Lunes, 16 de enero de 2017

| 2007/06/23 00:00

Nada es gratis

El Plan Colombia ya no será lo mismo. Es hora de adaptarse a la nueva realidad.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, destacó los cambios a la ayuda de su país a Colombia El senador Patrick Leahy es el promotor de la política del Congreso de atarle condiciones de derechos humanos a la ayuda

Desde cuando se aprobó la primera versión del Plan Colombia, en 2000, varios demócratas del Congreso intentaron cambiarle el énfasis de la ayuda -aproximadamente de 80-20 a favor de lo militar- a uno más equilibrado en lo social. Año tras año, debate tras debate, este esfuerzo se hundía entre las mayorías republicanas. Pero en cada votación aumentaba el número de congresistas de ambos partidos que veían con buenos ojos esos ajustes. Los partidarios de un plan más 'suave' ya no perdían por goleada, sino 1-0. Los mismos aliados republicanos empezaron a señalarle al gobierno colombiano que algunos gastos financiados por Estados Unidos tendrían que ser asumidos por el país. Que la asistencia norteamericana no estaba garantizada por los siglos de los siglos. Anne Patterson, subsecretaria antinarcóticos y ex embajadora de Colombia, dijo lo mismo. Pero pasó como en el cuento del lobo: al ver que cada año la plata seguía llegando, las advertencias cayeron en oídos sordos.

Incluso esa visión optimista no varió con la victoria demócrata en las elecciones de noviembre pasado. Si el Plan Colombia era una estrategia bipartidista, como se afirmaba en todos los discursos oficiales desde el gobierno de Andrés Pastrana, un cambio de mando en el capitolio norteamericano no debería tener un mayor impacto sobre el monto ni la destinación de la ayuda. Por lo menos eso rezaba la sabiduría popular hasta la semana pasada. En una decisión con repercusiones aún difíciles de calcular, la Cámara de Representantes, bajo la conducción de Nancy Pelosi, redujo en un 10 por ciento la totalidad de la asistencia y cambió la receta militar-social a 55-45. En otras palabras, le quitó de un tajo 130 millones de dólares destinados a las fumigaciones y las aviaciones del Ejército y la Policía.

Se da por descontado que el Senado, que empezará a revisar el proyecto este jueves bajo el liderazgo del senador Patrick Leahy -recordado por ser el promotor de las ayudas atadas a cumplimientos en derechos humanos-, mantendrá esa misma proporción.

El viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, encargado de hacerles seguimiento a esos recursos, no es tan pesimista. Según le comentó a SEMANA, "no creemos que sea definitivo. Los congresistas deben tener en cuenta los potenciales efectos negativos para las ciudades de Estados Unidos y reconocer los aportes positivos del plan a la seguridad de Colombia". Curiosamente, allí está el quid del asunto. El Congreso gringo opina lo contrario. El Plan, como está diseñado, piensan la mayoría demócrata y un creciente número de republicanos, no está resolviendo el tema para el cual, según ellos, fue diseñado: reducir la oferta de cocaína en Estados Unidos. Como le dijo un staffer republicano del comité de relaciones exteriores del Senado a SEMANA, hay que meterle más plata a la interdicción y apoyar los nuevos sitios de embarque en varios países centroamericanos y del Caribe.

Y aunque es innegable el impacto benéfico del plan en la lucha contra las Farc -que fue uno de los objetivos implícitos de la iniciativa-, éste no fue parte de la argumentación oficial de la Casa Blanca al Congreso. A los legisladores les vendieron el cuento de la guerra contra las drogas camuflado bajo una estrategia contrainsurgente y antiterrorista. Ese discurso cala poco en estos momentos en Washington, donde hay una prevención a lo militar y un énfasis en lo social.

Pero mientras el Ministerio de Defensa hace cuentas para ver cómo reemplaza los recursos que perderá, otros en Colombia tienen razones para celebrar. La comunidad afrocolombiana, según cálculos del reconocido experto Adam Isacson, podría recibir hasta 20 millones de dólares del plan. Y la Fiscalía General de Mario Iguarán, unos 35 millones de dólares, incluidos unos 15 millones para justicia y paz y cinco millones para la protección de víctimas.

El gobierno ha querido ponerle la mejor cara al asunto. Hay salidas factibles. Por ejemplo, es más barato contratar pilotos nacionales que gringos, para hacer la fumigación aérea. Una relación de 6 a 1, según cálculos conservadores. También hay planes de incrementar la erradicación manual en algunas regiones, ya que es más económica y eficaz que la aspersión aérea.

Infortunadamente, esos ajustes toman tiempo. Se necesita incrementar el entrenamiento de pilotos y técnicos colombianos. Y habrá que utilizar recursos del presupuesto nacional que estaban destinados a otros temas prioritarios, para tapar el hueco de 130 millones de dólares. Sin embargo, todo eso es posible.

Lo que sí parece un obstáculo mayor es vivir con el cúmulo de requisitos con el que viene acompañada la ayuda. Como le dijo a SEMANA un funcionario norteamericano, en la Cámara hubo una verdadera lista de mercado de condiciones. Hay de todas las especies, algunas francamente intervencionistas, como exigir en una ley norteamericana que su gobierno certifique que el comandante del Ejército, Mario Montoya, es un buen muchacho. También hay otras donde le piden al gobierno resultados en investigaciones que dependen de la justicia. Como si en Colombia no existiera la separación de poderes.

El problema, en el fondo, radica en recibir tanta plata -600 millones de dólares-. Es una excusa perfecta para que un congresista gringo se sienta con el derecho de meter la mano, ya que es dinero de sus electores. Aunque esta intromisión no es nueva, las revelaciones de la para-política les han renovado el empuje. Ya van en el codo.

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