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| 10/24/1994 12:00:00 AM

¡NARCOGUERRILLA!

El incidente del helicóptero baleado revive el tema de la narcoguerrilla y plantea dudas sobre el proceso de paz con alzados en armas dedicados al narcotráfico.

ERA LA UNA DE LA TARDE SOLEADA DEL jueves pasado. Cinco helicópteros de la Policía Nacional sobrevolaban las selvas del Caquetá. En una de las aeronaves iba el ministro de Defensa, Fernando Botero, en compañía del comandante del Ejército, Hernán José Guzmán, y del director de la Policía, Octavio Vargas Silva. En otra viajaban el embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, y el subsecretario de Defensa para Asuntos Antinarcóticos, Bryan Sheridan. Un tercer helicóptero transportaba a Ramón Emilio Gil Bermúdez, comandante de las Fuerzas Militares. La siguiente nave llevaba a perioditas de varios medios de comunicación. Y al final, como escolta, un helicóptero de combate.
Botero y los funcionarios de Estados Unidos venían de realizar un sobrevuelo por la región de Río Chiquito, Huila, en donde se encuentra uno de los más extensos cultivos de amapola. Todo había salido bien en esa primera escala. Ahora los pasajeros iban a ser testigos del desmantelamiento de un laboratorio de cocaína en pleno corazón de la selva caqueteña, un hallazgo que puede ser considerado como el más grande de los últimos cinco años, pues fueron decomisadas 10 toneladas de cocaína, algo equivalente al 25 por ciento de lo que se incauta en promedio cada año en el país. Era la primera vez que el embajador y el subsecretario de Defensa estadounidenses asistian a una operación de semejante dimensión en contra de los carteles.
Pero la fiesta se aguó. Cuando sobrevolaban el sitio de La Esperanza, sobre el río Caguán, límite con el Putumayo, los helicópteros fueron atacados por hombres del llamado comando sur de las Farc que por medio del frente XIV controla la región. Los miembros de la Policía antinarcóticos que volaban en cada una de las aeronaves respondieron el ataque con disparos de ametralladora hacia la espesura de la selva.
La situacidn logró controlarse pasados unos minutos. Fue entonces cuando uno de los pilotos que comandaba el helicóptero en el que viajaba el Ministro, le preguntó a éste si seguía adelante con el plan de aterrizar en el laboratorio allanado por las autoridades. Botero le respondió que, dadas las circunstancias, se devolvieran a la base de Tres Esquinas, de donde habían despegado 20 minutos antes.
Al llegar allí se dieron cuenta de que uno de los helicópteros, el que transportaba a los periodistas, había estado a punto de ser derribado, pues un disparo impactó una de las hélices del rotor de cola. Sin embargo, todos llegaron sanos y salvos a tierra. El embajador Frechette comentó, después de superada la emergencia: "Gracias a Dios el piloto era bueno y pudo sortear la situación. Cuando vuelva a Washington les expondré lo sucedido. De todas maneras, si yo convenzo al Congreso de que en Colombia hay narcoguerrilla, voy a ser un héroe".

VUELVE Y JUEGA
Frechette puso el dedo en la llaga. La verdad es que debido a que la zona es considerada como exclusiva del XIV frente de las Farc desde hace varios años, resulta difícil pensar que los disparos a los helicópteros hayan sido hechos por alguien distinto a los guerrilleros. Por las mismas razones, es imposible pensar que el gigantesco laboratorio estuviera allí sin el debido consentimiento de los alzados en armas. SEMANA pudo confirmar al final de la tarde del viernes con una alta fuente del Ministerio de Defensa que los laboratorios de esta zona selvática suelen estar custodiados por hombres del XIV frente, y que el descubierto la semana pasada no fue la excepción.
"Tenemos evidencia clara de que los hombres que enfrentaron a la compañía antinarcóticos cuando ésta se acercó a tomar el laboratorio, eran de las Farc- agregó la fuente oficial- y en las horas siguientes al incidente, tuvimos que movilizar un cintingente de refuerzos del Ejército para que auxiliara a los agentes antinarcóticos, pues los guerrilleros los estaban cercando".
El alto funcionario anotó, además, que se sabe si la guerrilla es la que custodia un laboratorio porque responde con fuego a la llegada de la tropa, algo muy distinto de lo que sucede cuando quienes cuidan los laboratorios no son los guerrilleros, caso en el cual éstos simplemente huyen.
Este incidente en la selva del Caquetá puso de nuevo sobre el tapete un término que se escuchó por primera vez en el país hace 10 años, exactamente en abril de 1984: narcoguerrilla. El primero en emplear esta palabra fue el entonces ministro de Defensa, general Gustavo Matamoros, luego de los operativos que desembocaron en el desmantelamiento del del cartel de Medellín.
En aquella ocasión, las autoridades aseguraron que tenían evidencia de que la guerrilla se encargaba de la protección del laboratorio. Matamoros afirmó: "La narcoguerrilla es una nueva amenaza para la democracia y si no actuamos rápido puede poner en riesgo el sistema constitucional". El entonces embajador de Estados Unidos, Lewis Tambs, acogió con entusiasmo el término empleado por el general y envió reportes a su país según los cuales los laboratorios de coca contaban con "protección comunista".
La idea fue recibida con escepticismo y muchos sectores se negaron a aceptar que dichas relaciones fueran reales. Al fin y al cabo, las declaraciones provenían, por un lado, de los militares, que ya habían dado varias muestras de querer desprestigiar el proceso de paz del presidente Belisario Betancur. Y por su parte, Tambs aparecía ante la gente como un polémico y poco confiable diplomático, debido a su insistencia en intervenir en la política interna del país. De esa forma, las aseveraciones sobre la presencia narcoguerrillera en Colombia perdieron mucho peso y pasaron a ser consideradas parte de una propaganda negra anticomunista.

