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| 3/17/2012 12:00:00 AM

Nadie los recuerda

De tanto hablar de los secuestrados políticos y militares, el país no registra el drama de los centenares de civiles que, en muchos casos, ya están muertos.

Alberto García, 12 años secuestrado; Camilo Restrepo, ocho años secuestrado; Francisco Rojas, siete años secuestrado; Rolfe Armando Ramírez, 12 años secuestrado. La lista es más larga y el tiempo de cautiverio en algunos casos es media vida. A pesar de esto, sufren su drama en medio de la indiferencia de la sociedad porque son civiles, gente del común, y no han formado parte del grupo de políticos y militares secuestrados de los que el país se entera cada cierto tiempo. Sus historias no han sido primera página, a pesar de que muchos de ellos están en manos de las Farc, el ELN o los paramilitares, que hicieron del secuestro extorsivo una fuente importante de financiamiento.

En varios casos sus captores recibieron el pago, pero ni siquiera así los devolvieron a la libertad. Muchos murieron en cautiverio o fueron asesinados, pero sus victimarios jamás siquiera llamaron para dar la ubicación de sus restos. Mientras que los casos de Íngrid Betancourt o del sargento Pablo Emilio Moncayo eran seguidos segundo a segundo por medios nacionales e internacionales, la vida de ellos y de sus familias se detuvo en el tiempo desde el momento en que se los llevaron.

Cuando el pasado 26 de febrero las Farc anunciaron que dejarían libres a los diez policías y militares que llevan secuestrados hasta 13 años, y por primera vez en su historia aseguraron que abandonarían la práctica de secuestrar civiles, hubo un respiro general. "(...) a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (retenciones de personas) en nuestra actuación revolucionaria", rezaba el comunicado de esta guerrilla. Pero poco a poco han ido saliendo del anonimato otros desgarradores casos. Nadie, por ejemplo, da razón del sargento Luis Hernando Peña, que al parecer fue fusilado durante su secuestro por los insurgentes.

Además, las Farc aún no han aclarado cuántos secuestrados en realidad tienen en su poder. Tampoco han dicho cuántos han muerto en cautiverio ni han confirmado a cuántos van a devolver vivos o muertos. Esa es una de las razones por las que es difícil calcular cuántos secuestrados hay en el país. La Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa (antigua Fondelibertad), que supuestamente maneja datos oficiales de secuestros en Colombia, dice que hoy en Colombia hay 97 personas secuestradas. La ONG País Libre, dedicada exclusivamente al tema de la extorsión y del secuestro, dice que desde 2002 hasta el año pasado permanecían en cautiverio 405 personas, y que 104 murieron mientras estaban privadas de su libertad. Y la Fundación Nueva Esperanza de los Secuestrados tiene 725 casos en su lista desde 1995 hasta el año pasado.

Lo cierto es que el secuestro extorsivo es uno de los delitos que más ha traumatizado al país. Por eso, su fin absoluto es una de las condiciones exigidas por el presidente Juan Manuel Santos para sacar la llave de la paz.

Un hecho muy difícil porque cada vez aparecen más casos de gente que no sabe dónde están sus seres queridos. SEMANA reunió a seis familias de secuestrados que llevan hasta 12 años en cautiverio. Sienten angustia cuando su caso pasa de fiscal en fiscal, sin que haya respuesta. Y aunque en Colombia hay muchos esfuerzos en pro de la libertad de los secuestrados, aquí también se sienten aislados. Citan como ejemplo la Caravana por la Libertad que impulsó Herbin Hoyos a finales del año pasado. "Vimos que él recorrió el país, pero sin el apoyo popular. Es como si el secuestro no tuviera dolientes más que nosotros", dice la mamá de uno de los plagiados.

El secuestro en Colombia ha movilizado a millones. Prueba de ello es la marcha del 4 de febrero de 2008 que nació en las redes sociales, con respaldo de casi todos los sectores del país. Hubo manifestaciones multitudinarias de la sociedad contra este delito. Pero a partir de esta fecha, las familias de los cautivos anónimos sienten que el país no ha vuelto a reaccionar como debería ser para un delito de semejante gravedad.

De la mano de la periodista y comunicadora social Viviana Esguerra, que desde hace cuatro años lidera la campaña Los queremos vivos o muertos, buscan incansablemente, en las cárceles, en los desmovilizados, en la Fiscalía, en los medios y en el gobierno, quién les dé razón o quién los ayude a encontrar a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos.
 
La esperanza de verlo vivo

A la 1:30 de la tarde del 4 de octubre de 2004, Daniel Velásquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Javeriana, salió de su casa en Chapinero, en Bogotá. Nunca llegó a la universidad. Sus padres, Julia y Lisandro, lo buscaron sin descanso y solo cuatro años después tuvieron noticias del joven cuando las autoridades les confirmaron que lo tenía el frente 22 de las Farc. Tenía 20 años. “A uno le coge un vacío en el alma que no se llena con nada”, dice don Lisandro, mientras doña Julia se aferra a su intuición de madre: “Daniel está vivo y lo estamos esperando. Aquí hay una familia que lo ama, que lo apoya. Por eso les pedimos a las Farc que no solo lo liberen a él, sino a todos los secuestrados”.
 

