Negociaciones: Sin avances en La Habana

Sin avances significativos, con el gobierno manifestando públicamente sus dudas mientras las Farc hacían otra declaración general en la que culpan de todos los males al Estado, terminó lánguidamente el octavo ciclo de conversaciones en La Habana, seis meses después de iniciado el proceso y sin acuerdo, aún, sobre el primer punto de la agenda.

Pese al reiterado compromiso público de las partes con la paz, las noticias que llegan de la isla no son las mejores para la salud del proceso. Y, como si esto no bastara, ambos equipos negociadores están enfrentados en los micrófonos por las críticas que las Farc hacen a funcionarios del gobierno y por los temas de las víctimas y del tratamiento judicial a los futuros desmovilizados, que ni siquiera se han empezado a discutir en la Mesa.

Avance relativo

El ya ritual comunicado conjunto que emiten los negociadores de las Farc y el gobierno al final de cada ronda dio cuenta de “avances importantes en la construcción de nuevos acuerdos sobre los temas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social (salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa”.

Estos temas son los contenidos en los subpuntos 1.2 a 1.5 del primer punto de la agenda, política de desarrollo agrario integral. Es una buena noticia que las partes hayan por fin pasado del subpunto 1.1 en el que estaban desde el primero de marzo. Pero “avances importantes en la construcción de acuerdos” –una diplomática fórmula que ya se había empleado antes– no quiere decir que se hayan cerrrado acuerdos sobre esos subpuntos. Y aún faltan parte del subpunto 1.5 y todo el 1.6, sobre seguridad alimentaria, en torno al cual hay grandes diferencias (durante las conversaciones secretas que dieron origen a la agenda la definición de si se escribía ‘soberanía’ o ‘seguridad’ tomó varios días).

Con este ritmo, la promesa que hizo hace poco Jesús Santrich, uno de los delegados de las Farc, de que habrá buenas noticias en mayo hay que tomarla con una pizca de sal. Quizá lo avanzado sea suficiente para que al término de la próxima ronda, que irá del 15 al 24 de mayo, las partes puedan anunciar, por fin, que han cerrado el punto agrario y puedan pasar al siguiente, el de participación política. Pero eso aún no está claro.

El lío es que mientras allá no pasan del primero, en Colombia ya se ha desatado la discusión en torno, no solo a la eventual participación en política de las Farc –materia de un foro en Bogotá los últimos días de abril, del que la idea de una Asamblea Constituyente salió reforzada–, sino alrededor de otros puntos que la Mesa ni siquiera ha abordado.

Víctimas

Las Farc siguen insistiendo en que en materia de víctimas poco tienen que reconocer, aparte de “cualquier error que se hubiese cometido en desarrollo del conflicto” y siguen atribuyendo toda la responsabilidad al Estado. “’Pidan perdón’, es el coro orquestado de los medios masivos de comunicación a quienes legítimamente se alzaron en armas contra la violencia institucional. Perdón debe implorar un Estado ha suprimido tantos seres humanos de manera desalmada”, dijo Iván Márquez en la rueda de prensa con la que las Farc cerraron esta ronda sin referirse a eventuales avances en la Mesa y sin que, en la foto, figurara Pablo Catatumbo, el recién llegado de las Farc a la negociación.

El gobierno, por su parte, ha insistido reiteradamente en que las Farc deben asumir públicamente su responsabilidad por los miles de víctimas que han causado y una aplastante mayoría del país espera, expectante, si van a pedir perdón, a contar la verdad sobre hechos como cientos de secuestros cuyas víctimas desaparecieron o a proponer fórmulas para reparar a los miles de mutilados por las minas antipersonales que sembraron por todo el país.

Po otra parte, el país ya entró de lleno en la discusión de participación política, el segundo punto de la agenda, anticipado por el foro organizado por el PNUD y la Universidad Nacional en Bogotá. Pero el debate público gira menos en torno a las fórmulas para garantizar la participación de las Farc en la política en caso de que abandonen las armas, que alrededor de si los responsables de crímenes graves pueden acceder a cargos de elección popular.

Justicia

Este es uno de los debates cruciales de esta negociación y hay una vasta resistencia en la opinión pública a hacer concesiones a los jefes de las Farc en este campo. Quizá habría sido menos traumático abordarlo si el tema de las víctimas, la reparación y la verdad se hubiese discutido antes y las Farc hubiesen asumido, como el Estado, sus mea culpas. Pero el caso es que ya está sobre el tapete. Y ambas partes se han cruzado dardos públicos al respecto.

“Una cosa son las garantías renovadas de participación, las cuales garanticen a las FARC su incursión segura en la política, y otra muy distinta la decisión sobre la situación de sus dirigentes. La pregunta sobre quién de ellos, en cada caso, puede ser elegido, corresponde al punto donde se aborden los temas de justicia. Ese es un asunto que debe ser tratado más adelante en el escenario de la justicia transicional, en el que no solo cuenta la voluntad del gobierno. Hay decisiones de otras ramas del poder y hay compromisos internacionales de Colombia. Pero también es crucial la actitud de la guerrilla. Es esencial su voluntad para garantizar la reparación, la verdad, la justicia y la garantía de no repetición”. Así habló Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, el 29 de abril, sobre este espinoso tema.

Jesús Santrich le contestó al día siguiente: “Los tribunales colombianos no tienen el decoro y la competencia porque este ha sido un Estado criminal. Tiene que haber una política de Estado para resolver el problema de la guerra”. Y lo ratificó Márquez, en la rueda de prensa del viernes 3 de mayo: “Ninguna autoridad moral tienen los victimarios y sus tribunales para juzgarnos. Coloquemos en manos de la Asamblea Nacional Constituyente (…) las decisiones fundamentales que deben formar el tratado de paz que necesita Colombia”, dijo.

Pasó desapercibido en los medios este cruce de declaraciones en torno a cómo manejar la delicada cuestión de la dosis de justicia que debería aplicarse a los responsables de crímenes graves, la cual está en directa relación con la de participación política, pues a los condenados por ciertos delitos (en los cuales ha incurrido toda la dirigencia de las Farc) esa puerta les está cerrada. Un tema crucial en el que el debate nacional se ha adelantado a las discusiones en la Mesa. Y lo ha hecho con tanta intensidad que tiene a los negociadores haciendo declaraciones públicas sobre el mismo.

En el marco de los escasos avances en la Mesa y de estos debates por adelantado y en público, el enfrentamiento que protagonizaron las partes en torno al ministro de Agricultura puede sonar menor pero añade al enrarecimiento creciente del ambiente en La Habana y en el país. Las Farc lo acusaron de lanzar mentiras sobre el despojo de tierras. De la Calle dedicó la mitad de su declaración al final del ciclo a defenderlo. Y el propio ministro sacó un comunicado precisando los casos en que las Farc han sido declaradas responsables de que campesinos abandonaran forzosamente sus tierras.

En esta tensa nota terminó una ronda que deja no pocos sinsabores, no solo en la percepción general, sino en la del gobierno, al menos (las Farc no hablaron de ello). De la Calle lo resumió: “tengo que reconocer que hay una sensación dual al evaluar esta fase de conversaciones”, dijo, señalando avances relativos en los aspectos sociales del tema agrario, pero un ritmo “insuficiente, inconstante” de las conversaciones.

Amarga evaluación al cabo de seis meses de conversaciones. Ambas partes han coincidido en señalar que la opinión pública espera resultados. La gran pregunta es si serán capaces de entregarlos con la urgencia que cada día demanda con más fuerza un proceso que, si no los produce pronto, corre el riesgo de languidecer.