SE ENGROSA EL EXPEDIENTE
Pero la verdad es que de ahí en adelante comenzaron a surgir más y más casos en los que aparecían serios indicios de que la cuestión tenía más fondo. En mayo de 1986, El Tiempo registró en titulares que las "Farc son codueñas del laboratorio de cocaína descubierto en el Vichada". Esta noticia, abundante en detalles, puso de presente una variante hasta entonces desconocida. Desde el allanamiento de 'Tranquilandia', en el país se hablaba de que la guerrilla protegía las siembras y los laboratorios de la mafia. Pero las autoridades no habían encontrado evidencia de que estuvieran comprometidas en el procesamiento de coca y, mucho menos, que fueran dueñas de un laboratorio. Hasta entonces se le había creído siempre a Jacobo Arenas, entonces comandante de las Farc , quien en declaraciones a SEMANA en La Uribe había justificado el cobro por parte de los frentes por vigilar laboratorios con una frase de esas que él acostumbraba para no comprometerse: "Tenemos muchos frentes en las áreas de cultivo de coca, por lo menos 10 o más...". Pero las cosas estaban cambiando. Lo que quedaba claro era que las Farc se estaban metiendo en el negocio, y mucho más que como simples cuidanderas.
En mayo de 1988, miembros de la Policía atacaron un frente de las Farc en donde encontraron 25 arrobas de cocaína pura -aproximadamente 312 kilos-, cinco bultos de hojas de coca y medio centenar de canecas llenas de químicos empleados en el procesamiento de la droga. Un mes antes, el Ejército aseguró haber "logrado quitarle a las Farc su principal fuente de ingresos, al ser destruidos laboratorios de coca en los Llanos Orientales", en donde numerosos miembros de las Farc, que manejaban 74 laboratorios de procesamiento, fueron capturados.
En 1989, las autoridades jamaiquinas incautaron un gigantesco cargamento de armas con destino a las Farc. Las autoridades aseguraron que el armamento había sido pagado por el cartel de Medellín. Esta afirmación se derivaba de las pruebas recogidas por la Policía de Jamaica, basadas en el testimonio de uno de los detenidos en la operación, quien confesó que el cargamento se había cancelado con cocaína enviada a Europa.
Ese mismo año la Policía realizó un allanamiento en Araracuara, Putumayo, en el que encontró una pista de aterrizaje de 1.700 metros de longitud con una instalación nocturna. En la misma zona las autoridades descubrieron 25 laboratorios de coca. En esta operación, junto con los químicos para el procesamiento de la droga, las autoridades hallaron los libros de contabilidad de un frente de las Farc.
En realidad ya no se trataba sólo de exigir el 'gramaje' a los sembradores de coca -que consistía en que los cultivadores les entregaran, en dinero o en especie, el 10 por ciento de la producción-, sino que además estaban incurriendo en otros frentes del negocio. Por aquella época, una alta fuente militar le dijo a SEMANA: "en unas regiones son cultivadores, en otras procesadores, en otras comerciantes y no podemos descartar que hoy por hoy sean exportadores. Lo único que descartamos es que sigan siendo únicamente cuidanderos de plantaciones y laboratorios". Las Farc habían centrado su financiación en el negocio de la cocaína.
