Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/04/12 19:03

Negociadores de paz declararán ante la Procuraduría por caso Conejo

El Ministerio Público citó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; y a Humberto de La Calle, como testigos en la investigación contra el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.

De izquierda a derecha: Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y Fernando Cristo. Foto: Archivo particular

La Procuraduría llamó a declarar al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; y a Humberto de La Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana (Cuba) dentro de la investigación que adelanta contra el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y varios altos oficiales por la presencia de personal armado de las FARC en el corregimiento de Conejo, en Fonseca (La Guajira).

El organismo de control trata de establecer si el jefe de la cartera de Defensa y la cúpula militar impartieron alguna directriz para evitar la presencia de militares en la zona donde guerrilleros del equipo negociador y sus compañeros, armados, protagonizaron un mitin en esa zona de la Región Caribe.

Y es que para el Ministerio Público, es abiertamente ilegal ordenar la salida de las Fuerzas Militares de cualquier lugar del territorio nacional, de ahí la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de abrir investigación formal a estos servidores.

Por estos hechos, el procurador también tiene en la mira al comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán; al comandante general del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía Ferrero; al comandante de la Primera División del Ejército, general Jorge Enrique Navarrete Jadet; al comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército, general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez; al comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2, teniente coronel Iván Orlando González Villamil, y al comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 10, teniente coronel William Alfonso Chávez Vargas.

El 18 de febrero pasado las redes sociales estuvieron llenas con fotografías de integrantes del secretariado de las FARC acompañados de subalternos armados, estaban mezclados con la población civil en un corregimiento de La Guajira.

La evidencia de que el grupo armado estuvo en la región sin la presencia de la fuerza pública generó aireadas reacciones de la oposición y de la Procuraduría. Unos y otros reclamaron saber quién es el responsable de que las FARC hubiesen hecho presencia en la zona sin restricción alguna.

Horas después el jefe el equipo negociador, Humberto de la Calle, admitió que el Gobierno había autorizado a los jefes guerrilleros a trasladarse a territorio colombiano para liderar tareas pedagógicas del proceso de paz en diálogo con sus tropas armadas. Sin embargo, denunció que los insurgentes violaron ese voto de confianza, al ejercer actividades de proselitismo político a los lugares que fueron trasladadas. La situación se puso tan dramática, que el presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender los permisos para seguir adelantando esas actividades y lanzó un ultimátum a las FARC.

Desde el principio, el procurador Ordóñez efectuó las críticas más agudas. Para él, existía la sospecha de que la presencia de las FARC en esa zona había sido precedida por órdenes de despeje como las que impartieron en el Caguán, donde el gobierno del expresidente Andrés Pastrana buscó concretar una salida negociada al conflicto armado. De ahí la decisión de la entidad de ordenar la apertura de una investigación formal.

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