NARCO-CASTAÑO

El Congreso de Estados Unidos cuenta con una unidad de inteligencia para uso exclusivo
de los congresistas y sus asesores. Se trata de una oficina llamada Congressional Research Service, o
Servicio de Investigación Congresional. Es una entidad a cuyo conmutador se puede tener acceso utilizando
una clave que solo está en poder de los congresistas y cuyos funcionarios trabajan día y noche generando
reportes de inteligencia sobre todo tipo de temas, nacionales e internacionales. Los documentos que
producen son de circulación reservada y los funcionarios de todas las dependencias del gobierno
norteamericano están obligados por ley a entregarles información a sus investigadores cuando lo
requieran.
Esta unidad de inteligencia emitió un documento fechado el primero de marzo de 1999. Se titula 'Colombia: El
problema de las drogas ilegales y las relaciones Colombia-Estados Unidos'. Su autora es Nina Serafino,
especialista en temas de seguridad internacional de la División de Asuntos Internacionales y Defensa
Nacional. En este sencillo documento de dos páginas se hace una afirmación que sin duda tendrá grandes
implicaciones en el desarrollo de la guerra que se vive en Colombia y en un eventual proceso de paz. El
documento dice que la DEA considera a Carlos Castaño como narcotraficante.
SEMANA habló con Serafino, quien reveló que dicha información fue emitida por la DEA en una carta fechada
el 22 de febrero del presente año y dirigida a ella. La misiva está firmada por Barry Zuloff, funcionario de la DEA
en Washington y jefe de relaciones con el Congreso de la agencia antidrogas. El documento se encuentra en
poder de Serafino, pero por razones legales dijo no estar autorizada para hacerla pública. SEMANA se
comunicó entonces con Barry Zuloff, quien aceptó haber escrito la carta y tener una copia en su poder. Zuloff
confirmó a esta revista que el texto de la misma dice lo siguiente: "Ciertos líderes paramilitares, entre ellos
Carlos Castaño, se han convertido en narcotraficantes por mérito propio".
Zuloff precisó el alcance de esta acusación oficial hecha por la DEA: "No estamos diciendo que se trate
de un gran capo, al estilo de Pablo Escobar. Es simplemente un narcotraficante, directamente implicado en
la producción y envío de droga", aseguró. Al ser consultado sobre el soporte probatorio de esta
información Zuloff dijo a SEMANA, "esa información no la podemos revelar. Lo único que le puedo decir es
que se trata de fuentes de inteligencia de la DEA".

Los antecedentes
La verdad es que el vínculo entre paramilitares y narcotráfico no es nuevo. De hecho, las autoridades
norteamericanas le han venido haciendo seguimiento a Castaño y sus fuentes de financiación desde hace
tiempo, y a partir de 1996 han transmitido esta preocupación a las autoridades colombianas, pero siempre
con mucha cautela. A mediados de 1997 la Policía Antinarcóticos comenzó a descubrir fuertes nexos entre
narcotráfico y autodefensas a partir de sus operaciones en varias zonas. En los Llanos Orientales, en
inmediaciones de San Martín y San Carlos de Guaroa, fueron destruidos a comienzos de 1998, 12
laboratorios. En esa ocasión Antinarcóticos confirmó que eran custodiados por grupos paramilitares. Poco
tiempo después, en el Magdalena Medio, fueron destruidos seis laboratorios controlados y vigilados por los
'paras'. Lo mismo sucedió en Boyacá, Cundinamarca y Caldas.
Pero quizás el descubrimiento más revelador fue a comienzos de este año. La Policía Antinarcóticos
descubrió seis laboratorios ubicados en el norte de Antioquia y Córdoba, en el corazón del territorio
paramilitar. Allí se pudo establecer que los laboratorios mismos eran no solo custodiados sino operados por
las autodefensas. En los últimos días también se han descubierto movilizaciones de tropas paramilitares en el
Putumayo, en cercanías de la frontera con el Perú. Según labores de inteligencia de las autoridades
colombianas, al parecer se han instalado allí varios laboratorios bajo control paramilitar.
Sin embargo, de lograr establecer vínculos entre paramilitares y laboratorios de coca, a decir que Carlos
Castaño está "directamente implicado en la producción y envío de droga" hay un largo trecho. Para que la
DEA lo ponga en esos términos tiene que haber información mucho más contundente. Porque lo cierto es
que a pesar de que desde hace tiempo se rumora sobre la cercanía de Castaño con el cartel de Medellín,
nadie ha podido hasta ahora presentar pruebas concluyentes al respecto. En público solamente un artículo de
The Economist, que fue reproducido en SEMANA coincidencialmente el mismo 22 de febrero pasado, se ha
referido a este tema. El escrito asegura que la DEA considera que Fidel Castaño está vivo y que junto con su
hermano adelantan actividades de narcotráfico. El artículo compara la situación de los hermanos Castaño con
la de Noriega en Panamá, "quien estaba muy comprometido en narcotráfico pero también era útil para la CIA y
de hecho, también para la DEA...". Y se pregunta: "¿Será que está primando un enfoque similar de primacía
de la política sobre la lucha contra las drogas en lo que se refiere a los Castaño, independientemente de que
sean uno o dos?".
La pregunta que se hizo The Economist en febrero pasado adquiere especial relevancia ahora que existe
un documento que confirma los rumores. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, si sabe por lo menos
desde hace dos meses que Castaño "es narcotraficante", no lo ha expresado públicamente? ¿Por qué no se
la ha dictado orden de extradición?
Una posible respuesta a estos interrogantes tendría que ver con el proceso de paz. La 'primacía de la
política sobre la lucha contra las drogas' puede explicarse porque tanto Estados Unidos como el gobierno
de Colombia saben que tarde o temprano, será necesario sentarse con Carlos Castaño _así sea en una mesa
paralela_ a negociar algún tipo de acuerdo político antes de que haya paz en el país. Y políticamente sería
un suicidio hacerlo con un narcotraficante. La alternativa entonces sería la de negociar la paz con la
guerrilla y declarar una guerra a muerte a los paras hasta 'cazar' a Carlos Castaño como lo hicieron con Pablo
Escobar. Y nada garantiza que esto sea posible, considerando que el gobierno colombiano, con el apoyo
de Estados Unidos, trató durante 40 años de cazar a 'Tirofijo' y nunca lo consiguió.
En conclusión, todo esto parece complicar todavía más el ya frágil proceso de paz en Colombia. De ser
ciertas las acusaciones que se hacen a la guerrilla y a los paramilitares de participar en el tráfico de drogas
la guerra se estaría convirtiendo en una lucha de narcotraficantes contra narcotraficantes por el control de
un territorio para ubicar laboratorios, que a la vez sirvan para financiar la guerra. Un círculo más que vicioso.
Un círculo perverso.