Designan fiscal para que investigue denuncia contra Natalia Springer

El escándalo que rodeó a la politóloga Natalia Springer por los multimillonarios contratos que recibió por parte de la Fiscalía para adelantar estudios y análisis acerca del conflicto colombiano dejó más preguntas que respuestas.

Si bien los medios de comunicación se convirtieron en el escenario donde se pusieron en tela de juicio desde el nombre de Springer y sus capacidades hasta los resultados de sus investigaciones, en los campos penal y disciplinario poco se había adelantado.

De hecho, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, defendió las contrataciones (que sumadas alcanzaron 4.000 millones de pesos) que aparentemente fueron adjudicadas a dedo y que Natalia cobró a través de su empresa.

Ella, precisamente, hace unas semanas festejó en Estados Unidos la que fue la primera presentación de los resultados de sus investigaciones, ante el gobierno de ese país. No era para menos, luego de que estuvo en pleno vendaval.

Hace dos meses Semana.com reveló el resultado de un estudio de interventoría hecho por integrantes de la Fiscalía acerca de uno de los contratos de la Springer que la dejó muy mal parada. Ello dio pie a que se radicara la primera denuncia penal y disciplinaria en su contra.

La queja fue presentada por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos y en ella reprochó las razones de la Fiscalía por contratar a un tercero para desarrollar estas labores de investigación, cuando dentro del personal hay perfiles para llevar a cabo ese trabajo.

Según Bustos, la firma de la politóloga no era idónea, entre otras cosas, porque apenas contaba con dos años de constituida, lo que reflejaría su falta de experiencia.

La investigación

Este martes se conoció que, de manera sorpresiva, el propia fiscal general Eduardo Montealegre acogió la denuncia de la Red y ordenó a una de sus subalternas realizar las investigaciones para determinar si existen o no irregularidades en estos contratos.

La resolución en poder de este portal tiene el número 0-2705 con fecha del 30 de octubre del 2015, en la que se dispuso asignar a la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que asuma la investigación en contra de Springer y otros contratistas.

En la misiva se ordena el traslado inmediato del proceso a la investigadora para que inicie con la recolección de pruebas y realice las citaciones necesarias para esclarecer este penoso escándalo.

En diálogo con Semana.com, Bustos celebró la decisión de la Fiscalía, aunque pidió que se tomen medidas para garantizar la imparcialidad en el desarrollo de este proceso.

“Es positivo que sea el propio fiscal Montealegre el que ordene la investigación, aunque no sé qué tanto pueda estar impedido, si él mismo ha sido quien ha defendido a Natalia Springer”, recalcó.

Asegura el abogado que la fiscal del caso debe adoptar medidas como la suspensión del contrato a la firma de Springer y asegurar los bienes, si se define que debe responder por presuntos daños causados al Estado.

El cálculo de Bustos apunta a que la politóloga y su grupo de investigadores recibían en promedio 17 millones de pesos diarios por la ejecución de las labores que le fueron encomendadas.

Esto apenas se inicia. Está por verse si la fiscal encargada del caso, que a su vez es subalterna de Montealegre, terminará abriendo un proceso a la firma de Springer. Por lo pronto, sólo ella podrá determinar si existió o no un uso ineficiente de los recursos públicos.