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| 9/5/2016 2:50:00 PM

Contraloría pone en nuevos aprietos a Natalia Springer

El ente de control encontró un posible detrimento patrimonial y una presunta violación de derechos de autor en un contrato que suscribió la politóloga para acompañar a las familias beneficiarias de los programas de Vivienda.

Natalia Springer continúa en el ojo del huracán. Y no sólo por los polémicos contratos suscritos entre la Fiscalía y su empresa, Springer von Schwarzenberg Consulting Services, sino también por el que firmó para acompañar a las familias beneficiarias de los programas de vivienda y que fue objeto de una actuación especial de la Contraloría y que no dejó resultados muy alentadores para la politóloga. 

En una comunicación a la que tuvo acceso Semana.com el organismo asegura que la finalidad del contrato por parte del ministerio estaba bien, pero que la ejecución de la polítologa pudo no ser satisfactoria. En el texto afirma que "el objeto del contrato, cuya gestión se auditó se encontró acorde con el marco normativo en la ley 1537". La Contraloria soporta este argumento en el hecho de que los estudios se necesitaban pues estaban planteados para apoyar a la población más vulnerable y, en ese sentido, argumenta que el acompañamiento estaba sustentado legalmente.

Sin embargo, los resultados de la polítologa son los que llaman la atención. El 18 de noviembre del 2015, Semana.com dio a conocer que Springer y la Fiduciaria de Bogotá firmaron un contrato por 1.339 millones de pesos para el programa de vivienda gratuita denominado Proyecto Fénix.  

En ese momento ese contrato causó controversia pues  las cláusulas no eran acordes, por ejemplo, con el tiempo de experiencia de la empresa de Springer. Por eso, después de conocer sobre el caso, la Contraloría resolvió iniciar una actuación especial para revisar los pormenores del convenio. Y este lunes reveló cómo ha avanzado esa investigación. 
 
Una vez hecha esa salvedad, el ente de control fiscal asegura que, después de realizada la auditoria, hay dos hallazgos que podrían tener connotación fiscal. Esto significa que la Contraloria va investigar los dos entregables que hizo Springer. Después de eso, el organismo tendría que concluir si la polítologa incurrió en detrimento patrimonial al Estado. Las investigaciones se hacen sobre un valor de $419,8 millones de pesos en el marco de esos contratos. También anunció la apertura de una indagación preliminar para verificar un posible detrimento patrimonial.

La entidad explicó que el hallazgo con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía es por $279,9 millones de pesos y “corresponde al hecho de que la Plataforma de Diagnóstico, Evaluación y Seguimiento diseñada por el contratista Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. no cumplió con el objeto contractual establecido”.

Esto, debido a que la contratista tenía que diseñar, ejecutar y entregar una plataforma digital con acceso vía internet que debía tener la capacidad de atender un número ilimitado de usuarios que, simultáneamente, pudieran darle seguimiento la puesta en marcha del Proyecto Fénix.

Sin embargo, los auditores se encontraron con que dentro del aplicativo entregado como base del contrato de consultoría, “no se encuentra la información asociada con las estrategias e indicadores que permitan mostrar el estado, evolución y cumplimiento de metas propuestas, para el seguimiento y control adecuado de los proyectos”.

“Todo se limita a presentar unos totales, mas no se observa información alguna que coadyuve a la realización de las tareas para seguimiento, monitoreo y control a todo nivel del fortalecimiento del proyecto Fénix como lo establece el contrato”, señalaron los funcionarios. 

Por otra parte, el segundo detrimento patrimonial que se habría presentado en este caso sería de $139,9 millones de pesos, por algo denominado Plan Operativo, empleado para el desarrollo del diagnóstico.

Según la Contraloría, la cláusula quinta del contrato de consultoría indica que este es un producto que se elaboraría al inicio del Proyecto Fénix. No obstante, el ente de control fiscal manifestó que recibió dos documentos diferentes de Fonvivienda “con los que esta entidad pretendió acreditar el producto denominado Plan Operativo, sin que ninguna se constituyera en evidencia del mismo”.

Además, la entidad encontró que el documento entregado hizo parte de la propuesta de la firma de Springer cuando se presentó para la licitación, lo que quiere decir que es un producto que se realizó antes de que fuera firmado el contrato con Springer von Schwarzenberg Consulting Services.

También, dijo la Contraloría, la firma debía realizar “un diagnóstico por cada uno de los proyectos que contaran con viviendas terminadas y asignadas, a título de subsidio familiar de vivienda en especie a los hogares beneficiarios”. Sin embargo, la entidad determinó que “pueden existir proyectos que no fueron diagnosticados, pese a cumplir con los requisitos para desarrollar el componente social”, cosa que podría constituir un detrimento al patrimonio público.

Por estas razones, el ente de control fiscal adelanta una indagación preliminar para establecer la existencia y la cuantía del presunto daño patrimonial que se habría presentado en este caso por parte de la polítologa. 

Adicionalmente, la Contraloría realizó un hallazgo de presunta incidencia penal por una supuesta violación de derechos de autor puesto que “el diagnóstico técnico-estructural que hace parte del producto dos que entregó la firma consultora Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, reproduce parcialmente textos que, sin mencionar la fuente, fueron extraídos de documentos como el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Montería y el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla”, señaló la entidad. En total, se encontraron nueve posibles irregularidades administrativas.

Desde la salida de Eduardo Montealegre de la Fiscalía, la suerte de Natalia Springer ha comenzado a desmejorar. Recientemente se conoció que el ente acusador no utilizará los informes que entregó la polítologa pues considera que las investigaciones de contexto no pueden servir como prueba en los procesos penales. También se sabe que es posible que se comiencen a investigar sus multimillonarios contratos con el bunker. 

 

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