Con el M-19 los nexos con los narcos siempre fueron menos evidentes. El primer hecho que puso de presente la existencia de contactos entre la mafia y el M-19 se dio en 1981. El Sebastián de Belálcazar de la Armada Nacional hundió en aguas del Pacífico una embarcación de bandera hondureña que navegaba sin luces. Se trataba del famoso 'Karina', que llevaba un cargamento de armas para el M-19. Fue entonces cuando apareció el nombre de Jaime Guillot Lara, propietario de la embarcación, un narcotraficante samario dedicado también al comercio de armas y quien en varias ocasiones contó con protección cubana. La llamada conexión cubana apareció de modo recurrente en estas historias, hasta cuando en el sonado juicio a los hermanos De la Guardia y al general Arnaldo Ochoa, altos oficiales cubanos condenados por narcotráfico, saltó a la palestra el nombre de Ramiro Lucio, ex dirigente del M-19, en acusaciones que nunca fueron probadas.
Pero hay quienes siempre han desvirtuado la existencia de la narcoguerrilla, tras argumentar que guerrilleros y narcotraficantes persiguen fines no sólo distintos sino en muchas ocasiones, opuestos. El propio Pablo Escobar afirmó en una ocasión: "Que me acusen de ser narcotraficante, vaya y venga. Pero que pretendan presentarme como socio de la guerrilla, eso sí que no lo acepto porque lesiona mi dignidad personal. Soy un hombre de inversiones, por eso no puedo estar con la guerrilla, que lucha contra la propiedad privada".
De hecho, en varias ocasiones los dos bandos terminaron enfrentados. La primera en 1981 cuando el M-19 secuestró a Martha Nieves, hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez entonces jefes con Escobar del cartel de Medellín. Tan pronto como se conoció el secuestro, el cartel anunció la creación del Muerte A Secuestradores, MAS, que sembró el pánico entre las células insurgentes.
Las unidades del movimiento actuaban como escuadrones de la muerte y asesinaban a todo sospechoso de ser simpatizante del M-19. Cerca de 100 guerrilleros fueron asesinados antes de que fuera anunciada la liberación de la hermana de Ochoa.
La existencia del paramilitarismo y la posición guerrillera de Gonzalo Rodríguez Gacha, el "Mexicano", hicieron también pensar que era imposible que guerrilla y mafia fueran del mismo bando. Decenas de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista fueron asesinados por estos grupos. Pero en muchos casos se comprobó que no sólo se trataba del fanatismo anticomunista del "Mexicano", sino de retaliaciones regionales por casos en los cuales las Farc habían estafado a algún narcotraficante. El plato roto lo pagaban los dirigentes políticos de la izquierda, a quienes Rodríguez Gacha no distinguió nunca de los guerrilleros.
Pero aún así los argumentos para disvirtuar la teoría de la narcoguerrilla calaron por algunos años, con el paso del tiempo la sucesiva revelación de caso tras caso, terminó por convencer a muchos. Lo sucedido el jueves pasado se enmarca dentro de este proceso, pero en algunos aspectos parece ir más lejos. El incidente se convierte en la comprobación -si aún hacía falta- de que las Farc están convertidas en un poderoso cartel, que controlaba hasta la semana pasada uno de los más grandes laboratorios de que se haya tenido noticia en la historia de la norcoguerra. Algo que confirma que los cálculos que han venido haciendo las autoridades en el sentido de que algo más del 60 por ciento de los ingresos de las Farc se derivan desde hace años de las actividades relacionadas con la cocaína y la amapola (ver cuadro). En cuanto a esta flor, las autoridades judiciales cuentan ya con numerosos testimonios de que las propias Farc han sido las encargadas de repartir semillas entre los pobladores del Huila y el Tolima, con el fin de hacer florecer este negocio y cobrar jugosos impuestos a los sembradores.

