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Muerte política

Luego de 18 años de una dolorosa trayectoria, en la cual fueron asesinados 4.000 de sus activistas, la UP se quedó sin personería jurídica. Epílogo de una tragedia.

6 de octubre de 2002

La Union Patriotica (UP) cumplió la mayoría de edad y le quitaron la cédula. Luego de evaluar los resultados de las elecciones pasadas una resolución del Consejo Nacional Electoral le retiró la personería jurídica a 18 organizaciones políticas, entre ellas la UP, por no conseguir 50.000 votos y no haber ganado ninguna curul en el Congreso. Es el sello legal a una realidad política vergonzosa: la eliminación y persecución sistemática a los militantes de un partido político hasta acabarlo física y jurídicamente.

Nacida de los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur con las Farc a principios de 1985, la Unión Patriótica era la apuesta de la guerrilla a tejer una red política en sus zonas de influencia y a lanzarse al juego electoral de votos y campañas. Sin embargo cargó con sus primeros muertos y desaparecidos sin echar el primer discurso. Año tras año, tanto líderes políticos como militantes de base fueron asesinados por el sólo hecho de hacer campaña con las banderas de la UP. Más de 4.000 militantes fueron abatidos por las balas asesinas de la intolerancia, que convirtió este caso en un genocidio político. Muchos más fueron amenazados y forzados al exilio. A la concejal Aída Avella, una de sus integrantes más carismáticas, llegaron al punto de lanzarle un rocket a su carro en plena Bogotá. Cómo hacer política sin posibilidad de organizarse por el miedo a ser asesinados, se preguntan algunos dirigentes.

No hay partido político que aguante la aniquilación de todos los niveles de su dirigencia. Mientras que en las elecciones presidenciales de 1986 se depositaron 328.955 votos por Jaime Pardo Leal, candidato de la UP posteriormente asesinado, sólo 23.613 electores acompañaron las listas del Senado en 1998. En su mejor momento la Unión Patriótica alcanzó a tener 325 concejales, 14 congresistas, 35 diputados y varios alcaldes.

Hoy no queda casi nada de un movimiento que pudo haberse convertido en la tercería de izquierda de finales de los 80 en Colombia. Sus directivos actúan prácticamente en la clandestinidad por razones de seguridad. "A la UP no nos pueden exigir 50.000 votos para mantener la personería cuando el Estado colombiano no ha sido capaz de garantizarnos el derecho a existir como personas y como organización política", afirma Mario Upegui, concejal bogotano. El aniquilamiento de la UP tuvo un efecto perverso para el país: le dio, en su momento, argumentos a la guerrilla para decir que en Colombia sólo se puede hacer oposición por la vía de las armas. Hoy no se puede decir lo mismo. El país ha cambiado y fenómenos como el de 'Lucho' Garzón, -que en la última encuesta del Gallup Poll tiene una imagen favorable de 52 por ciento- reflejan la creciente madurez política de los colombianos y la receptividad a propuestas de izquierda sin que sean estigmatizadas.

Para los dirigentes de la UP la decisión de quitarles la personería no puede medirse sólo por el número de votos. Hay que considerar la dificultad para hacer campaña y el temor de sus activistas y votantes. En las elecciones locales de 2000 tuvieron que retirar las listas a la Asamblea de Antioquia y al Concejo de Medellín. Sólo pudieron presentar candidatos en Bogotá y en Arauca.

Sin embargo el Consejo Nacional Electoral está simplemente cumpliendo con la ley. Para Elizabeth Ungar, directora de Congreso Visible, "no se puede hacer ninguna excepción. Esta pérdida de personería puede convertirse en un reto a futuro para la UP que genere un refortalecimiento dentro del partido". No deja de ser paradójico que mientras se consolidan ante la opinión nuevos líderes de izquierda como Antonio Navarro, Luis Eduardo Garzón y Carlos Gaviria, una de las organizaciones más representativas de esta corriente ideológica se apague.

La clave de una democracia efectiva radica en las garantías a los partidos políticos para hacer campaña y oposición. No obstante la UP es una muestra de que estas garantías en Colombia siguen siendo parciales. Una cosa es perder curules en igualdad de condiciones con los otros competidores y otra, muy distinta, es que los votos disminuyan a la par de las vidas de los militantes.