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| 5/16/2014 9:00:00 AM

Más allá de la coca

El acuerdo entre las Farc y el gobierno sobre drogas ilícitas y narcotráfico marca un antes y un después en la negociación de La Habana.

Las Farc reconociendo que deben poner fin a su participación en el negocio de las drogas ilícitas y prometiendo ayudar a erradicar las minas antipersona que han sembrado por todo el país; el gobierno aceptando que la sustitución voluntaria y la erradicación manual de cultivos deben ser la prioridad sobre la fumigación aérea que ha adelantado por años, y el presidente de la República anunciando todo esto por televisión como un gran logro.

Cualquiera de estas posibilidades era prácticamente inconcebible en Colombia. Hasta el pasado viernes, cuando el gobierno y las Farc anunciaron en La Habana que habían llegado a un acuerdo en el tercero de los seis puntos de su agenda de negociación, sobre drogas ilícitas y narcotráfico, que contempla, precisamente, esas ideas.

Si hacía falta una medida de lo que han avanzado las negociaciones en Cuba, la dio ese acuerdo. En un comunicado conjunto de 11 páginas y en sendas ruedas de prensa que dieron luego de leerlo los jefes negociadores de las partes, Humberto de la Calle e Iván Márquez, quedaron claros no solo los puntos de acuerdo sino el hecho notable de que enemigos tan enconados logren encontrar un terreno común para encarar uno de los problemas que más los ha enfrentado en los últimos 30 años.

El acuerdo contempla puntos de fondo, en los que es evidente que hay un acercamiento, a partir de posiciones muy distantes, entre el gobierno y las Farc.

El punto quizá más notable es una frase que registra “el compromiso de las Farc-Ep de contribuir de manera efectiva (…) con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con ese fenómeno”. Algo elíptica y justificativa, es la primera vez que esta guerrilla acepta que ha tenido relación con el narcotráfico y admite que debe contribuir a ponerle fin.

En primer lugar se acordó poner en pie un programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos, concertado voluntariamente con las comunidades de campesinos cocaleros y que debe privilegiar la erradicación manual sobre la aspersión aérea, que se reserva para casos en los que sea imposible concertar y erradicar manualmente. Un punto en el que el gobierno, evidentemente, da un paso hacia una política de sustitución en función de los intereses del campesinado y no de las demandas de fumigación a discreción de Washington.

En segundo lugar –y este es otro reconocimiento clave de las Farc– se hará un programa de desminado, que se declara un “propósito mancomunado” entre el gobierno y esta guerrilla, al cual esta contribuirá por varios medios “incluyendo el suministro de información”.

Se acordó también crear un programa nacional de intervención frente al problema del consumo y un sistema de atención al consumidor, decisiones con las que las partes reafirman que es necesaria “una nueva visión” en materia de lucha contra las drogas que, de hecho, vaya más allá de las tradicionales recetas punitivas y prohibicionistas y reconozca al consumidor como un paciente del sistema de salud pública y no como ‘cliente’ del sistema penal.

Ambos, Farc y gobierno, declaran que debe intensificarse la lucha contra el crimen organizado y la corrupción ligados al narcotráfico; que debe lanzarse una nueva estrategia para combatir el lavado de activos y que se debe promover una conferencia internacional, en el marco de Naciones Unidas, para evaluar la política contra las drogas.

Algunos, como el candidato Óscar Iván Zuluaga, han criticado que el gobierno pacte la política de lucha contra las drogas con “el mayor cartel del mundo”. Sin embargo, este acuerdo representa un punto de quiebre. Respira un nuevo lenguaje, más a tono con una realidad global en la que cada día más expertos y políticos constatan el fracaso de la política de ‘guerra contra las drogas’ y la necesidad de nuevas estrategias. Y es la prueba de que, al ser capaces de encontrar un terreno común en un punto neurálgico del conflicto, las Farc y el gobierno han llegado a un estado de madurez en sus negociaciones que ya es difícilmente reversible.
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