 
“Devuélvanme a mi esposo, como esté”

El geólogo Gerardo Arandía tenía 33 años cuando lo secuestró la columna Teófilo Forero de las Farc en Caquetá. El 20 de julio de 2000, su esposa Martha Ospina estaba en Bogotá, donde vivía con su pequeña hija de 6 años. Desesperada, renunció a su trabajo como contadora y se dedicó a buscarlo. Viajó tres veces a la zona de distensión y habló con Alfonso Cano y Joaquín Gómez, pero ninguno de los dos le dio noticias de Gerardo. Lo poco que ha sabido del papá de su niña, que hoy tiene 18 años, es por algunos desmovilizados. Uno de ellos le dijo que su esposo ya estaba muerto, aunque ella tiene la esperanza de que aún viva. “Devuelvan a mi esposo, no importa como esté”, les pide Martha a sus captores.
 

 
Madre coraje

El 19 de agosto de 1994 Leidy Johanna, de 10 años, fue secuestrada en su finca en Simijaca, Cundinamarca, por dos hombres que dijeron ser de la guerrilla. La nobleza de su madre, doña Tránsito Villamil es tan grande como el drama que le ha tocado vivir. Tiempo después, se enteró de que los secuestradores eran del clan de los Urdinola Grajales. Se llevaron a la niña porque doña Tránsito no les quiso vender su finca. Por amenazas, tuvo que huir a Bogotá. Sola y con tres hijos, se rebuscó la vida y meses después se enteró de que uno de los secuestradores estaba detenido y había aceptado el secuestro de Leidy. Pero nunca dijo dónde estaba la niña y aun así, hoy está libre. “Yo quiero saber qué pasó con mi hija, saber si está viva o muerta. Que me permitan recuperar sus restos y poder llorarla en paz”, dice doña Tránsito.
 

 
“No me nace perdonar a las Farc”

Claudio Acevedo, un teniente de corbeta retirado de la Armada, fue secuestrado el 4 de diciembre de 2004 por el frente 10 de las Farc en Arauca. En ese entonces tenía 45 años. Hace dos, la familia se enteró de que Claudio, no se sabe cómo, había muerto en cautiverio. “Por eso yo no creo en el mensaje de las Farc que anuncia el fin del secuestro. Y tampoco me nace perdonarlos”, dice su hermana Luz Enith, que ya tiene en su poder las coordenadas del sitio en Arauca donde, al parecer, la guerrilla enterró a su hermano. Sin embargo, necesitan ir con un fuerte dispositivo de seguridad para recuperar los restos. Se dice que está en una fosa junto con el cuerpo de otro secuestrado. Pero ha sido difícil. Ella, sus hermanas, su mamá y el hijo de su hermano siguen a la espera en Bogotá para velar a Claudio, como corresponde.
 



 
Se ‘canjeó’ por el hermano

Hernán Bustos Díaz tenía 72 años cuando fue secuestrado el 3 de marzo de 2000 por el frente 22 de las Farc. Ese día viajó hasta Villeta para canjearse por su hermano, que durante una semana estuvo cautivo por esta guerrilla. Amparo, una de sus hijas, se enteró en 2009 de que las Farc habían asesinado a don Hernán. Desde ese entonces, ella y su familia esperan que la guerrilla les diga dónde lo enterraron o que devuelvan el cadáver. Amparo se lamenta no solo de la indolencia de la guerrilla con los secuestrados, sino de la soledad de las familias que han tenido que luchar para buscar a sus seres queridos vivos o muertos, y de la lentitud del Estado para encontrar a los culpables. Su mensaje para las Farc es contundente: “No utilicen la vidas de inocentes como medio para lograr sus objetivos y no nieguen a los secuestrados. Permitan que tengamos derecho a la verdad”.

“No tenemos fuerzas para buscarlos más”

Carmenza Castañeda y Gerardo Angulo iban a celebrar sus bodas de oro en agosto de 2000. Cuatro meses antes, un miércoles santo en la noche, tres encapuchados los secuestraron cuando entraban a su casa en La Calera, a 15 minutos de Bogotá. La pareja, de 68 años en ese entonces, terminó en poder del frente 53 de las Farc que pedía 120 millones de pesos por enviar pruebas de supervivencia. Sus cinco hijos lograron reunir la mitad del dinero, pero no recibieron nada a cambio. Luego se enteraron de una información atroz. Que a los tres meses, por orden de Romaña, uno de los miembros de esta organización, doña Carmenza y don Gerardo fueron fusilados porque ya no podían caminar y eso retrasaba el paso de la guerrilla en el monte. Por si fuera poco, dos de sus hijos terminaron exiliados por amenazas de esta guerrilla. “Cuando la guerrilla secuestra a una persona, también secuestra a toda una familia. A Romaña ya lo condenaron por el secuestro de mis papás, ¡¿y?! Llevamos 12 años buscándolo, y la verdad es que ya no tengo fuerzas para buscarlos más”, dice Héctor, hijo de la pareja, que ha viajado ocho veces al sitio donde supuestamente están enterrados. Pero no los ha encontrado. 
 



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