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| 5/26/2016 6:47:00 PM

La mujer que desnudó al ladrón: ¿Exceso o legítima defensa?

El video que muestra a una mujer reduciendo a un ladrón y obligándolo a desnudarse y correr por las calles de Bogotá, abrió una profunda controversia sobre los derechos ciudadanos.

Cansado de las injusticias que le ocurren en una secuencia de hechos, el ingeniero ‘Bombita’ decide tomar justicia por mano propia y pone un carro-bomba en una de las dependencias más concurridas de la policía bonaerense. Sus actos fueron aplaudidos en las redes sociales y por las personas que están hasta el cuello de los trámites burocráticos. Otros critican la locura que cometió el oscuro personaje.

La historia hace parte de Relatos Salvajes, la película argentina que estuvo nominada al Oscar y tuvo un gigantesco éxito en taquillas mundiales. El ingeniero ‘Bombita’, interpretado por Ricardo Darín, se volvió un personaje de culto. Acaso, el símbolo del trabajador subyugado que un día se aburre de las injusticias y decide actuar por su cuenta, pasando por encima del Estado y la ley.

Ya en la fría realidad de las calles del sur de Bogotá, en la tarde del martes, una mujer no sólo logró desarmar a un presunto ladrón, sino que pudo reducirlo y darle un escarmiento sin que interviniera autoridad alguna.

Como ya es costumbre en estos casos, uno de los testigos sacó su celular y comenzó a grabar la secuencia que se repite en miles de barrios de este país. La particularidad fue que la mujer no se conformó con reducir al agresor, sino que, como el ingeniero ‘Bombita’, decidió de paso proporcionarle un castigo: obligarlo a desnudarse.

Acosado por los gritos y los golpes de la mujer, el joven se quita la ropa y apenas puede tapar sus partes íntimas, antes de huir sin rumbo fijo. Todo quedó registrado en video, que luego fue publicado en Facebook.

No pasaron siquiera dos horas y ya las imágenes se viralizaron. El video de la “valiente mujer que aleccionó a un ladrón en Bogotá” pasó de muro a muro, de trino a trino hasta llegar a la tribuna de los medios para convertirse en la noticia de la mañana de este miércoles. Esta vez, como tantas, el video viral acaparó las opiniones de los panelistas en la radio y la furiosa controversia de las redes sociales.

Las posiciones no sólo son extremas, sino que se debaten con apasionamiento. En una esquina están los usuarios que consideran que la mujer hizo lo que debía: se defendió del atacante y además ejerció un mínimo de justicia en un entorno que entrega pocas garantías. En la otra orilla, están quienes se apegan a la norma y aseguran que “la ofuscada mujer no sólo se extralimitó, sino que torturó al joven”.

Pedro Quijano, director del Sistema del ICBF dice que la mujer, aun cuando actuó en legítima defensa, se excedió hasta llegar a la ofensa y agresión. “Ella debió esperar a que fueran las autoridades las que se encargaran del asunto. Con obligar a desnudar al supuesto menor, ejerció un trato inhumano y degradante, y suplantó la ley”.

El alto funcionario se preguntó si este tipo de hechos no generan más violencia y si lo que quiere la sociedad es permitir que se tome la justicia por las propias manos.

A su turno el penalista Jaime Granados aseguró que en este caso se habría podido configurar el delito de lesiones personales, por los golpes propinados al supuesto menor. “Pero eso lo debe determinar Medicina Legal”, dijo Granados.

El jurista advirtió que este delito entraría en concurso con el constreñimiento ilegal al haber obligado a desnudar a esta persona. “Por tratarse de un menor el tema se agrava. En este caso lo que también se ha podido configurar es un exceso en la legítima defensa”, concluyó.

Para el también penalista Iván Cancino, el comportamiento de la señora encuentra respuesta en el exceso de una legítima defensa. "Según el vídeo, el señor la acababa de agredir con arma blanca y ella responde ante la agresión reciente, pero erradamente, por eso puede ser sancionada por una lesión psicológica o física pero disminuida por esa creencia errónea de estar actuando según la ley".

En su momento, Semana.com consultó al experto en seguridad Jairo Libreros, quien explicó que la causa fuerte para que los linchamientos se den en Colombia y en Latinoamérica “pasa por el profundo descontento social por la justicia, lo que haría que la gente ya no esté interesada, por ejemplo, en protestar, sino en actuar por mano propia”.

Respecto a lo que está consignado en las leyes, el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal Colombiano habla de que cualquier persona puede aprehender a alguien que sea sorprendido en flagrancia y llevarlo inmediatamente a las autoridades. En el 2014 hubo 4.891 delincuentes capturados por civiles y en el 2015 hubo un aumento del 23 %.

¿Y la impunidad?

Pero si de cifras se trata, el hurto callejero fue el delito que más afectó a los bogotanos en 2015. Según cifras distritales, los ciudadanos reportaron alrededor de 26.000 casos por robo a personas. Muchos de los afectados no denuncian.

El actual secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, realizó en 2014 un informe titulado “Un análisis de la criminalidad urbana en Colombia”, el diagnostico reveló que entre 2003 y 2013, el hurto callejero se disparó un 145,77 %, esto debido a la impunidad que cobija a los atacantes.

De acuerdo con una estadística de 2014, revelada por el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), “el 82 % de los capturados quedan libres por razones de los códigos penales y más si son menores de edad”.

Ante esas estadísticas escalofriantes, los expertos coinciden en que los casos de justicia por mano propia están disparados y terminan siendo el reflejo “de la debilidad de las instituciones en Colombia y sobre todo del sistema judicial”. Sin embargo, insisten en que los ciudadanos si bien tienen derecho a su defensa personal, no pueden extralimitarse.

El caso de la mujer que obligó al ladrón a desnudarse retrató buena parte de los problemas estructurales que aquejan a una sociedad que se debate entre la impunidad de los ladrones y la exageración de la justicia colombiana. Lo cierto es que ni las víctimas de hurtos están por encima de la ley y deben respetar los códigos de procedimiento que nos rigen. Al final de cuentas, Colombia no se puede convertir en cuento de Relatos Salvajes.

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