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| 7/17/2000 12:00:00 AM

Muertos de la risa

Mientras el establecimiento se desgasta en peleas inútiles, el país colapsa y la guerrilla gana terreno. Es hora de la sensatez.

En días pasados no pocos columnistas se han preguntado cómo será que ‘legislan’ las Farc. ¿Habrá una votación del secretariado? ¿Se sentará Marulanda a expedir las normas desde su hamaca? Nadie sabe la respuesta pero es posible aventurar en qué estado de ánimo ‘legislan’ los dirigentes delas Farc. Sin duda, lo hacen muertos de la risa.

Y así ocurre porque mientras las Farc dictan ‘leyes’ el establecimiento profundiza su guerra fratricida y se ahondan las enormes distancias que eran antes mecanismo de diferenciación política y son hoy razones de odio visceral.

Lo cierto es que hoy los colombianos no están unidos alrededor de casi nada. Es habitual que, en las encuestas de opinión, 50 por ciento de los encuestados crea una cosa y 50 por ciento exactamente lo contrario. Lo grave de todo esto es que, mientras se agudiza la polarización colombiana, proceso que se inició en la campaña de 1994, el país literalmente se juega su destino con una economía en recesión, un desempleo del 20 por ciento, un sanguinario conflicto armado y una crisis de gobernabilidad sin precedentes.

Es de eso de lo que se ríen Marulanda y ‘Jojoy’ en la portada de esta edición de SEMANA. Quizás por esas mismas razones fue tan popular hace algunos meses un discurso leído por el ex ministro Luis Carlos Valenzuela, en el cual criticaba duramente al establecimiento colombiano por carecer de sentido de propósito. Y lo mismo hizo el prestigioso académico inglés Malcolm Deas semanas antes, cuando en una entrevista afirmó sin ningún reato que en Colombia simplemente “no había clase dirigente”. Para Deas lo que llaman en Colombia ‘clase dirigente’ no son sino grupos de personas privilegiadas que se reúnen en los clubes para hablar de los problemas del país. Los dos coincidieron en acusar al establecimiento de debilidad, falta de coraje, ausencia de conciencia de su propia responsabilidad en la construcción de la Nación y estrechez de ambiciones.

Hoy el panorama es peor. Cada vez que el presidente Andrés Pastrana intenta abrirse paso para recuperar la gobernabilidad perdida del otro lado del espectro político le ponen dinamita a los puentes. Es cierto que no es esa una tarea que el actual Presidente suela hacer con gracia o aun con destreza, pero la verdad es que no ha sido fácil para el gobierno reconstruir los puentes para liderar consensos.

Sin embargo, no es menos cierto que, sometidos a la presión de una oposición canibalizada, miope y vengativa —para la cual pareciera urgente enlodar al gobierno lo suficiente como para que no exista diferencia alguna en la opinión entre el gobierno anterior y el actual— los funcionarios públicos, empezando por el jefe del Estado, caen con frecuencia en la utilización de los ataques personales y los insultos en cambio de perseverar en construir mecanismos para que exista verdadero consenso alrededor de los temas de la supervivencia nacional.



El reversazo

Es evidente que el gobierno empezó mal la primera fase de su cuatrienio. Con su estilo soberbio el gobierno cerró las puertas a las demás fuerzas políticas desde el inicio del período presidencial. Pero tal vez el episodio que ha puesto de manifiesto la incapacidad de Andrés Pastrana para generar los consensos y los apoyos necesarios para gobernar ha sido el del referendo. Este traumático incidente encontró su origen en la necesidad del gobierno de encontrar un respiro a dos años de impopularidad creciente, derivada de un proceso de paz incierto y de los primeros ataques de la oposición parlamentaria en contra de algunos de los funcionarios más cercanos al Presidente: su secretario general y su Ministro del Interior. Entonces Pastrana decidió liderar la iniciativa de reforma constitucional apoyado en la coyuntura del ‘pomaricazo’ y ondeando la bandera de la anticorrupción, cuya carnada, ante la opinión —la revocatoria del Congreso—, se convirtió en su propio veneno en la arena política.

En momentos en que el país necesitaba estabilidad política para reactivar la economía y requería legitimidad para hacerle frente a los violentos, el gobierno le declaró la guerra al Congreso, introduciéndole dinamita pura a una precaria tranquilidad institucional, pese a que nadie duda de que el sistema político, corroído hasta los tuétanos por la corrupción, requiere una reforma política de fondo que castigue al corrupto. Pero el arte de gobernar no sólo consiste en proponer las reformas sino en saber cuándo y cómo se plantean. Con el referendo Pastrana desperdició una oportunidad de oro para introducir las reformas que, según la politóloga Elizabeth Ungar, se requieren para resolver algunos problemas de la crisis. “La reforma de los partidos políticos, la financiación de las campañas son aspectos que la Constitución del 91 dejó intactos, y que resulta indispensable cambiar”, dijo a SEMANA.

