MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

UN NARCOTRAFICANTE ENvió más de 20 toneladas de cocaína al exterior entre 1970 y 1994. Luego se sometió a la justicia y confesó que cometió el delito de narcotráfico durante 24 años, pero aseguró que no recordaba exactamente las cantidades ni las fechas de los envíos. El fiscal que conoció el caso se limitó a formularle un solo cargo por narcotráfico, que contemplaba una pena entre cuatro y 12 años de prisión.
Si ese fiscal hubiera actuado correctamente, le habría formulado al menos tres cargos por tráfico de sustancias prohibidas y se habría tomado el trabajo de verificar la confesión del delincuente. Así, un juez no dudaría en imponerle una pena de hasta 24 años de prisión.
Este es apenas el botón de muestra del deficiente comportamiento que asumieron algunos fiscales ante su obligación de elaborar un proceso sólido contra un narcotraficante confeso, todo lo cual indicaba que había que hacer algo. Y urgente. Por esa razón hace un mes los más altos dignatarios de la justicia se dieron a la tarea de diseñar una profunda revisión de las normas que soportan el andamiaje de la política de sometimiento a la justicia.
Pero luego de varias sesiones los miembros de la comisión se dieron cuenta de que, simplemente, había que aplicar en forma drástica las normas existentes y dejar una pequeña porción para que el Congreso las modifique. De cierta manera, hubo una excesiva delegación de funciones en manos de los fiscales, lo que se tradujo en un desbordamiento en el otorgamiento de beneficios y la inadecuada dosificación de la pena frente a los delitos cometidos. Expertos consultados por SEMANA aseguraron que el documento de 27 páginas elaborado por la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, no produce modificación alguna en los procesos de sometimiento adelantados hasta ahora. Es decir, quedan en firme las negociaciones con los hermanos Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa y otros cinco narcotraficantes que hace cerca de cinco años se entregaron a las autoridades. Los procesos contra los narcoterroristas del cartel de Medellín que se sometieron con Pablo Escobar siguen congelados porque la Fiscalía todavía no ha terminado el proceso de verificación de las confesiones. Lo que se sabe hasta ahora es que en un pasado reciente a esa información se le dio demasiada credibilidad. Terminada esa fase, los jefes del ala terrorista del cartel de Medellín tendrán que llegar a un nuevo acuerdo con los fiscales sin rostro que llevan cada uno de los procesos.
Quienes sí van a sufrir los rigores de la aplicación de las normas del sometimiento -que ahora serán controladas directamente por el Fiscal General- son los narcotraficantes que se entreguen o sean capturados por las autoridades. Es decir, el cartel de Cali. Y la nueva estrategia encaminada a hacer que los delincuentes paguen por sus delitos será probada con Jorge Rodríguez Orejuela, el hermano de los presuntos capos del cartel de Cali detenido hace dos semanas en Cali. "Se trata básicamente de apretar las tuercas. No sabemos qué vaya a pasar cuando el gobierno presente un proyecto de ley en el Congreso pidiendo un endurecimiento en las penas. Pero lo que sí había que hacer era reorganizar la aplicación de las normas para los sometidos. Es decir, que ellos sepan que hay cr¿terios claros de actuación", dijo uno de los funcionarios que participó en la comisión.
Esta semana el gobierno y la Fiscalía promulgarán los decretos reglamentarios y las resoluciones que, según se ha dicho, pondrán orden en la casa. Pero la reforma de fondo, la que tiene que ver con el aumento de las penas tendrá una dura batalla en el Congreso. Solo entonces se sabrá si la política de sometimiento a la justicia habrá tenido su segunda oportunidad.