la adquisición de equipos sin tener en cuenta que ya se habían reconocido al contratista por los miembros de la Junta Directiva, lo que configuraría un doble pago.
Arias Ramírez presentó sus descargos dentro del termino legal. Alegó que por no ser abogado ni ingeniero no hizo ningun aporte en las juntas a las que asistió, pues solamente se limitaba a estudiar y escuchar los informes de la gerencia, del director del proyecto, etc.
En la investigación se determinó que no es responsable de ninguna de las irregularidades imputadas.

Carlos Ronderos Torres
SE LE abrió pliego de cargos en su condición de miembro de la junta directiva de la Empresa de Energía.
Se le investigó por aprobar en la reunión de junta directiva del 31 de mayo de 1989 la ejecución de trabajos de descargue de los blindajes del cruce del río Batatas, reconociéndole valores al contratista por este servicio, "no obstante tener entendido de que se trataba de servicios y suministros extras, previstos de ejecutar en los contratos principales".
Tras la investigación, se determinó que Ronderos Torres no es responsable de las irregularidades que se le formularon.

Luis Enrique Nieto
SE LE abrió pliego de cargos en su condición de miembro de la junta directiva de la Empresa de Energía Electríca de Bogotá.
Entre otros, se investigó por haber aprobado la ejecución de los trabajos de descargue de los blindajes del cruce del río Batatas, y movimiento de tierras y obras civiles exteriores del patio de conexión del Guavio, cuando por ley se imponía la obligación de celebrar los contratos con todos los requisitos legales, puesto que se trataba de verdaderas obras y suministros nuevos que no quedaron amparadas por las estipulaciones de los contratos principales.
Se determinó que no era responsable de ninguna de las irregularidades.

Servando Pardo Reyes
SE LE formularon cargos en su doble condición de subgerente administrativo y miembro del comite de gerencia de la Empresa de Energía de Bogotá.
Entre otros, fue investigado por propiciar la doble contratación y doble erogación por ejecución y pago de obras, servicios y adquisiciones o suministros ya contemplados dentro de algunos contratos.
La Procuraduría no pudo ejercer su acción disciplinaria debido a que sus posibles conductas irregulares ocurrieron hace ya más de cinco años, y según la ley los procesos ya prescribieron.