Muerte política a congresista por feriar altos cargos del Estado

El representante a la Cámara por Guainía Édgar Alexánder Cipriano habría pasado inadvertido para el país de no ser por el escándalo que llevó a su salida definitiva del Capitolio y de la vida pública. El Consejo de Estado acaba de declarar su pérdida de investidura por haber puesto en venta altos cargos del Estado.  

A través de testigos, grabaciones y recibos de consignación, el Consejo de Estado encontró probado que el congresista les ofreció cargos a tres personas de Santander. En una reunión convocada en el Congreso, el parlamentario les prometió conseguirles las direcciones del Sena y del DPS (Departamento para la Prosperidad) en Guainía, además de los consulados de San Fernando de Atabajo (Venezuela) y de Manaos (Brasil).

El baldado de agua fría para los asistentes vino cuando les dijo que a cambio tenían que pagar: por los consulados 30 millones y por las direcciones regionales un total de 20 millones. Eulalia Chacón Florez, personera del municipio de Landázuri (Santander), fue una de las convocadas; ella entró creyendo que era una oferta real de empleo, sin embargo, salió del recinto en cuanto le mencionaron el millonario cobro. 

Con recibos de consignación en mano, los otros dos asistentes lograron probar cómo alcanzaron a girar una buena parte del dinero que el congresista les exigía. Los dineros fueron a dar a las cuentas de la esposa del parlamentario de su asistente en la UTL. Sin embargo, los meses pasaron y los nombramientos nunca llegaron. A uno de ellos, para calmar las aguas, le ofreció un puesto en su UTL pero tampoco cumplió. 

El cacique regional por las comunidades indígenas fue denunciado por Iván Rafael Acosta, quien puso en conocimiento de este tribunal varias de estas evidencias, además de la grabación de Noticias UNO en donde Cipriano cuenta grandes sumas de dinero al parecer producto de la venta de los cargos. 

Cuando el proceso ya cogía vuelo en el Consejo de Estado con la citación de los testigos a declarar, en octubre del año pasado, fue asesinado en extrañas circunstancias Erwin Avellaneda Duarte. Él fue uno de los asistentes a la reunión y alcanzó a pagar dinero al congresista a cambio de un puesto antes de ser baleado en el sector de Villa Alsacia, localidad de Kennedy. El crimen está en investigación, pero mientras salen los resultados el Consejo de Estado pidió de inmediato la protección de todos los testigos que hacen parte de este caso. 

El polémico representante viene defendiéndose con que este proceso es producto de una persecución política.  Sin embargo, no es la primera vez que su nombre llega al alto tribunal, ya se salvó de una demanda de nulidad que no prosperó por razones insólitas. Sus electores fueron comunidades indígenas a las que les prometió motores, motosierras y materiales de construcción, a cambio de los votos. 

Estando en el Congreso, el representante por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) se desentendió de sus promesas de campaña. Al evaluar el caso, el Consejo de Estado tuvo dificultades para ubicar a los testigos y su bajo grado de escolaridad terminó jugando a favor de Cipriano. Finalmente, al congresista le fue fácil esquivar la evidencia reina, documentos en donde los líderes indígenas dejaron sentado el negocio, diciendo que las firmas que aparecían al pie de la página eran escaneadas.