Desde una perspectiva puramente política la propuesta de referendo terminó siendo un boomerang que neutralizó el campo de acción tanto del Ejecutivo como del Legislativo.



La banderita

Del fallido intento de referendo no sólo quedó claro que las reformas constitucionales no garantizan la solución de los problemas estructurales del país, sino que la bandera de la lucha contra la corrupción resulta muy rentable para conseguir votos pero muy peligrosa para gobernar si se tiene algo de rabo de paja. El haber asumido la bandera de la moralidad pública ha vuelto mucho más vulnerable al gobierno después de la serie de escándalos que le han estallado en las manos. ¿Pero qué tan corrupto es el gobierno actual? Más de lo que piensa el alto gobierno pero mucho menos de lo que deja entrever el brutal ataque de la oposición. Más de lo que piensa el gobierno, no porque los altos funcionarios no sean conscientes de los complicados líos de algunos colaboradores del Presidente sino por la ausencia casi absoluta de reflejos. Esa conducta define la manera como el gobierno ha actuado en los casos más sonados; hasta ahora ninguno de los cuales se acerca a lo ocurrido en la campaña samperista. Así —con asombrosa lentitud— reaccionó el gobierno cuando se supo que el embajador en México, Diego Pardo Koppel, había adelantado negociaciones lesivas para los intereses del Banco del Estado antes de su nombramiento como tal; o cuando a su anterior ministro de Desarrollo y amigo cercano, Fernando Araújo, lo acusaron por la compra de terrenos en el lote Chambacú; o cuando el país supo que la familia política del secretario general y amigo personal del Presidente, Juan Hernández, contrataba con el Estado en magnitudes nada despreciables. A eso se suman casos como los de Dragacol, en el cual terminó acusado el entonces ministro de Transporte y actual director de Planeación, Mauricio Cárdenas, y el de Jaime Ruiz, a quien se le ha acusado de haberse beneficiado con el Plan de Ordenamiento Territorial. El caso del ex ministro de Salud, Virgilio Galvis, y la manera como el gobierno manejó el Fondo Interministerial, con el cual la mesa directiva de la Cámara llevó a cabo los sonados serruchos del ‘pomaricazo’, contribuyeron a enlodar la imagen del gobierno.

Cuando los colombianos creían, o al menos esperaban, que la corrupción en las altas esferas del Ejecutivo hubiera sido un episodio fortuito y propio del ex presidente Samper, el epicentro del debate público ha gravitado en estos casos alrededor de las irregularidades del alto gobierno. Y lo que lee la opinión es que no hubo cambio.

Sin embargo, es evidente que hay grandes diferencias en el caso de Samper. Mientras éste recibió varios millones de dólares del cartel de Cali para su campaña presidencial y aumentó el déficit fiscal para evitar su caída, en el gobierno de Pastrana se trata de funcionarios cuyas actuaciones han sido indelicadas en unos casos, o de corrupción administrativa en otros. Aun en la controvertida cuenta del ex gobernador Navas Meisel, la diferencia con la campaña de Samper es grande. Lo que sucedió en 1994 —aun si fue a espaldas de Samper— fue una financiación del narcotráfico a una campaña presidencial. Lo que sucedió en 1998 —aun si fue a espaldas de Pastrana— es, hasta ahora, un caso de unos dirigentes de la Costa desesperados por saltarse un sistema de controles para la recolección de dinero demasiado estricto de la dirección en Bogotá. Si bien no deja de ser bastante grave no es comparable con lo que sucedió en el gobierno anterior.

Pero como la política es también cuestión de percepciones, el mensaje que percibe la opinión pública carece de estas distinciones. Para la absoluta mayoría de colombianos se trata “de los mismos con las mismas”.



¿Las Farc? Unidas, legislando

En este contexto no es accidental que las Farc hayan expedido la ‘ley 003’ que pretende sancionar a los corruptos, en un intento no sólo de ir a la mesa de negociaciones con el ropaje de Estado sino de apropiarse de la formulación y ejecución de las políticas más sensibles al ciudadano. Así, mientras el establecimiento fracasa, desde su propia entraña, en castigar a los corruptos, las Farc se fortalecen en el campesinado como autoridad reivindicadora. Por este camino, tanto las Farc como el ELN consolidan su poder local y recuperan la legitimidad popular perdida durante sus años de tomas y masacres.

“Con su ley 003, las Farc buscarían recuperar el terreno político perdido con el referendo”, dijo el analista Alfredo Rangel. La guerrilla sabe, como Pastrana, que la bandera de la corrupción es un cautivador instrumento electoral para los próximos comicios pero en su caso el rabo de paja no prende ante la hoguera. Ya se atrevieron a decir, incluso, que le van a adelantar un juicio revolucionario a los ‘pomáricos’ responsables de los desfalcos de la Cámara de Representantes y a Fabio Puyo por el descalabro de la hidroeléctrica del Guavio, “aun si se encuentra escondido en Madrid”, en palabras de Raúl Reyes.

