¿Mujeres al poder?

Dicen que a las mujeres no las entiende nadie. Cuando la Corte Constitucional citó el pasado 7 de marzo en el Palacio de Justicia a un destacado grupo de mujeres para que expusieran sus argumentos sobre una ley que en la práctica les otorgaría como mínimo el 30 por ciento de los cargos públicos de alto nivel en el país, surgió un enfrentamiento entre las asistentes que evidenció las percepciones antagónicas que tienen sobre la discriminación por género en el ámbito laboral.

La primera en rechazar la norma fue la directora de la Dian, Fanny Kertzman, quien aseguró que los servidores públicos deben ganarse los espacios por sus capacidades y no por su sexo. Para ella la denominada Ley de Cuotas “es innecesaria y discriminatoria, aunque suene paradójico”.

En respuesta la directora de Colfuturo, Isabel Londoño, advirtió que las mujeres que se oponen a la ley lo hacen porque tienen poder y privilegios que otras no poseen. La sicóloga y catedrática universitaria Florence Thomas dijo, por su parte, que la norma sería una reparación parcial de la discriminación histórica que han sufrido las mujeres en muchos campos, incluida la administración pública.

Paradójicamente, la vigencia de la ley depende de nueve hombres que componen la Corte Constitucional, quienes esta semana adoptarán una decisión que sin duda será de gran trascendencia para el país. Si la Corte declara exequible la Ley de Cuotas y el presidente Andrés Pastrana la sanciona, en cuestión de días las mujeres comenzarán a ocupar por derecho propio al menos cinco ministerios y un tercio de los principales cargos públicos y tendrán figuración asegurada en las ternas para la elección de las altas Cortes y los organismos de control.

A esta posibilidad le han surgido críticos, que aseguran que excluir a un hombre de un cargo por el sólo hecho de serlo sería “discriminación por razones de sexo”, lo cual está prohibido por el artículo 13 de la Constitución. En su columna de El Tiempo Hernando Gómez Buendía advierte que la Ley de Cuotas tiene tres defectos implícitos: “Su concepción patrimonialista del servicio público (un cargo es un premio), su tufillo clientelista (candidatas con padrino) y su lógica hechiza (añadir unos rostros en la cúspide, en vez de ensanchar la base de la conciencia y la participación masiva de las mujeres)”.

Todo parece indicar, sin embargo, que existe un ambiente favorable en la Corte Constitucional para aprobar la Ley. Los magistrados se acogerían a la interpretación de la llamada ‘discriminación positiva o acción afirmativa’, corriente que ha hecho carrera en países como Estados Unidos y Francia, que busca reparar el daño que se ha causado a las mujeres en los largos años de discriminación y hegemonía masculina.

Según dicha interpretación la sociedad tiene que asumir un costo para equiparar las cargas y los derechos de sectores tradicionalmente relegados. La ‘discriminación positiva’ pretende incluir en el diseño y ejecución de las políticas públicas una perspectiva de género femenino, partiendo del hecho de que las mujeres ven y solucionan los problemas con un enfoque diferente al que tienen los hombres.



Los números hablan

Independientemente de tales teorías, es un hecho que en Colombia ha existido una gran discriminación en contra de las mujeres. Aunque se podría decir que se encuentra mimetizada, las cifras hablan por sí solas. En Colombia nunca una mujer ha ocupado los cargos de Procurador, Contralor, Fiscal o magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, entre muchos otros. De las 269 curules que hay en este momento en el Senado y la Cámara de Representantes solo 33 son ocupadas por mujeres, es decir el 12,26 por ciento (ver gráfica). En términos salariales, se calcula que una mujer recibe 25 por ciento menos que un hombre por el mismo trabajo. Y según un estudio de las Naciones Unidas, si no se aplica la ‘acción positiva’ la paridad laboral entre hombres y mujeres sólo se alcanzaría en 400 años.

Y eso no lo puede tapar el hecho de que algunas mujeres hayan alcanzado algunos puestos importantes en la administración pública y que Noemí Sanín y María Emma Mejía sean hoy fuertes aspirantes a la Presidencia de la República y a la Alcaldía de Bogotá. Es evidente que la cultura política colombiana ha sido tradicionalmente machista y cargada de prejuicios contra la capacidad laboral de la mujer. La pregunta es si las cargas se pueden equiparar por decreto, como lo pretende la llamada Ley de Cuotas. Y es ahí donde radica la importancia de la decisión que tomarán esta semana los magistrados de la Corte Constitucional. Una decisión que, para bien o para mal, puede partir en dos la historia del país.