El turno es de Navarro

Al presidente Juan Manuel Santos no le bastó con confirmar la destitución de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá. Inmediantamente después anunció un paquete de medidas presentadas como un plan de choque para salvar a Bogotá. El plan, que incluyó iniciativas de movilidad, seguridad y una partida presupuestal adicional de 1 billón de pesos, demostró que el primer mandatario quiere comprometerse con la capital y darle estabilidad. Al mismo tiempo, despertó críticas entre los petristas, quienes reclamaron muchos de esos programas como propios, y entre los analistas políticos, que sospecharon que el gobierno nacional tenía la intención de evitar las elecciones atípicas.

La razón es que tanto a Santos como a Bogotá les convendría un encargo más largo de Rafael Pardo en la Alcaldía de la capital. Al primero le permitiría mostrar resultados rápidos en la plaza electoral más importante del país, hoy dominada por uribistas, izquierdistas y peñalosistas según la votación del pasado 9 de marzo. Pero a la ciudad también le serviría salir de la interinidad y tener una solución de continuidad sin más sobresaltos. La magnitud de sus problemas estructurales amerita gobernantes que puedan tener el tiempo suficiente para desplegar estrategias y sembrar proyectos. Pero una cosa son las conveniencias administrativas y otra, muy diferente, las realidades políticas en medio de unas elecciones presidenciales.

El presidente Santos trató de hacer una maniobra de equilibrista en esta cuerda floja. Su prioridad era comenzar de una vez por todas la resurrección ejecutiva de Bogotá sin someterla a la secuencia de: alcalde encargado, terna, convocatoria y elecciones. Por eso, en su discurso de anuncio del plan de choque nunca mencionó la palabra ‘elecciones’.

Como siempre dejó saber que todo se haría de acuerdo a un estricto cumplimiento de la ley, lo que buscaba era una interpretación jurídica que le permitiera dejar a Rafael Pardo en el cargo hasta 2015. Eso requería que la fecha para que la destitución de un alcalde no necesitara elecciones fuera de dos años antes de finalizar el periodo y no de 18 meses, como se ha interpretado recientemente. En un momento dado hubo una polémica alrededor de cuál de esos dos plazos era el aplicable y el presidente confiaba en echar mano del más largo para no tener que convocar a elecciones, sin incumplir la ley. Si a lo anterior se le sumaba la declaración inicial de Gustavo Petro de que su movimiento no presentaría terna por considerarse víctima de “un golpe de Estado”, se darían las circunstancias para que la estabilidad que añoraba el presidente se diera. Por eso no sorprendió que el plan de choque contemplara proyectos de una envergadura mayor de lo que supondría un paso de uno o dos meses de Pardo por el Distrito.

Sin embargo, no se pudo. La ley era demasiado clara como para que la interpretación de la Casa de Nariño pegara. Por otra parte, Petro recogió velas y autorizó la presentación de la terna. Con esto la estrategia presidencial se fue al traste.

El movimiento Progresista, que inscribió la candidatura de Petro a la Alcaldía en 2011, escogió al senador electo Antonio Navarro Wolff, al exsecretario de Gobierno Guillermo Jaramillo y a la secretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado. De estos tres, se da por descontado que el presidente escogerá a Navarro, lo cual significa que en pocos días terminará el encargo de Pardo. Se convocará 55 días después a unas elecciones en las cuales no participarán Navarro ni Rafael Pardo, y el ganador gobernará el Distrito hasta finales de 2015.

Mientras todas estas discusiones legales se daban, el ambiente político en la ciudad se enrarecía. Algunos criticaron el excesivo protagonismo del presidente Santos en el anuncio del plan de choque, que opacó al alcalde encargado Rafael Pardo, que para muchos era quien debía haber asumido la batuta. En realidad al gobierno en todo este episodio de la Alcaldia le tocó palo porque bogas y palo porque no bogas. Tres tipos de criticos inevitablemente tenían que surgir. Primero los petristas, quienes sienten que les robaron la Alcaldía. En segundo lugar, los potenciales candidatos a la Alcaldía de Bogotá, quienes advirtieron maniobras políticas para eliminar la elección en la cual querían participar. Aunque fuera de Carlos Vicente de Roux ningún otro aspirante ha confirmado su intención de ser candidato, se han mencionado nombres como el de David Luna, Francisco Santos y Jaime Castro.

El tercer bloque de críticos es el que asocia la toma de Bogotá por parte de Santos con la reelección presidencial. Bogotá es una de las regiones donde las encuestas muestran que el respaldo al presidente es menor y donde sus opositores ganaron más votos en las elecciones legislativas. Controlar la ciudad en estos dos últimos meses de campaña es visto por este grupo como una estrategia electoral y una ventaja indebida en la mayor plaza electoral de Colombia.

Todas esas prevenciones han quedado en cierta forma neutralizadas por el viraje que dio el presidente en la última semana. En su cuenta de Twitter escribió: “Habrá elecciones en Bogotá. Es la ley”. Disipados esos temores, el Consejo Nacional Electoral debería agilizar su concepto y Santos escoger a Antonio Navarro de la terna propuesta. La carta del senador electo por la Alianza Verde envía los mensajes más acertados frente al ambiente político. Primero, perteneció al movimiento guerrillero M-19 como Petro y se desempeñó como su secretario de Gobierno al inicio de su administración y como cabeza del Progresismo.

Segundo, Navarro Wolff es uno de los pocos dirigentes de izquierda con experiencia administrativa probada. Como alcalde de Pasto y gobernador de Nariño registró gestiones con positiva evaluación. Y por último, Navarro no es un radical, podría tender puentes necesarios hacia otros sectores y goza de credibilidad dentro del petrismo y fuera de él. Por esas razones, su designación pondrá fin a un periodo de incertidumnbre y a una serie de especulaciones que le estaban haciendo daño no solo al primer mandatario sino a la capital de la República.