Ya en algún lugar de Bolívar el ELN ha enjuiciado a varios alcaldes por haberse adueñado presuntamente de dineros públicos, obligándolos a realizar trabajos forzados. En el Tolima, a su vez, estos juicios sumarios han tenido bastante acogida en sectores populares. Esto ha llevado a una peligrosa suplantación de la justicia por una inquisición revolucionaria en un país donde de por sí ya el 66 por ciento de los colombianos acuden a la justicia privada.



La oposición irreflexiva

Los liberales oficialistas, dirigidos por Horacio Serpa, también hacen parte de esta rapiña política. La autodenominada “oposición patriótica” no ha sido sino un artificio para usufructuar el poder. Era evidente que varios de los puntos del referendo del gobierno, como la lista única y el voto obligatorio, herían de muerte las estructuras atomizadas, clientelistas de las avispas liberales. Y, por supuesto, el liberalismo y los congresistas no estaban dispuestos a hacerse un harakiri electoral sólo por el bien del país. Se trata de una oposición que entorpece la poca iniciativa del gobierno y que condiciona los pequeños consensos que ha alcanzado Pastrana con el fin de conseguir nombramientos o contratos. Con una oposición clientelista y un liberalismo cortoplacista se fortalece la legitimidad y ascendencia de la guerrilla.

Por ello la escasa maniobrabilidad del gobierno le ha impedido ejecutar tareas tan simples como defenderse de acusaciones superfluas, de mantener la credibilidad inicial que tuvo en los mercados internacionales, de poder armar un gabinete, de sacar adelante sus propios proyectos, como el Plan Colombia o la ayuda financiera en el Congreso norteamericano o, incluso, de poder nombrar un ministro. El ejemplo más impresionante ocurre con el Ministerio de Salud, que ha estado acéfalo en momentos en que se discute la reforma al Seguro Social y se mantiene la crisis hospitalaria.

El problema político del presidente Pastrana está sobrediagnosticado. El debe abrir su círculo a otras fuerzas políticas, como un ejercicio de reflexión y de una visión de país, y no como el resultado de algún acuerdo clientelista. Pero si no actúa con rapidez se van a perder los dos últimos años de gobierno.

Esta falta de manejo político por parte de la clase dirigente, y de soluciones de largo plazo, ha obligado a la población a acudir a las vías de hecho para solucionar sus problemas. Los bloqueos y contrabloqueos de las principales carreteras del país son el más patético reflejo de la progresiva desinstitucionalización del país. Nunca antes en la historia reciente había habido tanta distancia entre el país político y el país nacional. La sociedad se ve en la necesidad de actuar por fuera de la ley como única opción para hacerse sentir. “No hay una expresión política de la sociedad y existe una profunda crisis de representación política. Y eso es muy grave”, dijo a SEMANA Fernán Martínez, director del Cinep. Estas contradicciones y bandazos del establecimiento, sumados a la falta de presencia del Estado en la mayoría del territorio, ha hecho que los problemas reales —los locales y regionales— sean resueltos cada vez más por el paraestablecimiento de la guerrilla y los paramilitares.

Preocupa, además, este desgobierno ante el proceso electoral que se avecina. Mientras Samper le tira tomates a Pastrana y viceversa, los grupos armados están trazando una minuciosa estrategia para acceder a los cargos de elección popular e infiltrar el Estado. La situación no sería tan dramática si no fuera porque el 40 por ciento de los alcaldes del país se encuentran en zonas de influencia guerrillera o paramilitar, según lo reveló recientemente la Federación Colombiana de Municipios.

Para el ex concejal Juan Carlos Flórez, de continuar la rapiña de la dirigencia nacional, un posible escenario para Colombia, en un futuro no remoto, podría ser el de una guerra civil abierta. En esta apreciación coincide un estudio sobre guerras civiles realizado por el Banco Mundial, y conocido esta semana, que concluye que, “hay un coctel que resulta explosivo y que está compuesto por un país que exporte materias primas que supongan la cuarta parte de su PIB, que el crecimiento económico sea bajo o decadente y que el país se enfrente a una explosión demográfica con un bajo índice de alfabetización”.Y Colombia ya padece de varios de estos síntomas.

Lo que observa la guerrilla, como lo dijo un alto funcionario del gobierno a SEMANA “es un país en el que el Presidente ataca al Congreso, el Congreso al Presidente, el Fiscal al Procurador, los industriales al Ministro de Hacienda, el Ministro de Hacienda a los banqueros, los liberales a los consejeros, los medios al gobierno”.

A estas alturas, los ‘Monos Jojoys’, los Raúl Reyes, los ‘Tirofijos’, los Castaños y los narcos deben estar frotándose las manos, mientras presencian cómo crecen los cultiovs, cómo la compra de los armamentos sigue en alza, y cómo se aprestan a librar una lucha campal por la riqueza del país, mientras la dirigencia nacional se desvanece en pequeñeces.
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