PIEDRAS EN EL CAMINO

Lo grave de todo este asunto es que aparte de su confirmación, no hay duda de que ahora que se han acumulado tantas pruebas y el propio gobierno -tras lo sucedido el jueves- reconoce oficialmente que existe la narcoguerrilla, esta situación puede llegar a tener serias implicaciones, tanto a nivel del proceso de negociación con la guerrilla planteado por el actual gobierno, como a nivel de las relaciones con Estados Unidos, dos de cuyos funcionarios fueron el jueves pasado testigos de primera mano del fenómeno narcoguerrilero.

En lo referente al proceso de paz, al que tanto parece apostarle la administración Samper, surge un interrogante nada fácil de resolver. La administración, por boca del ministro de Gobierno, Horacio Serpa, ha descartado que el mecanismo de negociación y diálogo político aplicable a los grupos guerrilleros, pueda darse con las organizaciones del narcotráfico. El argumento -al menos en el plano teórico- es simple y claro: los primeros son culpables de delitos que pueden tener alguna motivación política, mientras las segundas sólo han tenido una motivación para cometer sus crímenes: el lucro. Sin embargo, si está claro que la guerrilla ha dejado ya de tener sólo móviles políticos y se ha convertido sobre todo en un negocio, basado entre otros en la producción de cocaína, ¿puede seguir teniendo validez un diálogo político con ella?

Si la respuesta a esa pregunta es positiva, lo que queda abierto es aceptar que también sería legítimo dialogar con los carteles de la droga, pues no tendría sentido hacer mayores distinciones entre narcotraficantes y narcoguerrilleros, ya que la única diferencia entre unos y otros es que éstos últimos además secuestran, extorsionan y siembran regiones enteras con minas quiebrapatas. Y si la respuesta es negativa, entonces el diálogo quedaría limitado a aquellos grupos guerrilleros que pudieran demostrar que nada tienen que ver con el narcotráfico, lo que dejaría por puertas a las Farc de cuyas más recientes conferencias de comandantes de frentes han quedado documentos que demuestran que el asunto de la cocaína es para ese grupo guerrillero uno de los ejes de su actividad y financiación.

Hay, sin embargo, una tercera opción y es que el gobierno simple y llanamente decida hacerse el de la vista gorda frente a las narcoactividades de la guerrilla, convencido de que sólo así es viable la negociación y que en cambio, poner ese asunto en la mesa de discusiones, sería como lanzarle una bomba atómica al proceso de paz.

En ese caso, el problema podría estar por otro lado. Para Estados Unidos resultaría incomprensible que mientras el Ministro de Defensa lleva a dos de sus más altos funcionarios a un operativo en plena selva y de paso les demuestra la existencia de la narcoguerrilla, otros agentes del gobierno colombiano se sienten a negociar políticamente con los alzados en armas como si las vinculaciones de éstos con el negocio de la cocaína no existieran. Prueba de que esta podría ser la reacción estadounidense son las declaraciones del embajador Myles Frechette, en el sentido de que le comunicará al Congreso de su país sobre estos nexos. Tradicionalmente, Washington ha rechazado cualquier posibilidad de brindarle a Colombia apoyo oficial en la lucha antiguerrillera, en contraste con lo sucedido en la guerra antidrogas. Pero ahora que se ha demostrado que guerrilla y narcotráfico convergen más de lo que se creía, la cosa puede ser a otro precio.

Queda claro, entonces, que el incidente del jueves pasado va más allá de la simple anécdota, y que más tarde o más temprano el gobierno tendrá que adoptar una posición clara frente al tema de la narcoguerrilla, con todos los riesgos que conlleva escoger cualquiera de las alternativas que hay sobre el tapete. No faltará quien diga que lo mejor que puede hacer la administración frente al asunto es pasar agachada, pero si lo hace, el gobierno debe estar consciente de que, tal y como ha sucedido en la última década desde cuando se habló por primera vez del asunto, el tema de la narcoguerrilla seguirá reapareciendo y estorbando.



LAS PRUEBAS

* EN Mayo de 1988, miembros de la Policía atacaron un frente de las Farc en donde encontraron 25 arrobas de cocaína pura -aproximadamente 312 kilos-, cinco bultos de hojas de coca y medio centenar de canecas de químicos empleados en el procesamiento de la droga.

* ESE MISMO año, en una operación antinarcótica realizada por el Ejército en los Llanos Orientales, fueron capturados numerosos miembros de las Farc que manejaban 74 laboratorios de procesamiento de coca en la región.

* EN 1989 , las autoridades jamaiquinas incautaron un gigantesco cargamento de armas con destino a las Farc. Con base en las declaraciones de los detenidos, la Policía confirmó que las armas habían sido pagadas por el cartel de Medellín con cocaína enviada a Europa.

* ESE MISMO año, la Policía realizó un allanamiento en Araracuara, Putumayo, en el que encontró una pista de aterrizaje de 1.700 metros de longitud y descubrió 25 laboratorios de coca. En esta operación, junto con los químicos empleados para el procesamiento de la droga, las autoridades hallaron los libros de contabilidad de un frente de las Farc.
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